La diputada Khalida Jarrar, detenida por las autoridades israelíes desde el 2 de abril, será juzgada en un tribunal militar israelí por doce delitos relacionados con su pertenencia al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Por Gara.eus

Entre los delitos que se le imputan a Jarrar está el de «pertenencia a una organización ilegal, participación en protestas o incitación al secuestro de militares israelíes», explica Amnistía Internacional, que recuerda que su defensa ha argumentado que no hay ninguna base que sustente estas acusaciones, aparte del «rencor».

Jarrar se encuentra en detención administrativa, una fórmula israelí que permite mantener en prisión a los sospechosos de forma indefinida y sin necesidad de presentar acusaciones. De hecho, Amnistía recuerda que la Fiscalía militar ha reconocido ante el juez que no quiso presentar cargos contra ella en un primer momento porque de lo contrario podría pedir la libertad condicional.

Además, las pruebas contra los presos en detención administrativa se mantienen en secreto.

Jarrar lleva décadas sometida a medidas punitivas israelíes. En agosto de 2014, se trasladó de Ramala a Jericó incumpliendo la orden judicial. Además, tiene prohibido viajar al extranjero ni siquiera por motivos médicos.

En febrero fue elegida para formar parte de la comisión que prepara una posible denuncia contra la ocupación israelí en el Tribunal Penal Internacional (TPI). Es diputada desde 2006 por la lista del FPLP y vicepresidenta de la ONG palestina Addameer de defensa de los derechos de los presos palestinos.