Señor Director

Desde hace años en Chile se instaló la política de "#mayorseguridad". Es un tema no menor en el territorio, solo hace unos días el Congreso aprobó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, sumado a la indudable inclinación del gobierno por aumentar las capacidades y atribuciones a las policías, junto con leyes que respaldan legalmente acciones violentas al borde de la impunidad.

Sin embargo, estas políticas no sólo han aumentado la percepción de inseguridad en la población, en la misma línea, personas en situación de calle han sufrido las consecuencias de los innumerables desalojos municipales.

En Arica, la municipalidad ha llevado a cabo más de diez desalojos de "rucos" durante el año 2024, bajo las consignas de "operativos de erradicación de rucos", "disminución de focos de insalubridad", y "limpieza para mitigar la percepción de inseguridad". Estas falsas banderas por la paz y el bienestar, criminalizan al sector de la población más vulnerada y discriminada históricamente, acrecentando una vez más la pobreza, el desamparo y la negación de apoyos psicosociales, pues se constató que luego de los desalojos, la Dirección de Prevención y Seguridad Humana que ejecuta los operativos, no realiza seguimiento de los casos, dado que tampoco tienen las facultades de intervención psicosocial.

Tenemos en esto que la "inseguridad" es motivo para despojar a las personas en situación de calle de sus pertenencias y su único hogar o espacio relativamente seguro. Muchas de estas personas son adultos mayores o portadores de enfermedades crónicas, que requieren cuidados especiales y medicación diaria, por ello, estos operativos ponen en riesgo su propia salud física y psicológica.

En Argentina, la ley 27654 publicada el año 2023, garantiza el "derecho a ser respetadas en su dignidad personal y en su integridad física."; Colombia garantiza por sentencia de la Corte Constitucional la entrega de toallitas higiénicas para los "cuerpos menstruantes". Chile no tiene ley ni norma que garantice estos derechos.

Espero que los nuevos municipios, jefes y jefas de servicios basen su actuar "interventivo" con enfoque de derechos humanos y teniendo en cuenta la situación calle no como una carencia de infraestructura, sino como una serie de vulnerabilidades sociales provocadas y acrecentadas por el mismo espacio cultural hostil y la falta de políticas que garantice su derecho a la dignidad.

Diego Godoy Araya

Estudiante de Antropología Social

Equipo Profesional de Fundación Desde la Vereda