La CPC Biobío atribuyó la alta cesantía en la región a la denominada "permisología" y llamó a acelerar la inversión privada. Sin embargo, sus planteamientos surgen en un contexto donde el gobierno de José Antonio Kast ha respaldado y agilizado la aprobación de proyectos extractivos en el Biobío y el país.

Por equipo editorial de Resumen.cl 

Como es costumbre, la alianza público-privada entre empresas y gobierno ha puesto el grito en el cielo con tal de acelerar la instalación de su modelo de desarrollo para el Biobío.

Utilizando la crítica situación de la cesantía en la región para su beneficio, el gran empresariado ha culpado a la famosa "permisología" por la falta de empleos de calidad, en un contexto de acelerada desindustrialización y foco en el mercado extractivo.

Fue la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) del Biobío la que, recientemente hizo un llamado mediante una nota de prensa a "destrabar las inversiones, dar certeza jurídica y generar incentivos directos a la contratación para absorber la fuerza laboral de la zona".

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Y es que la alarmante cifra de 9,8% de cesantía en el Biobío no deja indiferente a nadie, pero el gran empresariado ha visto una oportunidad para culpar a la legítima preocupación de la población sobre los proyectos que se buscan instalar en diferentes territorios.

El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, señaló que la solución conlleva “destrabar la permisología que frena proyectos industriales clave y desincentiva futuras iniciativas, garantizar la certeza jurídica y generar incentivos directos a la contratación”.

Para Ananías, "el empleo no se crea por decreto, sino habilitando las condiciones para que el sector privado pueda volver a invertir con confianza y seguridad. El Biobío no puede quedarse atrás; reactivar el dinamismo laboral de nuestra zona requiere hoy mismo de una alianza pública-privada de verdad, resolutiva y sin burocracias".

Pero el planteamiento de la CPC deja fuera un hecho fundamental, y es la acelerada tramitación que ha existido bajo los primeros meses de la administración del presidente Kast sobre cuestionados proyectos extractivos.

El caso icónico del Biobío, es el proyecto minero que la empresa Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco, el cual recibió el respaldo de los representantes del Ejecutivo en la región sobre el cual existe un rechazo generalizado en la población.

Asimismo, ha sido el propio gobierno de Kast que ha celebrado la aprobación de este tipo de proyectos, que deberían -bajo su lógica- traer más empleo.

A inicios de junio, el Ejecutivo informó que "se han calificado favorablemente a nivel ambiental 72 proyectos por US$16.010 millones", los cuales, indican "han generado inversión y empleo a miles de chilenos".

Sin embargo, la persistencia de altos niveles de cesantía en el Biobío ha reabierto el debate, entre otras cosas, sobre el impacto real que la aprobación de proyectos tiene en la generación de empleo