[resumen.cl] Tras la publicación de un reportaje en el noticiero de Mega, familiares de las y los presos políticos del Estallido Social han acusado diversas manipulaciones, descontextualizaciones e inconsistencias que solo han hecho daño a la exigencia del Indulto General. En contacto con RESUMEN, la madre de Matías Rojas, Elsa Marambio, expone la situación.

A inicios de esta semana el medio Meganoticias publicó un reportaje donde pretendía tratar la situación de las y los presos políticos del Estallido Social, para lo cual tomó contacto con diversas personas entre abogados defensores, dueños de negocios ubicados en lugares donde se desarrollaron protestas, fiscales y familiares de quienes se encuentran privados de libertad.

En este contexto es que profundas críticas han emanado desde las organizaciones de apoyo y redes de familiares producto del tratamiento que el medio le dio a los casos sobre los cuales se conversó a lo largo del reportaje transmitido por el canal de comunicación, emplazando públicamente a la periodista Francisca Sepúlveda y Mario Rosende debido a que estos «mostraron casos de ejemplos que no corresponden a presos políticos de la revuelta que recibirían indulto general».

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Para profundizar en esta situación RESUMEN se contactó con Elsa Marambio, madre del preso político Matías Rojas, quien se encuentra actualmente condenado a cinco años y un día por elaboración de artefactos incendiarios, pero que desde la defensa del joven enfatizan en su inocencia e irregularidades en el procedimiento de investigación.

Matías Rojas | Fotografía facilitada por familia

El caso de Matías Rojas: profundas inconsistencias en la investigación

Al momento de su detención Matías Rojas tenía 18 años, no contaba con antecedentes penales y fue declarado «un peligro para la sociedad» el 15 de noviembre de 2019, un día después de haber sido detenido en el contexto de protestas.

Cursaba tercero medio en el Liceo Aplicación, le gustaba tocar la batería, jugar basketball y su familia lo describe como una persona que no tenía problemas con la gente; por el contrario, nunca tuvo problemas por los cuales su madre debió asistir en su representación, por ejemplo, al establecimiento.

Fue uno de los imputados del bullado caso del incendio al Hotel Principado de Asturias, del metro Baquedano y de una dependencia de la Universidad de Chile. Sin embargo, tras más de un año y medio de su detención, el joven próximo a cumplir 20 años en septiembre, fue absuelto en un juicio oral.

Similar término tuvo su formalización por lanzamiento de artefacto incendiario, del cual también fue absuelto, como también una millonaria querella que la defensa del Estado colocó por concepto de daños y costas.

Sin embargo, el joven fue condenado a 5 años y un día por elaboración reiterada de bombas molotov, la cual se fundó en el cuestionado relato de funcionarios de Carabineros de Chile y con lo que Elsa Marambio explica como «pruebas falsas, manipuladas y papeles falsificados». Pese a esto, y a las reiterativas solicitudes de la defensa, «2 de las 3 juezas nunca quisieron anular el juicio».

Matías Rojas y su familia | Fotografía facilitada

Esta decisión ha sido ampliamente criticada considerando, indica la madre de Matías, que «tiene todo negativo: el hidrocarburo, el ADN, hasta el bidón que supuestamente llevaban la bencina, así y todo lo condenaron», en referencia a las cuestionadas pruebas presentadas durante su formalización, tras lo cual se encuentran a la espera de los alegatos en la Corte Suprema, la cual ya lleva un mes.

El reportaje malintencionado: «quisieron dejar mal a los jóvenes»

Tras la transmisión del reportaje de Meganoticias las familias de las y los presos políticos del Estallido se encuentran indignadas por su forma de abordar la situación, donde uno de los casos tratados es el de Matías Rojas, donde se entrevistó a su madre.

En este sentido, Elsa Marambio indica que desde el canal «quisieron dejar mal a los jóvenes del Estallido y hacerlos ver como delincuentes cuando no lo son», apuntando no solo al tratamiento de la información entregada sino que a profundas descontextualizaciones e inconsistencias en el contenido mismo del reportaje.

A modo de ejemplo, Elsa explica que «mostraron vídeos y dijeron que la persona que indicaban era mi hijo» cuando esto no fue así, además de dar a conocer registros que «se supone que no se pueden exponer por que todavía estamos esperando los alegatos de la Suprema».

De esta forma, critica las declaraciones tomadas del fiscal Álvaro Pérez, quien trata a las y los presos políticos constantemente como personas culpables, individuo que además ha sido cuestionado por familiares debido a la comunicación que habría tenido con testigos antes de declarar contra las personas procesadas.

Fiscal Álvaro Pérez | Fotografía: Emol

En la misma línea, Elsa Marambio explica que «uno de los testigos llevó un vídeo que salía un edificio y no se veía nadie, pero él aseguraba que los chiquillos estaban adentro cuando en la imagen se veía un puro edificio», es decir, «nos teníamos que imaginar que ellos estaban adentro».

Es enfática en plantear que «el Mega puso unos casos que no tienen nada que ver con los jóvenes del Estallido Social los comparó para joder el indulto», proyecto que han impulsado desde hace meses y que continúa con una notoria lentitud en su tramitación.

De igual forma, critican el énfasis que el reportaje realiza sobre delitos por los cuales los jóvenes no están procesados. A modo de ejemplo, delitos relacionados al saqueo de tiendas y negocios por lo cual ni siquiera los casos de los jóvenes tratados en el reportaje se encuentran imputados.

Concretamente, Elsa recalca que «mi hijo no es un delincuente», y que con este ejercicio de tergiversación e inconsistencia de los medios de comunicación solo «han hecho daño».

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La urgencia: el Indulto General

El proyecto de Indulto General (Boletín 13941-17) fue presentado en diciembre de 2020 tras la constante exigencia de familiares y redes de apoyo de quienes se encuentran procesados o condenados por expresiones de protesta desatadas en octubre de 2019.

Concretamente, busca promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados» en el contexto de la protesta social, delimitando el rango temporal de consideración «acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma», lo cual corresponde al 9 de diciembre de 2020.

Recientes protestas han buscado emplazar al senador Pedro Araya Guerrero, exmilitante de la Democracia Cristiana y quien preside la Comisión de Constitución, para que promueva medidas concretas que aporten en dar trámite expedito a la discusión del proyecto de ley.