Sumada a la querella por homicidio calificado presentada contra el funcionario policial, Patricio Ignacio Vargas Bascuñán, la familia de David Toro, acribillado por Carabineros en Llolleo Alto, ingresó al Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad que busca dejar sin efecto la figura de defensa privilegiada contenida en la Ley Gatillo Fácil.

Por Juan Contreras Jara

Hasta el Tribunal Constitucional llegó la familia del joven de 19 años de edad, David Toro, quien fue asesinado por Carabineros el 8 de abril pasado, en medio de un control vehicular. La acción tiene por finalidad dejar sin efecto artículos de la Ley Gatillo Fácil o Naín-Retamal, que aboga por la defensa privilegiada del funcionario que lo acribilló con una subametralladora UZI.

Sobre los argumentos de la acción, Lorenzo Morales, abogado representante de la familia Toro Córdova, explicó que, «Se presentó el recurso en función que se declare inaplicable por inconstitucional los artículos 6 y 7 de la Ley Naín-Retamal, ya que esta ley ha impedido que se investigue debidamente al carabinero que embistió y dio muerte a David Toro. En función de aquello recurrimos al TC porque es quien puede establecer la inconstitucionalidad y que en este proceso se pueda formalizar, acusar y condenar.»

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Cabe recordar que el asesinato del joven estudiante de 19 años de edad ocurrió en el contexto de un control vehicular, donde Carabineros acusó un supuesto intento de atropello por parte de Toro, versión desmentida tajantemente por uno de sus acompañantes. Este último, declaró en exclusiva a RESUMEN que el funcionario Patricio Ignacio Vargas Bascuñán, disparó una ráfaga contra David estando el auto detenido y él con las manos arriba.

Otro punto destacado desde la familia de David Toro fueron las dos semanas de demora que tuvo la tramitación de la querella contra el carabinero, diligencia que según el abogado, «nunca demora tanto. Según el Código Procesal Penal son 24 horas para decir sí o no».

Tras la presentación de la querella, el requerimiento en el Tribunal Constitucional apunta a entregar garantías mínimas de debido proceso en la investigación contra el funcionario Vargas Bascuñán, considerando la seguidilla de absoluciones en casos de violación a los DDHH tras la promulgación de la Ley Gatillo Fácil.

En efecto, tras la promulgación de esta normativa el 10 de abril pasado, más de 10 carabineros han sido absueltos de sus condenas. Ejemplo de ello fue la absolución de cinco carabineros, quienes en 21 de octubre de 2019, en contexto de Estallido, balearon a un hombre sordo en la comuna de Padre Hurtado.

Quien también pretende valerse de la Ley Gatillo Fácil es la funcionaria de Fuerzas Especiales, Thiare Vergara Torres, quien en 2016 pateó en la vagina a una detenida, causándole un aborto.

Revisa el requerimiento a continuación: