Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

La noche de este miércoles, en el sector Portal del Inca de El Salvador, en la Región de Atacama, se reportó un nuevo femicidio, que incluyó también un parricidio. Aníbal Villalobos, de 36 años de edad, apuñaló a su pareja y conviviente, Leonor Rojas y a su hijo de 7 años.

Según los primeros peritajes, realizados por Carabineros, el agresor asfixió con una almohada a las víctimas hasta matarlas, luego de haberlas apuñalado.

Posterior a esto, el femicida -quien ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar- se suicidó en el baño de la casa que compartía con Leonor, de 26 años y su hijo de 7 años de edad.

Los funcionarios policiales llegaron hasta la vivienda, ubicada en el sector Portal del Inca, tras el llamado de una familiar, quien después de intentar comunicarse sin éxito y consciente de las denuncias previas en contra de Villalobos, decidió avisar a Carabineros.

Cabe destacar, que este jueves, Leonor Rojas tenía programada una audiencia judicial, en donde se analizarían las denuncias de violencia intrafamiliar, puestas contra el femicida y parricida, Aníbal Villalobos.

La responsabilidad del Estado

Según Beatriz Barra, facilitadora de la ONG Amaranta, organización que trabaja temáticas de género e interculturalidad en el BioBío, estos casos son muy comunes, porque "las mujeres que denuncian nunca tienen protección de parte de ninguna institución.»

Agrega que si se analizan las cifras «vamos a encontrar mujeres que después de días de hacer la denuncia, como estos hombres se ven amenazados porque puede existir una sentencia por parte de los tribunales, se sienten en situación de vulnerabilidad y cometen los mayores actos de violencia hacia las mujeres".

El caso de Leonor Rojas representa el femicidio número 31 en lo que va del año, situación que para Beatriz es atribuible netamente a la institucionalidad, porque "no protegen la integridad de las mujeres. El estado también es responsable de este brutal femicidio, porque no existen los mecanismos de seguimiento, resguardo y protección adecuada para las víctimas.» afirma la Socióloga.

«El estado se debe hacer cargo de este femicidio" concluye.