50 años de neoliberalismo salvaje, no solo han jibarizado al Estado en Chile, sino que también lo han corrompido, sumado a la falta de transparencia y control democrático de las instituciones por parte de la sociedad, hace que el día a día de los chilenos y chilenas, sea más precario en cuanto a servicios públicos, minimizando el conjunto de sus derechos ciudadanos.

Por Agustín González

Un acuerdo transversal de la clase política de derechas a izquierdas ratifico como contralora general de la República a la controvertida Dorothy Pérez, en medio de ruidos de reuniones privadas de la aludida con dirigentes políticos para asegurar su nombramiento.

Su primera medida, apenas asumida en funciones, fue terminar con un pronunciamiento del anterior contralor Bermúdez, el cual deja a los funcionarios públicos a contrata (la gran mayoría de los funcionarios públicos de este país) en la más absoluta indefensión frente a sus jefaturas, es decir, frente a los cargos políticos designados a dedo.

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La única vía que le queda a los funcionarios públicos es la judicial, sin embargo, en la actualidad, la tercera sala de la Corte Suprema, ya no cuenta con el juez Muñoz, gracias a otro acuerdo de la clase política para acusarlo constitucionalmente.  Muñoz había sido quien dictó jurisprudencia con la llamada "confianza legítima", principio jurídico que establece que la Administración Pública no puede cambiar de manera inesperada las normas y decisiones que ha creado, ya que esto podría defraudar las expectativas que han generado, para mantener en la función pública a funcionarios a contrata de más 3 años, asegurando estabilidad laboral para ellos.

Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo. Viva el servicio público

Clase política y nombramiento de altos cargos en el Estado

El recurrir a reuniones ( y a compromisos) con diputados y senadores, de la cada vez más decadente y deslegitimada clase política chilena, no es algo anormal, o que solo ocurriera en el caso de la nueva contralora: lamentablemente, es la tónica, así está determinado por ley y en ella han comenzado a incidir personajes "expertos" en Lobby, como el renombrado abogado Hermosilla, del cual por la filtración de sus audios, sabemos el nivel en que se opera en esos ámbitos, incluso para el nombramiento de cargos en el poder judicial, instancia que debería estar conformada por las personas más probas e incorruptibles.

Las aberraciones las conocemos desde hace ya muchos años. El escándalo por la intervención de la clase política, para detener los juicios por fraude tributario y financiación irregular de la política, hace ya más de una década, en los conocidos casos Penta y SQM, conmocionaron al país, el acuerdo por enterrar dichos procesos también fue transversal de derechas a izquierdas.  En la actualidad, con los audios de Hermosilla, tenemos las pruebas de lo corrupto que fue todo aquello.

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Resulta paradójico que un sector de la clase política, vocera de los intereses de los grupos económicos, de los mismos Penta y SQM entre otros, levanten discursos contra los funcionarios públicos, contra la eficacia de la función pública, a través de los medios de comunicación al servicio de este mismo poder económico, cuando son ellos mismos los que han destruido los servicios públicos, las instancias fiscalizadoras del estado y han corrompido todo desde adentro.

Lo que debería estar en entredicho en este país son los cargos de designación política, los cuales deberían estar limitados al máximo, la función pública debería estar profesionalizada. Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de profesionales, ha crecido enormemente la cantidad de personas con postgrados, sin embargo, seguimos a merced de políticos a cargos de instituciones y servicios, a nivel nacional y regional, de escuálidos currículos.

Hoy incluso han dado el salto, estos mismos políticos, de escaso mérito profesional, comenzando a copar incluso las universidades, casas de estudios que ante las polémicas desatadas ya debieron ser intervenidas o cerradas, como haría cualquier país normal.  Porque si estos políticos mediocres y decadentes, se toman también esas instancias, lo que nos queda es una pésima formación de los profesionales y ahí ya la decadencia del país será completa.

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Hoy debe ser urgente quitar los cargos políticos o la intervención de los políticos de la mayor parte de la administración del estado.  Estos cargos deben ser los mínimos, resulta paradójico, que en los últimos años crezcan los cargos directivos, mientras aquellos funcionarios públicos destinados al trabajo en terreno, a la fiscalización y a la atención de las necesidades de la ciudadanía, disminuyan.

Se debe profesionalizar la función pública porque además la clase política la ha corrompido, se han generado prácticas y conductas, que nada tienen que ver con el fin último de las instituciones públicas, sino con la complacencia de las jefaturas políticas, como forma de ascender o mejorar al interior de la administración.  Los funcionarios municipales trabajando en las campañas políticas de sus jefes son el mejor ejemplo de ello.

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Esta enorme bolsa de cargos públicos a disposición de los partidos está envenenando al Estado, el abusivo reparto de cargos de libre designación fomenta el clientelismo y la decadencia moral, los que quedan al desnudo en casos como el del exsubsecretario Monsalve. Todo ello ahuyenta de la política a personas con buena formación, puesto que no todo el mundo está dispuesto a inmolarse o a quemar una carrera profesional en este chiquero en que han convertido la administración pública.

Lo de Monsalve no es para nada un caso aislado, es más grave y triste a la vez, es una cultura instalada en sector público, la cual solo se puede romper limitando al máximo la incidencia de la clase política en la designación de cargos públicos.

Necesitamos como país urgentemente profesionalizar a los cargos intermedios de la administración, disminuir la incidencia de este corrupto sistema de partidos.

Este pequeño país, no da para mantener a tanto corrupto y sinvergüenza, mientras no se pueden garantizar derechos sociales básicos a la población.