[resumen.cl] El oligopsonio al cual está sometido el mercado del vino en el país está al borde de arruinar irreversiblemente a quienes realizan vitivinicultura. Empresas como Concha y Toro, Santa Rita y San Pedro controlan el 85% del mercado nacional y casi el 50% del mercado exportador del vino embotellado, sin embargo sus ventas dependen en un 70% de la compra de uvas y vino a granel a quienes producen en pequeña escala, imponiéndoles condiciones leoninas.

Desde hace años, el dinero que estas grandes empresas pagan a productores y productoras no pasa la barrera de los costos de producción y, en los recientes, han estado muy por debajo de éstos, generando pérdidas acumuladas cosecha tras cosecha, vendimia tras vendimia, hasta inducir a una cantidad creciente de propietarios a vender sus predios o extraer las vides para plantar monocultivos forestales o de árboles frutales en función del negocio agroindustrial.

La carta entregada por representantes de la Coalición Nacional Viñateros de Chile y la Asociación Gremial Viñateros del Itata al presidente  Sebastián Piñera en Chillán, este martes, detalla que:

"Los precios promedios pagados en la pasada cosecha 2019, por las uvas fueron de 150 pesos por kilo para las cepas francesas y 80 pesos por kilo para las cepas criollas y pisqueras en Chile, todo por debajo de los costos de producción, costos que en el pasado ciclo promediaron los 220-240 pesos por kilo en régimen para una productividad promedio de 11-13 mil kilos por hectárea.

Los vinos a productor (granel) previa vendimia llegaron a tranzarse a 300 pesos el litro de cepas francesas y 150 pesos el litro de cepas criollas por debajo de los costos de producción mínimo de 440 pesos por litro. Todo lo cual ha generado cuantiosas pérdidas para pequeños productores de vino y uva, ha significado en muchos casos la quiebra por no poder hacer frente a deudas, otros muchos no tendrán como continuar con ciclo productivo, lo que se traducirá perdida de fuente laboral, cesantía y pobreza en las regiones vitivinicolas del país que se arrastrará hacia el futuro".

Estos precios parecen un insulto si se considera que el 80% de la producción vínica nacional se exporta y que según exponen en la misiva, citando las cifras de ODEPA, referidas al mes de junio del presente año, "el precio medio de exportación de los graneles (FOB) se sitúa alrededor de 1,11 USD (760 $) el litro con tendencia al alza y los vinos con denominación de origen su valor (FOB) está alrededor del 3,23 USD (2.220 $) el litro".

Ante esta situación, declaran:

"Es evidente que no existe relación entre los precios que la gran industria está pagando los vinos a productor y uvas con los precios de exportación a los cuales ellos venden… El libre mercado no funciona, está preso por los actores dominantes. Lo anterior también representa una competencia desleal a cualquier productor de vino que compita en mercado nacional/internacional que produzca su propia uva/vino, asume costos reales de producción que se transforman en desventaja en costos en los mercados, frente a grandes conglomerados del vino que no se autoabastecen, que compran la materia prima uva/vino [a] bajos costos o a precios subsidiados gracias a la explotación de sus productores/proveedores."

Estos hechos han motivado la realización de sucesivas denuncias ante la Fiscalía Nacional Económica desde el año 2006, planteando el ejercicio de prácticas abusivas, aprovechando lo perecedero de la producción (cosecha y vinificación se deben hacer en momentos específicos) y la integración vertical ejercida por estas empresas, concentrando éstas mismas la producción o su compra, el procesamiento y la distribución, lo cual genera condiciones absolutamente perjudiciales para quienes producen uvas y vino. A pesar de los antecedentes presentados, no se han establecido políticas correctivas destinadas a reorientar las condiciones y las perspectivas de la producción. Se está muy lejos de construir una política de valorización de la vitivinicultura nacional enfocada en las cualidades propias de cada territorio y tradición vitivinícola, expresadas en las propiedades organolépticas de los vinos. Al contrario, las normativas imperantes posibilitan una vinificación de calidad inferior a estándares internacionales, legalizando la adhesión de un 7% agua en el vino, la vinificación de uva de mesa, es decir, con uva no vinífera, e incluso, se ha anunciado la permisión de que ésta ostente denominación de origen, asignándole un valor ficticio.

La gravosa situación productiva y económica de los y las vitivicultoras nacionales les impone la necesidad urgente de un subsidio estatal para mitigar las pérdidas ocasionadas en este contexto. Concretamente, demandan "que el Estado pueda subvencionar parte de las pérdidas… esto es 600.000 pesos por hectárea, que corresponde básicamente a gastos por insumo por hectárea que es lo más urgente para poder continuar [el] ciclo productivo y así evitar la pérdida de empleo e ingresos futuros".

Esta misiva constituye un testimonio histórico de cómo un sector productivo con amplias posibilidades de desarrollo está siendo destruido por la normas y omisiones instauradas por una clase política servil a conglomerados que han hecho de la economía primario-exportadora su gran nicho de enriquecimiento, bloqueando las posibilidades de desarrollo productivo sustentable social y ambientalmente.

Para conocer la carta, puedes presionar aquí.

Foto: @VinatSANNICOLAS