Por: Raimundo Contreras / resumen.cl

La industria pesquera en Chile está en crisis. Más de 40 años de explotación por parte de un sector empresarial fuertemente concentrado y siempre amparado por el Estado han llevado al colapso de las principales poblaciones capturadas en torno a la Corriente de Humboldt. Con la principal empresa pesquera de la zona norte del país (Corpesca del grupo Angelini), descubierta pagando a parlamentarios como Marta Isasi (UDI-PRI) y Jaime Orpis (UDI) en el marco de discusión de la ley de pesca de 2012, además de los pagos que otras empresas pesqueras como Blumar y ASIPES realizaron al entorno cercano del ex ministro de Economía Pablo Longueira (UDI), se vuelve a evidenciar el fuerte vínculo político-empresarial entre los actores de esta industria y distintos dirigentes políticos en la administración estatal, ya sea dentro de la legalidad o decididamente fuera de ella.

Histórica vinculación político-empresarial.

Ya durante los gobiernos de derecha y democratacristianos de los años sesenta, se otorgaron grandes subsidios para fomentar la industria pesquera. Bajo el alero de aquella concepción desarrollista del Estado se crearon institutos para fomentar la pesca, tales como el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en 1964. Posterior a la reestructuración neoliberal de la economía durante la dictadura militar, cuando muchas áreas industriales desaparecieron por el fomento del capital financiero y las importaciones, el Estado continuó potenciando la gama extractivista de materias primas. Eran tiempos dorados para la pesca industrial debido a las grandes capturas, las que continuaron durante los gobiernos concertacionistas llegando a alcanzar las 4 millones de toneladas de jurel desembarcadas en 1995.

En 2001, se aprobaron los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), beneficiando a empresas como Corpesca (fusión de Eperva, Pesquera Iquique-Guanaye y Pesquera Coloso), Pesquera El Golfo, Camanchaca y San José, quienes realizaban las mayores capturas. Estas empresas estaban asociadas a grupos económicos fuertemente concentrados¹, los que posteriormente fueron denominados como "Las 9 familias dueñas del mar chileno"² En 2012, con la aprobación de la denominada "Ley Longueira", la administración Piñera aumentó los beneficios para las mismas industrias responsables de la depredación durante la dictadura militar y el gobierno de la Concertación. Pero debido al evidente colapso de las especies más capturadas, ahora las licencias de pesca comenzaron a ser "vendibles, transables en el mercado". Estos permisos o licencias de pesca durarían 20 años renovables, y podrían dividirse hasta en cien mil partes en acciones a transar en el mercado bursátil. Un negocio especulativo donde no es necesario que existan peces para que haya permisos de pesca.

En mayo de 2013, se descubrió que Corpesca del grupo Angelini³ realizó pagos a un asesor de la diputada Marta Isasi (UDI-PRI) por supuestos estudios vinculados a la ley de pesca. El gerente de la empresa Francisco Mujica reconoció los pagos y el financiamiento de campaña a Marta Isasi y de muchos otros parlamentarios, cuyos nombres dejó en reserva, añadiendo que todo estaba hecho de manera legal. Sin embargo, pronto el gerente dejó su cargo y hoy ha debido reconocer ante el Ministerio Público que Corpesca también le pagó al senador Jaime Orpis (UDI) fuera del periodo electoral, entre 2008 y 2013, periodo que incluye la tramitación de la Ley de Pesca. Aunque Orpis no era parte de la comisión de pesca, CIPER Chile descubrió que aparece votando y participando activamente en la discusión de esta ley al reemplazar a otros senadores UDI de la comisión.⁴

En abril de 2014, en el contexto de los casos de corrupción "Penta" y "Soquimich (SQM)", donde se habrían utilizado boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas, se añadieron otros dineros que empresas pesqueras pagaron a distintos dirigentes políticos. Algunos de estos contribuyentes estaban en el ambiente cercano de Pablo Longueira (UDI), quien negoció la Ley de Pesca de 2012 cuando era ministro de Economía.⁵ Entre estos contribuyentes se encontraban Solange Hermosilla y Ricardo Jorquera, quienes admitieron emitir boletas a Pesquera El Golfo, SQM y Metalpar, triangulando el dinero recibido hacia Longueira, siendo liderados por su asesora histórica, Carmen "Titi" Luz. quien desempeñaba funciones en la fundación "Chile Justo", entidad fundada por el ex ministro de Economía.4 De acuerdo al rastreo que hizo CIPER⁶, son al menos seis los contribuyentes que recibieron dinero de SQM y que paralelamente emitieron boletas para tres pesqueras: El Golfo (empresa que ahora opera bajo el nombre de Blumar), ASIPES⁷ (Asociación de Industriales Pesqueros) y la citada Corpesca. (VER INFOGRAFÍA) Una investigación anterior, publicada por CIPER en 2013⁸, detectó al menos a cuatro pesqueras que hicieron donaciones a candidatos por un monto global de $180 millones: Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Corpesca y Blumar. Además, de las cuatro compañías mencionadas, dos empresas (Corpesca y Blumar⁹) aparecen como receptoras de boletas de personas que son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM sin respaldo en la contabilidad de la compañía.

Por otra parte, hace algunas semanas, el senado Alejandro Navarro (MAS) publicó el listado con los dineros de aportes reservados recibidos por los diputados y senadores de la República¹⁰ y señaló que muchos de estos aportes provenían de la industria pesquera. La polémica escaló a altos niveles al punto que la propia Nueva Mayoría acordó censurarlo en su labor de vicepresidente del Senado, cuestión que finalmente se logró el pasado miércoles 1 de Julio.

Las indagaciones para establecer los vínculos ilegales entre las empresas pesqueras y los legisladores continúan, sin embargo esta investigación del Ministerio Público tampoco ha estado exenta de polémicas. A principios de junio del presente año se denunció que los fiscales Alberto Ayala y Carlos Gajardo también pudieron haber estado involucrados a Corpesca. Ante ello el fiscal nacional Sabas Chahuán declaró que «No hay ningún corrupto trabajando en la fiscalía, Gajardo no es corrupto, Ayala tampoco lo es». En junio de 2015, trascendió además que el esposo de la asesora de senador Jaime Orpis, Carolina Gacitúa, el mayor de carabineros Alexis Ramírez Quiróz, habría emitido documentos fraudulentos por más de 27 millones de pesos. Su hermano Marcelo Ramírez Quiróz, también carabinero, giró 4 boletas por 2,2 millones. Ambos se dieron de baja. Unos días después, el senador Hernan Larraín (UDI) intentó justificar a Jaime Orpis declarando que: «Debe haber estado con mucha angustia económica».

La ambición de los administradores públicos y su personal asociado, además del interés por parte de la industria para incidir a toda costa en las cuotas, señalan a la corrupción en el sector pesquero como un hecho naturalizado. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Luis Felipe Moncada, llegó a defender la Ley de Pesca declarando que "es posible que se hayan cohechado uno o dos parlamentarios, pero nadie puede decir que se haya comprado el parlamento completo" y además que "No hay ninguna razón para no defender la ley de pesca, el que haya un par de cuestionamientos respecto a un par de parlamentarios, no invalida una ley ni quita el hecho de que sea una ley extraordinariamente favorable para la conservación de los recursos"¹¹ Sin embargo, en terreno, trabajadores de distintas áreas asociadas a la pesca, tanto en los puertos de descarga como a bordo de naves industriales, han relatado a Resumen que esta supuesta conservación de recursos es absolutamente falsa.

Progresivo declive pesquero industrial.

Hoy, la actividad industrial en la conservación de las poblaciones de peces es difícilmente defendible por la clase político-empresarial: la mayor parte de las pesquerías han sido colapsadas, y entre 2012 y 2015, la situación ha continuado empeorando. No hay comité científico que pueda realizar proyecciones sobre un escenario viable, ¿Por qué? Porque los especialistas son fuertemente dependientes del Estado y la industria privada y además, porque reciben presiones de la clase política para que, desde instituciones como la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), se continúe otorgando tanto a la industria como a armadores semi-industriales altas cuotas, más allá de todo enfoque de conservación ecológica. Además, los datos de los desembarques realizados tanto por el Estado (SERNAPESCA) como por corporaciones multinacionales (INTERTEK CALEBB BRETT y ALEX STEWART INTERCORP) han recibido frecuentes denuncias de estar subestimados debido a desembarques ilegales no declarados, ya sea directamente por sobornos recibidos por fiscalizadores para alterar los informes, o porque estas instituciones no cuentan con el personal necesario en los puntos de desembarque, ni con la metodología apropiada para cuantificar el desembarco real, con lo que se infiere que la situación de la pesquería pelágico-demersal es mucho peor aún.

En 2013, el 48% de las principales pesquerías chilenas se encontraban sobre-explotadas y/o agotadas. Los casos más críticos son: el orange roughy, la merluza común, la merluza austral y la merluza de tres aletas, las que pasaron de un estado de plena explotación a un estado de sobre-explotación, entre el año 2012 y 2013. Mientras que la pesquería del congrio dorado, pasó en igual fecha de un estado de plena explotación a un estado de colapso, la pesquería de la anchoveta entre los años 2012 y 2013 entre la V y VIII región pasó de un estado de sobreexplotación a colapso, igual situación para el alfonsino.¹² (VER INFOGRAFÍA)

[INFOGRAFÍA] Pesca industrial en Chile: colapso de especies y vinculación político-empresarial.

En este escenario, se vuelve urgente establecer más propuestas desde los movimientos sociales con el objetivo de generar una real solución ante esta problemática, fuera de las iniciativas superficiales desde el Estado que sólo buscan mantener e incluso favorecer la posición de privilegio de viejos y nuevos empresarios pesqueros. En esa dirección, algunas líneas ya están claras y son las siguientes:

Eliminación de la pesca de arrastre.

La pesca de arrastre ha sido eliminada en otros países de América Latina, como Venezuela y Ecuador, debido a sus altos impactos en la biodiversidad local, obteniéndose buenos resultados. Aquí en Chile, se ha prohibido este arte de pesca sólo en las cercanías de montes submarinos, donde la biodiversidad es mayor, sin embargo esto no es suficiente. Hoy, con el objetivo de capturar peces que viven en el fondo del mar o que bajan a éste para alimentarse o reproducirse, se continúa utilizando este método, afectando a diversas especies. Con el objetivo de capturar merluza común, se termina capturando también a su "fauna acompañante", especies tales como: lenguado, blanquillo, congrio, cojinova, alfonsinos y peces cartilaginosos como raya volantín y raya pastelillo. En cuanto a la fauna acompañante de crustáceos, en la pesquería industrial de crustáceos demersales con red de arrastre, se terminan atrapando 47 especies, de las cuales sólo tres crustáceos son el objetivo de la pesquería. En redes de arrastre también se ha registrado la presencia de estrellas de mar, caracoles, esponjas, además de pólipos, corales, crinoídeos y otros géneros que pueden verse afectados por esta gran perturbación en el fondo oceánico.¹³

Eliminación de la pesca de cerco de gran tamaño.

La gran pesca de cerco, tiene por objetivo capturar peces pelágicos, que viven en la columna de agua en grandes cardúmenes. Especies como el jurel o la caballa, eran extraídas en grandes cantidades en las décadas de los 80` y 90's donde se alcanzaban desembarques de 2 y hasta 4 millones de toneladas. En 2013, los desembarques de jurel bordearon únicamente las 221.400 toneladas. Barcos cerqueros como el Pesquero de Alta Mar (PAM) Don Alfonso de BLUMAR, con capacidad de cerca de 1900 toneladas, capturan jurel durante la temporada estival y en otros meses salen a capturar también sardina, anchoveta o jibia.

El arte de pesca de cerco, tiene un alto impacto en la fauna marina, ya que junto a las especies objetivo se capturan muchas más, tales como: pampanito, pejerrey, tritre, pejebagre, agujilla, mote, calamares como jibia y pulpo, sierra (depredadora de sardina y anchoveta), además de peces cartilaginosos como tiburones y quimeras. Todas estas especies terminan siendo reducidas a harina de pescado en las plantas de la gran industria, perdiéndose una gran cantidad de nutrientes que podrían aprovecharse directamente, todo con el objetivo de alimentar a la agroindustria de producción de carne o la salmonicultura de exportación.

Pero el arte de cerco de alto impacto, no solamente es realizado por naves industriales. La mayor parte de las capturas de sardina y anchoveta en la región del Biobio se realizan por una flota mal clasificada como "artesanal". Esta flota en realidad actúa para la gran industria pesquera, ya que vende el producto de su pesca para la elaboración de harina de pescado en plantas industriales de las "9 familias" o de otros empresarios emergentes. Por otro lado, las lanchas sardineras de Talcahuano, San Vicente y Coronel suelen pescar muy cerca de la costa, precisamente donde muchas especies se reproducen. De esta manera, el cerco, pese a ser un arte pelágico (para pescar en la columna de agua), puede llegar incluso a extraer especies que provienen del fondo, tales como lenguados o tiburones "pinta roja".

La prioridad: revertir el colapso.

En todo el planeta, las distintas zonas oceánicas que se caracterizaban por presentar grandes poblaciones de peces se encuentran en declive debido a la pesca industrial. Hoy, el 87% de las pesquerías globales están colapsadas o sobre-explotadas.¹⁴ Tanto las grandes compañías norteamericanas, europeas y japonesas como las iniciativas estatales chinas, han fomentado durante décadas el modo de extracción que ha llevado al colapso global de las pesquerías. Este modo de extracción ha sido argumentando falazmente como necesario para mantener el suministro alimentario de la población global, con resultados inútiles.¹⁵ En Chile, la mayor parte de la producción para harina de pescado aún desperdicia enormes cantidades de biomasa y energía. Y aunque la industria pesquera nacional está dando mayor prioridad al pescado para consumo humano, la mayor parte de éste se exporta a la Unión Europea, EE.UU, Japón y otras potencias en ascenso, quienes con su crecimiento acelerado continuarán demandando "recursos" del océano mundial, esquilmando zonas de pesca de forma intensiva.

Evidentemente, una actividad como ésta no puede continuar. El colapso de las poblaciones de peces requiere una veda radical y un monitoreo constante y prolongado de todas las especies que se encuentren sobreexplotadas o en colapso debido a la actividad de la pesca industrial y semi-industrial, es decir, se requieren vedas efectivas que aseguren que poblaciones pelágicas como jurel, sardina y anchoveta retornen a sus tamaños de hace 30 años, y también, que especies como merluza común, con ciclos de vida de más de 10 años, se recuperen. Esto implica detener la actividad de los grandes barcos de arrastre y de cerco, y también de la flota sardinera-anchovetera, erróneamente clasificada como "artesanal". Además, se debe asegurar al menos unas 12 millas de protección exclusiva para la pesca artesanal menor de 12 metros, y al menos unas 30 millas para el resto de la pesca artesanal que asegure no sobreexplotar las poblaciones de peces que le abastecen. Mientras tanto, el Estado deberá subsidiar a toda la población afectada económicamente por el colapso general de la actividad pesquera. Los trabajadores de la industria de la harina y el pescado congelado, las tripulaciones de las naves industriales, el personal administrativo, técnico y científico asociado, todos estos puestos laborales debieran ser suprimidos, subsidiados e indemnizados en caso de no estar involucrados en crímenes de corrupción, tan frecuentes en el rubro. Muchas funciones del proceso industrial no tendrían cabida en en este plan de recuperación, por ello, sus trabajadores deberán desarrollar nuevas labores, a través de circuitos productivos de carácter cooperativo que aseguren una distribución equitativa de ingresos, además de promover el bienestar de las comunidades costeras.

La verdadera pesca artesanal por su parte, y los movimientos sociales que la apoyen, deberán exigir una indemnización masiva por parte de la gran industria pesquera, responsable de este desastre ambiental y social. Entre la población afectada, estarán también las familias de los tripulantes de las naves semi-industriales, quienes difícilmente podrían continuar su forma de pesca.

Los océanos no son una fuente inagotable de recursos para nuestra sociedad capitalista. La recuperación de las poblaciones de peces hoy agotadas podría realizarse únicamente en base a planes descentralizados y localizados donde no sean solamente los patrones de lancha, las tripulaciones, ni los comités científicos quienes decidan, sino que sea la verdadera pesca artesanal en conjunto con la toda la población, quienes se hagan cargo del problema y busquen alternativas viables a futuro, tanto para su propia autonomía alimentaria, como para la necesaria preservación de la vida en el océano.

VEA: MALA PESCA, LA DEPREDACI"N PESQUERA EN CHILE -DOCUMENTAL-

Notas: