[resumen.cl] La salida de las actuales autoridades del Estado siguen generando polémica por el manejo de los recursos antes de entregar los cargos. Esta vez se trata de la Empresa Nacional de Minería (Enami) que se encuentra licitando una serie de propiedades, incluso la de su edificio corporativo, por lo que la futura ministra de Minería a partir del 11 de marzo, Marcela Hernando, recurrió a Contraloría para detener este proceso.
A la licitación del litio, la entrega de recursos a empresa española por Allamand, despidos despide equipos de salud, desmantela hospitales de campaña y quita recursos para enfrentar la pandemia, entre muchas otras, se sumó esta semana una nueva polémica con la venta de diferentes propiedades de la Enami, entre ellas incluso el edificio corporativo. Por ello es que la futura ministra de Minería del gobierno de Boric, Marcela Hernando, a acudir a la Contraloría General de la República para que detenga estas licitaciones.
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Según se consigna la web de Tattersall Gestión de Activos, el edificio corporativo de la empresa estatal ubicado en la comuna de Santiago se publicita de la siguiente manera: «Cuenta con muy buena ubicación y conectividad, ya que se encuentra a dos cuadras del Metro Plaza de Armas y del Metro Bellas Artes, además de encontrarse a tres cuadras de la Costanera Norte, una de las principales vías que conectan la ciudad».
«Se señala que las bases están en proceso de aprobación y que el inmueble se licitará por un mínimo de $ 4.381 millones (138.900 UF). Tattersall cobrará una comisión de un 2% más IVA. Pero, lo más llamativo, es que la fecha de la licitación está contemplada para el próximo 10 de marzo a las 12.00 horas, es decir, un día antes del cambio de mando» indica el Diario Financiero.
Es por ello que la actual diputada de la Región de Antofagasta y próxima ministra de Minería, acudió este viernes a Contraloría para entregar un oficio solicitando un pronunciamiento respecto a la pertinencia y legalidad del remate de estas propiedades.
«En forma extraoficial he sido informada que la decisión de enajenar estas propiedades pertenecientes al patrimonio de la empresa estatal no ha sido aprobada por el directorio, cuestión que a mí parecer vulnera los propios estatutos de Enami», sostiene en el texto.
«El solo hecho de realizar un remate el 10 de marzo de 2022, a un día de que las nuevas autoridades gubernamentales asuman sus cargos es a lo menos imprudente, y atentatorio contra los principios básicos de la transparencia que requieren este tipo de actividades habida cuenta que Enami es una empresa pública que tiene la obligación de ser cautelosa y celosa en sus procedimientos administrativos» sostiene Hernando.
Según Diario Financiero, la decisión estuvo a cargo exclusivamente en manos de Juan Cargos Jobet, quien como ministro de la Cartera oficia de director de Enami, por lo que se trata de otra acción del gobierno saliente en su proceso de alcanzar a realizar la mayor cantidad de acciones ideológicas antes del 11 de marzo.
Finalemnte, cabe recordar que existe una comisión investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados respecto a estados financieros de Enami ante eventuales adulteraciones de información.