Caso UdeC: Rectoría mantiene querella contra once jóvenes por protestas durante el Estallido Social
[resumen.cl] Una querella patrocinada por la U. de Concepción y la Intendencia del Biobío mantiene imputados desde septiembre de 2020 a once jóvenes por protestas en el marco del Estallido Social. Pese a las exigencias de parte de familiares, redes de apoyo y la Federación de Estudiantes, la casa de estudios mantiene su postura de no retirarla.
Once jóvenes se encuentran procesados desde septiembre del año pasado por daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto del Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020.
Una querella presentada por la casa de estudios penquista y la Intendencia Regional facilitó que algunos de los jóvenes tuvieran que estar en prisión preventiva, medida cautelar que fue modificada en diciembre del mismo año y que actualmente los mantiene con arresto domiciliario mientras el proceso sigue su curso.
En este contexto, a fines de junio de 2021, el abogado defensor, Esteban Arévalo, indicó que «se dio por cerrado el periodo de investigación de esta causa», razón por la que el Ministerio Público no puede incorporar más pruebas para los procedimientos siguientes.
Los detalles de la investigación apuntan a una coordinación entre la Universidad de Concepción, funcionarios de Tribunales de Justicia y la Policía de Investigaciones para levantar antecedentes que permitieron procesar a los jóvenes.
RESUMEN revisó la documentación de la causa y acreditó que la querella se encuentra impulsada tanto por la Universidad de Concepción como por la Intendencia Regional del Biobío, sumado a una amplia cantidad de abogados que iniciaron el patrocinio de la querella, entre quienes se encuentra el constituyente por el Distrito 20, Andrés Cruz quien en su momento indicó que «estas conductas no han quedado y no van a quedar impunes».
Sin embargo, desde fines de junio de 2021 Cruz dejó de ser patrocinante de la causa. Tras más de un mes de haber sido electo como constituyente, el abogado delegó el patrocinio a la abogada Leonila Alejandra Muñoz Romero.
Andrés Cruz | Fotografía: Radio UdeC
En este contexto, la última actualización de la situación judicial del caso -fechada al 9 de julio- indica que el fiscal Guillermo Henríquez Gilberto solicitó una batería de penas condenatorias contra cada uno de los jóvenes, imputándoles diversos delitos y que alcanzan altísimas penas en prisión.
Todo esto, pese a las exigencias de familiares y redes de apoyo que han solidarizado durante meses con la situación que han debido afrontar los presos políticos y su círculo cercano.
«Son condenas deplorables»
El pasado viernes 9 de julio se realizó una protesta en las afueras de la Rectoría de la Universidad de Concepción exigiendo establecer una reunión con Carlos Saavedra Rubilar, actual representante de la institución, con las y los familiares de los jóvenes presos políticos.
Luego que las y los manifestantes hicieran ocupación de las afueras del edificio, Rectoría calendarizó para el lunes 12 de julio una reunión para tratar la temática. Sin embargo, en dicha instancia, el rector Saavedra Rubilar nuevamente no se presentó.
Fotografía: el_mundo_en_mis_ojos_
En contacto con RESUMEN Elena, vocera de las familias de los jóvenes, explicó que «nuestra principal proyección es que [Rectoría] se de cuenta de las condenas que están pidiendo, son demasiado altas», además de «que sepan qué hay detrás de la rabia y el descontento».
En la misma línea, la vocera señala la importancia de que Rectoría conozca a las personas y logre tomar conciencia de la gravedad que conlleva su impulso de criminalización mediante la interposición y mantención de la querella.
Así, pese a que lograron conversar con representantes de la casa de estudios, las reuniones quedaron en pausa debido a que se iniciará un receso universitario, por lo que el diálogo podría retomarse a fines de julio. Sin embargo, ante esto, el llamado de parte de las familias es a acercarse, informarse y apoyar la exigencia de los jóvenes procesados por las protestas.
Esto considerando que, pese a no estar actualmente al interior de prisión, cuentan con medidas cautelares que ha significado, para algunos, el bloqueo de oportunidades de poder trabajar, como también el enfrentarse próximamente al inicio de juicio en su condición de presos políticos.
Fotografía: redes
Asimismo, Elena enfatiza en que «son condenas deplorables» las que se han presentado como objetivos en la judicialización del proceso, por lo que es urgente «que se siga dialogando» impulsando el que, desde Rectoría, «tienen que conocer a las personas a las que le están haciendo las acusaciones». Concretamente, que «conozcan a estos jóvenes que están detrás de esta historia», indica la vocera.
Federación de Estudiantes exige respuestas concretas
En una carta fechada al 3 de noviembre de 2020 a la cual RESUMEN tuvo acceso, el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, afirmó que «la Universidad no está en posición de retirar la querella, porque tenemos el convencimiento que los hechos ocurridos son graves y no pueden quedar en la impunidad, si de verdad queremos proteger este patrimonio colectivo y porque, además, tenemos el convencimiento que de esa manera podremos contribuir a garantizar que hechos como los descritos no vuelvan a ocurrir».
El documento es una respuesta a una serie de emplazamientos realizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) sobre la situación de los jóvenes procesados a partir de la querella presentada por la casa de estudios. Sin embargo, dicha respuesta omite importante información consultada y exigida por el estamento estudiantil.
Además de solicitar el retiro de dicha querella, las y los estudiantes exigieron que la universidad «se pronuncie sobre los casos de estudiantes que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos», hechos ocurridos en el marco del mismo Estallido Social. Sin embargo, no existió respuesta concreta ante este punto.
Arco Universidad de Concepción
No fue sino hasta una tercera solicitud enviada a Rectoría que se respondió que «estamos disponibles para conversar sobre el tema aludido en una reunión virtual que podemos definir de modo conjunto».
En contacto con RESUMEN Felipe Herrera, secretario de Comunicaciones de la FEC, indicó que este martes lograron reunirse con representantes de Rectoría pudiendo tratar netamente la situación de los jóvenes presos políticos procesados por la querella sin poder abordar el resto de temáticas referidas a las acciones en pos del apoyo a integrantes de la comunidad universitaria víctimas de la violencia estatal.
Ante esto, indicó Herrera, desde la universidad indicaron que dicha temática, al igual que como comentaron a la vocería de las familias, se puede desarrollar a fines de julio.
Asimismo, desde la FEC señalaron que se encuentran trabajando en un catastro de víctimas de violencia estatal en el marco del Estallido Social, un insumo urgente y necesario para poder realizar el acompañamiento que se necesite, como también contribuir a la defensa irrestricta de los derechos humanos.
La urgencia: el Indulto General
El proyecto de Indulto General (Boletín 13941-17) fue presentado en diciembre de 2020 tras la constante exigencia de familiares y redes de apoyo de quienes se encuentran procesados o condenados por expresiones de protesta desatadas en octubre de 2019.
Concretamente, busca promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados» en el contexto de la protesta social, delimitando el rango temporal de consideración «acontecido entre el 07 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma», lo cual corresponde al 9 de diciembre de 2020.
Recientes protestas han buscado emplazar al senador Pedro Araya Guerrero, exmilitante de la Democracia Cristiana y quien preside la Comisión de Constitución, para que promueva medidas concretas que aporten en dar trámite expedito a la discusión del proyecto de ley.
Para hoy se encuentra convocado un «Copamiento artístico» en solidaridad con los once jóvenes procesados por el Caso UdeC, el cual se desarrollará desde las 16:00 horas en Tribunales de Justicia.
