[resumen.cl] Dos funcionarios de la Dirección General de Aguas se encuentran procesados por el delito de prevaricación, y que eventualmente podría decantar en un tráfico de influencias. El hecho se relaciona con favorecer la continuidad de las faenas de minera Atacama Kozan, empresa liderada por Nittetsu Mining Co. y Grupo Errázuriz.

Tres son los delitos de prevaricación que se contemplan en Chile. Concretamente, acorde a las definiciones dadas por Fiscalía , esta consta de un delito donde una autoridad -entre ellas funcionarios/as públicos- da una resolución injusta conociendo su carácter e intención.

Un caso de esta índole es el que se vive en el norte del país y vincula a Luis Ulloa, jefe de la División Legal de la Dirección General de Aguas (DGA), y Macarena Fernández Leiva, directora regional del organismo, respecto a cargos formulados por la Fiscalía Local de Copiapó.

Acorde a la información entregada por El Mostrador, el caso vincularía a los funcionarios con la prevaricación administrativa y, eventualmente, la realización de tráfico de influencias para favorecer la continuidad de las operaciones sostenidas por la minera Atacama Kozan.

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La minera de explotación de cobre opera en el sector de Tierra Amarilla, comuna de Copiapó, y se encuentra vinculada a capitales japoneses y chilenos, de los cuales los primeros son representados por la empresa Nittetsu Mining Co. y, en el chileno, al Grupo Errázuriz.

Este último es el mismo grupo que busca instalar un proyecto de explotación de litio en el Salar de Maricunga, lo cual ha sido rechazado por las comunidades y cuyos representantes ya cuentan con condenas referidas a usurpación de aguas mediante otra empresa de la cual son representantes: Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala (Cosayach).

Tras ser imputados, Ulloa y Fernández quedaron sin medidas cautelares durante la investigación que contempla 6 meses de duración.

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