[resumen.cl] En el marco del retraso de la tramitación del proyecto de Indulto General, un grupo de madres y familiares de las y los presos políticos del Estallido Social se encadenaron la mañana de este jueves al edificio de tribunales de justicia en Santiago exigiendo su pronta libertad, además de reiterar la convocatoria a protestar el próximo 29 de julio.

Esta mañana un grupo de madres de las y los presos políticos del Estallido Social se encadenaron frente a los tribunales de justicia de Santiago exigiendo la inmediata libertad de quienes se encuentran privados de libertad por la criminalización de las protestas desatadas en octubre de 2019.

Verónica Verdugo, vocera de familiares y madre de Nicolás Ríos, indicó que «las madres que tienen a los chicos en prisión preventiva necesitan ver a sus hijos, necesitan abrazarlos, ellos necesitan también la contención de la familia. Esto ha sido cruel, inhumano«.

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En la misma línea, Elsa Marambio, madre del preso político Matías Rojas, señaló a las afueras de tribunales que «en el juicio de nuestros hijos los abogados encontraron a todos los Carabineros mintiendo, con pruebas falsas, papeles falsos», haciendo énfasis en la elaboración de montajes que durante meses familiares y redes de apoyo han visibilizado como parte del proceso que han debido enfrentar las y los jóvenes.

Fotografía: Piensa Prensa

De igual forma, las familias se encuentran convocando a una jornada nacional de protesta para el próximo 29 de julio exigiendo la tramitación urgente del Indulto General, proyecto que se ha entrampado en la burocracia de las comisiones del Senado.

Fotografía: Piensa Prensa

La urgencia: el Indulto General

El proyecto de Indulto General (Boletín 13941-17) fue presentado en diciembre de 2020 tras la constante exigencia de familiares y redes de apoyo de quienes se encuentran procesados o condenados por expresiones de protesta desatadas en octubre de 2019.

Concretamente, busca promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados» en el contexto de la protesta social, delimitando el rango temporal de consideración «acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma», lo cual corresponde al 9 de diciembre de 2020.

Recientes protestas han buscado emplazar al senador Pedro Araya Guerrero, exmilitante de la Democracia Cristiana y quien preside la Comisión de Constitución, para que promueva medidas concretas que aporten en dar trámite expedito a la discusión del proyecto de ley.