Desde el 27 de febrero de 2022, más de 50 familias del asentamiento en sector Lomas Coloradas habitan terrenos de la Iglesia Católica Santa Mónica, enfrentando un inminente riesgo de desalojo y denuncias. El campamento está inscrito en el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), lo que refleja su búsqueda por regularizar su situación en medio de la crisis habitacional que enfrentan.

Por Sofía Pavez

El 28 de febrero del presente año la Asistente Social de la organización Provincia Agustina de Chile, se percató del campamento instalado y realizó la denuncia a carabineros. Actualmente tres residentes deben asistir a una audiencia de formalización el 30 de octubre por delitos de usurpación y asociación ilícita previstos y sancionados en los artículos 292 y 457 y siguientes del Código Penal, según la querella. Considerando que, la cerradura del portón de entrada fue forzada y abierta sin autorización previa e ilegalmente de acuerdo con el documento. "Tienen cerrado solo el perímetro que corresponde a la iglesia y el terreno estuvo sin habitantes, sin cierres ni nada durante años", afirman dirigentas del campamento.

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En el marco de la crisis habitacional que atraviesa el país, las dirigentas comentaron sobre su estadía provisoria en terrenos de la iglesia. Actualmente, residen 54 familias en la zona, entre las que se cuentan: menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores. No obstante, pretenden la compra de los terrenos con subsidios propios, junto con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Línea de Campamentos y la municipalidad de San Pedro de la Paz.

"Que llegue una orden de desalojo y que nos tiren a la calle, porque no tenemos donde vivir, lo encuentro ilógico, tanto tiempo estuvo ese terreno abandonado, más cuando no han querido conversar con nosotros el tema", agrega Daniela Sagardia al respecto.

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Por parte de la comunidad hicieron llegar una carta el día 22 de octubre a la agrupación Provincia Agustina de Chile, en la cual comentan su situación y más detalles sobre su residencia en el lugar y las denuncias hacia tres vecinos. Por lo que, buscan una mesa de trabajo y un posible acuerdo entre ambas partes, puesto que hasta ahora no hay comunicación entre ellas.

"El segundo día que tomamos este terreno para ocuparlo como provisional, ellos se acercaron; personal encargado de la iglesia católica vinieron a probar que nos quedáramos acá mientras fuéramos 30 familias. A los días nos llegó una demanda, un recurso de protección en contra de nosotros", agrega Daniela respecto a la comunicación con la Agrupación.

Asimismo, anteriormente hubo un recurso de protección de parte de la parroquia que consultaron con un abogado y fue desestimado. Hasta el día de hoy las personas que habitan en el sitio siguen a la espera de un acuerdo y una conversación que les aliviane el problema grave de vivienda que están pasando.