Luego de dos meses desde que Conaf prescindiera de su pronunciamiento al no existir respuesta, el Ministerio de Desarrollo Social comandado por Javiera Toro Cáceres entregó su visto bueno para declarar el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue como interés nacional, dando la espalda a las exigencias y cuestionamientos levantados por comunidades y organizaciones sociales.
Por J. Arroyo Olea
Sigue corriendo el plazo para que la Corporación Nacional Forestal se pronuncie íntegramente respecto a la solicitud de excepcionalidad presentada por la empresa Rucalhue Energía SpA para construir el proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue, solicitud que necesita para ser declarado como una iniciativa de interés nacional para talar y alterar especies nativas en categoría de conservación.
Y es que pese a que la solicitud fue acogida parcialmente en octubre, la tramitación aún tiene pendiente la revisión, evaluación y resolución sobre los informes de Imprescindibilidad y Experto presentados por la empresa.
Así las cosas, en el proceso de tramitación Conaf solicitó a diversos organismos pronunciarse respecto al interés nacional del proyecto , entre los cuales la Municipalidad de Santa Bárbara, el municipio de Quilaco, el Gobierno Regional y el Ministerio del Medio Ambiente rechazaron su declaratoria, mientras que el Servicio Agrícola y Ganadero junto al Ministerio de Energía respaldaron su tramitación.
Sin embargo, una entidad nunca se pronunció; hasta hoy: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encabezado por la ministra Javiera Alejandra Toro Cáceres.
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Concretamente, Conaf había incluido a este Ministerio en el proceso de pronunciamiento para conocer su postura ante la eventual necesidad de realizar un nuevo proceso de consulta indígena. Sin embargo, venciéndose todos los plazos, Conaf optó por prescindir del informe de procedencia debido a la falta de respuesta del organismo.
En la misma resolución que acoge parcialmente el interés nacional del proyecto hidroeléctrico, Conaf señaló que la Subsecretaría de Servicios Sociales -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social- no emitió respuesta «habiendo transcurrido el plazo reglamentario para que se evacuara», por lo que «determinó continuar con la tramitación del respectivo procedimiento, toda vez que, si bien no se informó la procedencia o no de realizar una nueva consulta indígena, el estado actual de la tramitación permite continuar la tramitación para resolver la solicitud principal, lo que se concreta en el presente acto administrativo».
Sin embargo, pese al plazo vencido y a dos meses de que Conaf haya prescindido de su informe, el Ministerio encabezado por Javiera Toro se pronunció. A partir de información facilitada a este medio por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, se acreditó que Desarrollo Social envió un oficio al director ejecutivo de Conaf , Cristian Little Cárdenas, donde se pronuncia por tres proyectos relacionados a su respectivo interés nacional. En el caso de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, el documento firmado por la ministra Toro señala que «se otorga al proyecto (…): la calificación ‘sí, carácter de interés nacional'», sin mayor argumentación que la revisión previa de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Además de estar fuera de cualquier plazo, el pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social viene a dar la espalda a las comunidades y organizaciones que han sostenido la defensa del río Biobío ante un nuevo proyecto hidroeléctrico, más aún negando la realización de un proceso de consulta indígena.
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Fotografía principal: Javiera Alejandra Toro Cáceres, ministra de Desarrollo Social y Familia. De fondo, imagen tipo de proyecto Central Rucalhue