Una dura acusación contra el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, está realizando el Consejero Regional, Javier Sandoval. El Core, recientemente reelecto, apunta a que Díaz está entregando miles de millones de pesos a empresas extractivistas asociadas fomentando un modelo de desarrollo con consecuencias nefastas para la mayor parte de la población y además, como manera de pagar favores electorales.

Por Felipe Soto Cortés

Desarrolla Bío Bío es una Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío. Se trata de una institución de derecho privado sin fines de lucro con personalidad jurídica desde 2012, de composición público-privada, pero que maneja millonarios montos en recursos de los Gobiernos Regionales.

La semana pasada, la polémica estalló cuando el Consejero Regional por Concepción, Chiguayante y Florida, Javier Sandoval, acusó una serie de falencias en la asociación; estatutos de la Corporación desactualizados -encargando la presidencia al intendente, en condiciones que hoy existe un delegado presidencial y un gobernador regional-; directorio sin variaciones en su composición desde 2018 a la fecha, con una vacancia ante la renuncia de la ahora constituyente Rocío Cantuarias; y que integrante del directorio apoyó económicamente a la campaña del actual gobernador Rodrigo Díaz. Además respecto del monto solicitado al Gobierno Regional, también cuestionó la ausencia del aporte propio, el cual se desconoce.

Son $1.578 millones de pesos que el Consejo Regional del Biobío decidió aportar a dicha entidad, sabiendo de antemano, las críticas a su funcionamiento, sin una evaluación de resultado y sin aclarar las dudas.

En conversación con RESUMEN, Javier Sandoval explicó que este tipo de corporaciones son entidades muy poco reguladas y por lo general están diseñadas para que estén en función de los intereses de sus socios, y en este caso además de incidir en la agenda de la inversión pública del Gobierno Regional.

A juicio de Sandoval, uno de los principales problemas de este tipo de organizaciones es que representan un tipo de relación pública-privada, que ha rechazado la población en los últimos años: una institución que con financiamiento público, contribuye a los intereses de grandes empresas representados por gremios como la Corporación de la Madera, Cámara de la Producción y Comercio Bío Bío, la Asociación de Industriales Pesqueros, los que por cierto figuran como socios de Desarrolla Bío Bío.

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En segundo lugar, el consejero señala que el diseño de instrumentos de políticas públicas regionales quedará en manos de esta corporación, lo que condiciona cómo se distribuyen los recursos públicos involucrados en iniciativas que el empresariado de la zona tiene ya pensada para la región, dejando fuera a la ciudadanía y muchas veces a los afectados, de la discusión sobre el modelo de desarrollo regional que se requiere.

Es decir, con dineros fiscales se financian proyectos cuya finalidad es aportar al desarrollo de empresas extractivistas, como la industria forestal, la pesca industrial o las generadoras eléctricas, todo ello mediado por la Gobernación del Biobío y potenciado por las Universidades del Bío Bío, de Concepción, UTFSM, INACAP, UST, DUOC, entre otras, todos socios de Desarrolla Bío Bío.

Las críticas golpean la puerta al Gobernador Díaz

El directorio de Desarrolla Bío Bío es elegido por el Gobierno Regional, no obstante, la propuesta de candidatos para estos cargos son propuestos por el gobernador. Dentro de la composición del mentado directorio está el empresario Sergio Escobar, que aportó $2.500.000 a la campaña de Díaz. Asimismo, se encuentran en el directorio Bernardo Daroch, expresidente regional del PPD, y como ejecutivo el democratacristiano -el antiguo partido de Díaz- Marcelo Chávez.

La estructura y fines de la corporación parecen ir de la mano, o más bien retratar el carácter de Díaz, el hombre público/privado. Cabe recordar que tras su paso por la Intendencia del Bío Bío, fue también gerente de Relaciones con la Comunidad y Responsabilidad Social Empresarial de ESSBIO, subgerente de Asuntos Públicos en Methanex, gerente de Asuntos Externos y Comunidad en Andes Iron y gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Buses Hualpén. Andes Iron es la empresa controlada por Piñera, dueña del cuestionado proyecto Minera Dominga, por el cuál el presidente se encuentra imputado y Buses Hualpén es controlada por la familia Álvarez, ligadas a EVOPOLI.

Cabe mencionar también que, Bernardo Larraín Matte, quien es director de la Compañía Eléctrica Colbún -dueña de la termoeléctrica Santa María de Coronel- y presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) aportó 2 millones de pesos a su campaña a gobernador y Claudia Prussing, esposa de Andrés Arriagada, el presidente de Inmobiliaria Aitué, le aportó $3 millones.

Es decir, pese a su perfil "independiente", Rodrigo Díaz claramente es parte de los 30 años denunciados en el Estallido, parte del mundo de la puerta giratoria entre la empresa privada y los cargos de importancia política.

El Core Sandoval, debido a las irregularidades detectadas señaló a RESUMEN que recurrirá a Contraloría para cuestionar las decisiones del Gobierno Regional y el resto del Consejo, que en su totalidad respaldó el proyecto, desatendiendo por completo de su tarea fiscalizadora.