[resumen.cl] La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga tráfico de influencias en la licitación arrendar un software que modernizaría el número 133 de emergencias de Carabineros, pues integrantes de la tendrían vínculos con la empresa ofertante.

Un reportaje de Radio Bio Bio reveló una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Metropolitana Oriente por un presunto delito de tráfico de influencias de civiles contratados por Carabineros para integrar comisión evaluadora de una licitación por 20 millones de dólares para modernizar el número de emergencias 133.

La investigación señala que «el proceso concursal que se inició en enero de 2020 tenía como objetivo arrendar un software que permite a la institución -a través la Central Comunicaciones (Cenco)- administrar los efectivos cuando ingresa una llamada de emergencia o denuncia. Al recibirla el operador, el programa informático le señala la ubicación desde donde se realiza el contacto, permitiéndole conocer en línea las unidades policiales más cercanas para adoptar un procedimiento.»

El "CAD", como es conocido de manera interna el sistema computacional de Carabineros, fue vendido a la institución el 2009 por la empresa canadiense Émeres, administrada por Telefónica hasta 2014 y luego por Claro.

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Para la licitación de 2019 participaron Claro, Entel, Telefónica, Pegasus y la misma Émeres. «Esta última creó una sociedad en Chile y se alió con una empresa nacional de informática con miras a cumplir los requisitos formales. Al mismo tiempo, ejecutó un "trabajo de integración", proceso destinado a establecer la compatibilidad del software con las radios de Motorola. Esta compañía mantiene un multimillonario contrato de arriendo de esos equipos radiales que vence en 2022» indica Bio Bio.

El grupo de control que revisaría la licitación quedó integrado por cuatro uniformados y dos civiles, uno de ellos el ingeniero Claudio Molina Miranda, quien había prestado servicios -a través de Inversiones Geyser- a las firmas Mobilink e Interexport, ambas del Grupo Motorola, por lo que debía estar inhabilitado para formar parte de este grupo, situación que fue expuesta a través de un reclamo en Mercado Público.

El director del Área de Compras Públicas de Carabineros, general Humberto Riffo, tuvo que remover a Molina Miranda y reemplazarlo por otro civil, puesto que cayó en el ingeniero Francisco Barison Egert, quien igualmente debió estar inhabilitado, pues era socio de Molina Miranda en una compañía llamada Wireless Services Spa.

Al respecto el reportaje señala que «El general Riffo volvió a firmar un reemplazo en la Comisión Evaluadora el 30 de julio de 2020, designando a Ernesto Vega Moreno. El 12 de agosto del mismo año Molina Miranda y Barison disolvieron Wireless Express Spa.» y a renglón seguido agrega que «Casualmente, a principios de octubre de 2020, Vega Moreno recibió junto al jefe del departamento de Tecnologías de la Información de Carabineros (TIC), coronel Mauricio Poblete, a los representantes de Motorola: el CEO en Chile, Luis Valdivieso y su colega Ramón Bórquez Bustos. Este último es un oficial en retiro de la policía uniformada, cuyo hermano también trabaja en la tecnológica. Similitud que se repite con Molina Miranda, cuyo primo labora como jefe de proyectos en la firma».

Esta reunión se llevó a cabo mientras la licitación estaba en desarrollo, algo expresamente prohibido por la Ley de Compras.

Cabe destacar que durante el proceso, Motorola emitió un certificado «de personal especializado para realizar la integración de softwares» en favor de Émeres, un par de días antes que Molina y Barison fueran designados en la comisión evaluadora del proyecto.

«Por lo anterior, en enero de 2021, el director de logística subrogante, coronel Mauricio Poblete, firmó una resolución donde revocó el concurso hasta nuevo aviso. Del documento se colige que la institución se percató después de un año que el proceso licitatorio estaba incompleto. La determinación, basada en la facultad que le entrega la Ley de Compras Públicas, implica que todo empezará de cero.» consigna el reportaje.

El caso actualmente está en manos de la Fiscalía Administrativa de la Zona Metropolitana de Carabineros "cuyas conclusiones (...) se encuentran en etapa de notificación y posterior resolución del mando (...)".

Cabe señalar que Motorola también está siendo investigada Fiscalía Centro Norte por delitos de corrupción en la licitación convocada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, para proveer cámaras corporales destinadas a Carabineros por $378 millones a pesar de que licitación era $131 millones más cara que otras ofertas y no cumplía con requisitos técnicos.