La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky tiene una dilatada trayectoria en la investigación en torno a política cultural. Fue coautora de El escenario del Trabajador Cultural en Chile, uno de los estudios más relevantes en la caracterización de las condiciones laborales de quienes se desempeñan en esta área, fue directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) e integró la Asociación Cultural Tramados que ha generado diversas instancias e insumos orientados a la superación del contexto actual de las prácticas artísticas, marcado por fenómenos como el centralismo, la exclusión presupuestaria de áreas y disciplinas, el sistema subsidiario, la elitización de los públicos, la ausencia de derechos para sus trabadoras/es, entre otras circunstancias. De gran importancia en este sentido fue la publicación de Agenda Trama: Recomendaciones para el Desarrollo de las Artes en Chile (2016) y Manual de Gestión para Cooperativas en Cultura (2016).

Por Aniceto Hevia

Al concluir una visita al Biobío el pasado lunes, RESUMEN conversó con la ministra, quien respondió a distintas consultas respecto a problemas estructurales de la política cultural en el país y acerca de situaciones locales relacionadas.

-La institucionalidad cultural ha sido diseñada y ha operado bajo un régimen neoliberal, implementando políticas subsidiarias, dejando a sus trabajadoras y trabajadores desprovistos de derechos laborales. Bajo este contexto ¿Qué modificaciones debería tener la política cultural estatal, sobre todo con perspectiva de garantizarlos en quienes laboran en este rubro?

– Bueno... no es fácil eso. Creo que hay temas que se abordaron bastante en la elaboración programática para este gobierno, sobre todo para las primarias donde hicimos toda una sección de "trabajo cultural digno" y una de las primeras medidas era, por ejemplo, la legislación actual: la verdad es que el Código del Trabajo, que establece un artículo específico para trabajadores del arte y el espectáculo, es bastante insuficiente para resguardar el trabajo de los trabajadores culturales porque solo aborda el trabajo dependiente, el que se da bajo subordinación y dependencia, y ahí establece un contrato especifico y una serie de prestaciones, pero esa situación de subordinación y dependencia no siempre está tan clara. Muchas veces se da por un tiempo muy acotado, entonces ese contrato de arte y espectáculo se aplica muy poco, se conoce poco y finalmente deja fuera a la gran mayoría de quienes trabajan por cuenta propia o que no tienen un empleador tan claro o cuyo empleador es mucho más esporádico. Entonces, nosotros creemos que sería mucho más pertinente, quizás, contar con un estatuto del trabajador cultural especifico, así como lo tienen los profesores, los deportistas, las trabajadoras de casa particular y una serie de trabajadores que tienen condiciones muy específicas y excepcionales y que merecen tener una legislación más concreta y separada para poder abordar sus temas.

También hay otro tema de abordar que son las previsiones. Las cotizaciones de los trabajadores culturales, como es tan esporádico [el trabajo], se generan muchas lagunas en las cotizaciones en todo el espacio de trabajo creativo, el diseño, los ensayos, en la creación de las obras, finalmente eso no entra dentro del espacio de las cotizaciones. Entonces, ahí quedan en una situación de inseguridad social, porque no tienen acceso a salud, jubilación, AFP, seguro de cesantía, pre y postnatal y todo lo que tiene que ver con seguridad social.

Entonces ahí, ese mismo estatuto del trabajador cultural, de una forma vendría abordar esas carencias y a entender la particularidad del trabajo cultural, la intermitencia y ojalá que el Estado, pueda digamos, aportar a esas lagunas que se creen en términos previsionales. Tal vez ahí no sería necesario un estatuto específicamente, quizás podemos abordarlo desde reformar los instrumentos ya existentes. Por ejemplo, el plan Chile Apoya, considera una flexibilización de los criterios para poder acceder al seguro de cesantía, ampliando mucho más el universo de las personas que pueden acceder él.

Otros temas tienen que ver con tratar de formalizar más el trabajo cultural. Es un trabajo en que se da mucho de informalidad, generalmente los colectivos artísticos no están formalizados, no tienen una figura jurídica, no contratan a sus elencos, todos trabajan un poco en negro o emiten boletas de honorarios por función, y eso esconde ciertas relaciones laborales. Desde proyecto Trama, venimos explorando fuertemente el modelo de las cooperativas culturales, sobre todo las cooperativas de trabajo, como una forma de formalización para el sector. Vemos, por ejemplo en Argentina, que una de las formas en que se trabajó para formalizar más el sector, para ayudarlos en el contexto de pandemia y crisis económica, fue crear cooperativas y flexibilizar también algunos requisitos para la conformación de cooperativas. Ellos bajaron, por ejemplo, el número de integrantes mínimos para una cooperativa, a tres, acá en Chile son cinco, para las cooperativas de trabajo, entonces ahí podríamos ver también mecanismos de ese tipo para fortalecer el trabajo cooperativista en cultura.

También queremos diseñar un plan de cultura social y solidaria, que tiene que ver justamente con esto, con incorporar la economía social y solidaria en el trabajo cultural. Queremos crear ojalá una unidad dentro del Ministerio de las Culturas que vele por el derecho de los trabajadores culturales, tanto sus derechos laborales como derechos de autor y derechos previsionales. Y también creo que hay un importante trabajo que hacer en fortalecer las organizaciones sindicales y gremiales del sector cultural, que tengan una contraparte con quien conversar que tengan un espacio dentro del ministerio donde interactuar. Así que, bueno, son todas esas dimensiones que se podrían abordar.

-Ahora, desde tu perspectiva, todas esas medidas ¿serían efectivas necesariamente poniendo fin a la «fondodependencia»?

No, es difícil. Para generar una mayor autosusentanción del trabajo cultural, el trabajo debe ir por otros ámbitos. Hay una necesidad de garantizar derechos laborales, pero eso no te resuelve el problema del financiamiento o de la posibilidad que tiene el sector de autosustentarse de su trabajo, tiene que ver más con la falta de un mercado laboral, finalmente.

Por mucho que tú generes mejores condiciones laborales y todo, si no hay fuentes de trabajo, tampoco habrá fuentes de ingreso para el sector. Por eso los fondos concursables cumplen una función tan importante, porque es la forma que tienen los trabajadores culturales de financiar su trabajo. Porque no hay un aporte importante desde los privados, porque no hay un consumo cultural en términos más duros, de un grupo amplio de la población que compre productos culturales, que pague por ver espectáculos culturales, eso está muy reducido en Chile, es un mercado muy pequeño. Es un círculo bastante pequeño que tiene como ese comportamiento. En general, lo que pasa mucho en nuestro país es que hay una mayor costumbre de que sean los organismos estatales los que subvencionen la cultura y que se hagan actividades más bien gratuitas. Entonces, es distinto a lo que pasa en países como Argentina: si bien, el Estado también cumple un rol super importante en subvencionar lo cultural, las personas integran las actividades culturales a la vida cotidiana y hay mucha más disposición a generar un gasto dentro del hogar en ese aspecto. Eso, por un lado.

También somos un mercado pequeño, un país pequeño, los medios de comunicación no ayudan. Y otra cosa que pasa en países como Argentina, que es lo que tengo más fresco ahora [por la reciente gira a esa nación], es que existe mucha contratación de artistas a través de distintas instituciones: los teatros, los espacios culturales, suelen tener sus elencos, la orquesta, el ballet, los teatros tienen sus compañías que tienen un contrato estable. Eso es algo que en Chile se da muy poco, tenemos muy pocos elencos estables, y eso hace que, claro, no haya estas fuentes laborales más estables. Creo que ahí hay que reforzar la capacidad que puedan tener instituciones intermedias en generar trabajo para los artistas. Por ejemplo, los centros culturales, los teatros, los municipios, los mismos establecimientos escolares, las universidades.

Protesta de trabajadoras/es de ACCIONA en Concepción. 2020

-En eso estaba pensando cuando te hacía esta pregunta porque, por ejemplo, aquí en en la región funcionan algunos centros culturales, pero carecen de elencos estables y también el sistema de concursabilidad dificulta que las compañías tengan proyectos a largo plazo, siempre están girando en torno al producto, que en este caso es la obra. Y bueno, te quiero preguntar algo que tiene que ver con educación artística. Aquí, como en otras regiones, opera el programa Acciona y para este 2022 en la región se seleccionaron 15 establecimientos, que pertenecen a 11 comunas de la región, que tiene más de treinta comunas. Particularmente, la provincia de Arauco no tiene ningún establecimiento acogido al programa. ¿Cuál es tu mirada respecto a esa situación?

Te mentiría si te dijera ahora que conozco a cabalidad cómo se seleccionan esos establecimientos dentro de Acciona, la verdad es que no tengo ese procedimiento tan interiorizado. Pero son programas que nos interesa revisar de todas formas. Porque, por un lado esta el tema de la cobertura, cómo se seleccionan los colegios, hasta dónde llega, cuánto abarca. Pero también hay una dificultad ahí en la forma que funciona ese programa, porque hasta ahora ha trabajado en base a licitaciones que se hacen todos los años, entonces creemos que eso obviamente dificulta la creación de una política pública estable, que pueda generar lineamientos a largo plazo, evaluaciones, qué además pueda generar un trabajo digno para los artistas que trabajan ahí, en establecimientos educativos. Entonces son procesos que estamos revisando ahora. Estamos en proceso de revisión y ver cómo efectivamente podemos mejorar esos programas y generar mejores condiciones laborales, que no sea licitable, sino más bien, poder ejecutarlo a través de convenios más directos. Ahí estamos buscando cuál va a ser la fórmula para poder dar continuidad a esos programas, pero con una mejor estrategia de política pública.

-¿Cómo visualizas esa mejor estrategia? ¿amplitud en la cantidad de establecimientos, mayor cantidad de personas acogidas al programa…?

Sí, sería ideal poder llegar a todos los establecimientos del país. Eso obviamente va a depender mucho de la cantidad de recursos que se tenga. Yo pienso que, sería ideal que nosotros mismos podamos ejecutar ese programa y no tengamos que tercerizarlo. Igual, el Ministerio tiene dificultades para ello, dificultades administrativas, presupuestarias, respecto a la cantidad de personal que se requiere, pero obviamente a mí me parece que si llegamos a una mejor figura, que sea intermedia, podría ser a través de convenios directos con Universidades o con instituciones sin fines de lucro que puedan ejecutar ese programa con convenios más amplios, a más largo plazo, pero claro, ahí hay que ir viendo región por región qué instituciones colaboradoras podríamos tener en cada territorio para poder ejecutar esos trabajos.

Y bueno obviamente, para mí sería ideal ampliar la cobertura del programa lo más posible y que no fueran intervenciones como tan concretas, sino que pudieran tener un trabajo año a año, continuo y más a largo plazo.

-Tú manifestaste una serie de críticas con respecto al proyecto de Ley de Patrimonio del anterior gobierno, entonces te quisiera preguntar ¿Qué debería garantizar una ley de patrimonio adecuada a las necesidades de la población y qué harán desde el ministerio con respecto a eso?

Creo que un aspecto importante tiene que ver con el motivo por el que queremos hacer una nueva Ley de Patrimonio: es que tiene que incorporar la mirada de la población en general, de las comunidades, de las personas que trabajan en patrimonio, de cultoras y cultores, de los pueblos originarios. Esto porque es una ley importante que afecta mucho el funcionamiento en un montón de ámbitos: la posibilidad de preservar patrimonio, los procedimientos para ello, los plazos.

Hoy día, el Consejo de Monumento Nacionales es una institución que está funcionando bastante mal, para lo que se esperaría, está generando muchas problemáticas en los territorios, muchas problemáticas con otras instituciones públicas, entonces necesitamos claramente actualizar esa legislación, necesitamos tener procedimientos más territorializados donde, efectivamente, las comunidades tengan mayor poder de decisión, donde se integre, por ejemplo, más fuertemente el patrimonio inmaterial y que no esté tan centrado solo en lo monumental y donde no solamente se descentralice la decisión, sino también se integre las comunidades en esa toma de decisiones, eso para mí es fundamental.

Convencionales visitan El Morro. 2021.

-Ahora quisiera traerte a la región. No sé si tú lo conoces, aquí hace algunos años se logró la declaratoria de Sitio de Memoria al excentro de atención y tortura El Morro, en Talcahuano. Por ello bregó una organización donde participan también exprisioneras y exprisioneros de ese lugar. Durante mucho tiempo han denunciado que el lugar se está deteriorando, sin ningún tipo de resguardo. De hecho, la semana pasada, en los alrededores se montó una toma de terreno de personas sin casa dificultando aún más las posibilidades de cuidado del espacio. Ahora, te quería preguntar cuál es tu mirada respecto a este problema y si es que desde el ministerio ya hay un plan de acción respecto a esta situación.

Desconozco si particularmente en ese caso haya un plan de acción diseñado, pero sí sé que tenemos un problema estructural en torno a los sitios de memoria. Sé que la ley no logra garantizar su protección, también es complejo conseguir recursos para poder gestionar esos espacios, para lograr que se mantengan, que tengan personal asociado a eso, que podamos hacer museos de sitio, por ejemplo, o una gestión mucho más intensa para conservar y mostrar también esos espacios. Son temas que tenemos que ir abordando en este nuevo diseño institucional y que tienen que ir entrando en la posibilidad de conseguir más recursos para la institución, porque es un tema importante y porque hoy en día la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio es una unidad bastante pequeña que no tiene muchos recursos. Entonces hay todo un tema que hay que abordar, que no tiene solo que ver con lo que ocurre acá en el Biobío, específicamente, sino lo que ocurre con espacios de memoria en todo el país.

-Algo que tiene que ver con esto también. El año pasado fue declarado Monumento Histórico el Archivo de ENACAR (Empresa Nacional del Carbón) en Lota y la Asociación de trabajadoras/es del Patrimonio nos comunicaron que los Archivos, que son las fichas y documentos de la empresa, están deteriorándose porque el espacio es absolutamente inadecuado y que quienes trabajan ahí, lo hacen en una situación de precarización laboral supina, les renuevan los contratos en meses, sin ningún tipo de garantías.

Bueno, ahí se genera un cruce entre CORFO, que son los dueños de esos archivos, de ese patrimonio, y el Ministerio, que tiene como fin proteger a través de Monumentos Nacionales ese tipo de archivos. Ahí estamos trabajando con CORFO para ver la mejor solución. Entiendo que ya hay un espacio que está identificado para poder trasladar los archivos, que sería un lugar con mejores condiciones para la conservación y que se están gestionando recursos para aumentar el tiempo de contrato de estos funcionarios que están en esta situación. Estamos tomando conciencia del tema y estamos viendo cuáles van a ser las vías de acción para ello.

Valle del Itata. Fotograma de documental «Pipeño, una memoria que porfía«.

–El Valle el Itata se caracteriza fundamentalmente por su tradición vitivinícola, buena parte de sus viñas son muy añosas y se hace cultivo de rulo. Las organizaciones viñateras han planteado vendimia tras vendimia de que se empobrecen cada vez más (producto de los abusivos precios a los que el empresariado vinífero compra su producción de uvas), incluso hay muchas personas que han vendido su tierra a quienes luego, sacan las vides y ahí plantan sobre todo pinos o eucaliptos. Además, el Valle ha experimentado una degradación progresiva en las últimas décadas producto fundamentalmente de la expansión de la industria forestal que en sus plantaciones consume ingentes cantidades de agua y nutrientes del suelo. Ahora bien, este lugar, que perfectamente podría ser reconocido como patrimonial, está expuesto a un deterioro irreversible, entonces te quería preguntar ¿Cuál es la perspectiva que tienes de este de ese problema?

Creo que es un tema complejo de abordar, porque ahí no solo tienes un tema de conservación patrimonial, sino también de sustentación de los oficios y de las familias que viven de eso. Y ahí, la conservación patrimonial no te garantiza un sustento, incluso, te puede poner un problema para eso, porque cuando un ámbito es declarado Patrimonio tú no puedes intervenirlo, no puedes hacer modificaciones, entonces, cuando se trata como de una actividad productiva, genera también esas dificultades.

No sé sí como institución tenemos los instrumentos como para ir a aportar a eso. O sea, creo que con la actual ley que tenemos y con los actuales instrumentos que tenemos como Ministerio, más allá de conservarlo de protegerlo, de generar una normativa de protección, no podríamos asegurar un sustento ahí a esa familia, eso es lo complejo siento yo, que no tenemos esos instrumentos finalmente.

-En realidad te lo pregunto, viendo la posibilidad de establecer cierto tipo de normativas que, por ejemplo, impidan o regulen actividades intensivas que degraden aún más el territorio. Eso fundamentalmente.

Claro, lo que pasa es que eso escapa totalmente las posibilidades del Ministerio, de la estructura, ahí tiene que ver más bien como con otro tipo de regulaciones, de uso de suelo, que escapan totalmente a las capacidades del Ministerio de las Culturas de intervenir.

–El Museo de Cañete sufrió un robo de su colección de platería mapuche que no ha sido restituida y, además de eso, hace algunos días en el mismo predio, se instaló una toma de terreno de personas sin casa. Entonces te quería preguntar, si ustedes han tenido noticias de eso y, si es así, cuál es la respuesta del Ministerio

Sí, hace un par de años se produjo ese robo. El Museo ha estado cerrado todos estos años. Ha habido problemas de dotación de personal de seguridad. Hay temas que hay que solucionar y es algo que está viviendo transversalmente el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que en los últimos años, desde el 2019 hasta ahora, no han sido reemplazados los cargos que han ido saliendo de la institución. Entonces se nos produce una falta de dotación de personal importante en distintos ámbitos y uno de ellos es el Museo de Cañete, lo que genera una situación difícil porque el Museo era un espacio importante para la comunidad y validado también en las comunidades mapuche, y eso obviamente ha significado una pérdida importante de legitimidad que hemos tenido como institución

Entonces, se están haciendo toda la gestiones para asegurar una mayor protección de las obras para que el personal de trabajo vuelva a fortalecerse, vuelva a constituirse para dotar de mayor seguridad al espacio, pero son gestiones que estamos empezando digamos a trabajar. Me imagino que la subsecretaría del patrimonio debe tener más información en ese sentido. Pero claro, esta toma de terreno dificulta más aún más estas temáticas y obviamente nuestra idea no es generar un desalojo forzado ni llamar a las fuerzas de seguridad para tratar de solucionar esto solo a través del orden. Creo que ahí se debe generar un diálogo y se debe establecer un punto de solución. Estas son personas que tienen problemas de vivienda y el Estado tiene que entregar soluciones. Pero para nosotros es súper importante recuperar ese espacio, o sea, recuperar sobre todo el Museo, poder volver a abrirlo al público y resguardar su colección tal como como debe ser. Ahora, lo del robo, entiendo que esas piezas nunca más se encontraron así que vamos a tener que ver la forma de incorporar nuevas piezas a la colección.

–En otro tema, quería preguntarte, en tu condición de ministra, ¿Cuál es la valoración qué tienes de la programación de Televisión Nacional de Chile como canal del Estado? Y, ante eso ¿Qué políticas crees que le cabe impulsar al Ministerio?

Bueno, la verdad es que no es un tema que nos competa a nosotros. En el caso específico de TVN es algo que lleva más bien la Segegob (Secretaría General de Gobierno). Pero obviamente creemos que ahí es importante generar un buen vínculo entre ambas carteras, entre el Ministerio de las Culturas y Segegob, para poder integrar de mejor forma los contenidos culturales en la televisión pública, que a mi parecer, tiene que cumplir un rol público, tiene que tener un carácter distinto a lo que podría ser un canal comercial, tiene que tener otro rol finalmente y ese es un tema que, entiendo, también es la visión de la ministra Camila Vallejo y es lo que se está intentando integrar a través del futuro director o directora ejecutiva, todavía en proceso de definición.

Está la creación del canal público de Cultura también, que es un tema que se va a tener que abordar en esta nueva administración y, por supuesto, mi ideal sería que un canal público tuviera contenidos culturales mucho más importantes, que fuera una plataforma de difusión para toda la producción cultural que se hace en el país y fuera un espacio de visibilización y trabajo también para los trabajadores culturales.

-La región del Biobío carece de un Archivo Regional. Buena parte de quienes intentar indagar de situaciones históricas, si los documentos no los no lo encuentran en Internet, tienen que ir a Santiago ¿es parte del programa de este Ministerio crear un Archivo Regional?

Sí. Esa es una política que ya está en marcha. La idea es ir avanzando en la creación de archivos regionales a lo largo de los próximos años. También estamos en proceso de elaborar, diseñar e ingresar prontamente una Ley de Archivos y ahí se van a tener que tocar estos temas, pero la construcción de archivos regionales es una política de Estado, que ya está en proceso. Se acaba de inaugurar el Archivo Regional de Atacama, hace unos años se inauguró el archivo Regional de La Araucanía y así vamos a ir avanzando en la creación de estos archivos regionales, porque sabemos que los archivos tienen que estar en sus regiones y, obviamente, no es pertinente que las personas tengan que ir a Santiago a buscar información sobre sus archivos locales, así que eso es algo que está en proceso y que nosotros vamos a continuar.

-¿Cuál es el rol de las bibliotecas públicas? teniendo en consideración que de que si bien, durante mucho tiempo se ha hablado de una suerte de resignificación de la biblioteca, asignándole nuevos roles, pareciera ser que buena parte de ellas, sobre todo en comunas más pequeñas, carecen de recursos, de personal idóneo que puedan llevar a cabo esas funciones.

Yo siento que las bibliotecas públicas, pese a que puedan tener dificultades y todo, son una de las instituciones que mejor funciona de la red de instituciones públicas ligadas a Cultura. En el sentido de que tenemos bibliotecas que están presentes en todas las comunas del país, no existe ninguna comuna en el país que no tenga una biblioteca pública. Y, además, son instituciones que están coordinadas en red, existe una red de bibliotecas públicas, que todas funcionan con un mismo software, que está todo centralizado en ese sentido, que generan muchos datos, está todo sistematizado, digitalizado. Entonces claro, tiene muchas ventajas en comparación con otras instituciones públicas que, ese tipo de coordinaciones no las tienen.

Además, que se genera esta alianza entre el Ministerio de las Culturas y los municipios que es muy virtuosa, en la implementación de esta política, en la llegada hacia las comunidades. Las bibliotecas públicas son instancias importantes para los procesos de digitalización, para los procesos de educación digital por así decirlo, donde hay conexión a internet, donde hay computadores para acceder a Internet también. Que quizá eso ahora se ve como algo que no tiene mucha importancia, pero la tiene, sobre todo en muchas comunas rurales y en otros lugares donde la conectividad no es tan simple. Entonces, a mí me parece, por lo que conozco del programa de la Red de Bibliotecas Públicas, que son instituciones super relevantes para la democratización cultural, super relevante para la llegada que tenemos como institución a los territorios. Quizás son instancias que no están siendo aprovechadas lo que deberían ser aprovechadas o que, a veces los municipios no las dotan del personal suficiente o las tienen un poco relegadas, y eso depende mucho de cada municipio, pero creo que tienen mucho potencial y tienen muchas herramientas que son súper importantes para la política pública.