Versiones contradictorias se enfrentan en lo que resultaría ser un nuevo caso de gatillo fácil por parte de Carabineros, quienes dispararon por la espalda y mientras corría, al joven de 18 años de edad, Emilio Latorre. Por un lado, su familia y testigos afirman que la víctima salió a comprar la madrugada del domingo pasado cuando se encontró con personal policial y huyó por no contar con los papeles de la moto en la que se desplazaba, y por otro, Fiscalía, que apunta a que el vehículo era robado y que presuntamente Latorre cargaba una pistola a fogueo. Más allá de esta puntualidad, nuevamente funcionarios policiales optaron por disparar como primera opción.

Por JC Contreras Jara

Un nuevo caso de Gatillo Fácil se registró el pasado domingo en la región Metropolitana, específicamente en Puente Alto, donde un joven de 18 años de edad fue baleado por Carabineros por la espalda. Su muerte despertó una serie de críticas desde su familia, y el INDH ya anunció que realizará una denuncia en Fiscalía para aclarar lo sucedido.

Desde el organismo de DDHH agregaron que también solicitarán a Carabineros todos los antecedentes del caso, apuntando a que ya preparan acciones legales que perseguirán las correspondientes responsabilidades.

Te puede interesar| Gatillo fácil en Carabineros: Funcionario asesinó a profesor de tenis en La Reina acusando supuesto intento de atropello

Emiliano Latorre tenía 18 años de edad al momento de ser baleado por personal de Carabineros, quienes, según las primeras declaraciones de la institución, habrían acudido a un operativo que daba cuenta de un sujeto efectuando disparos en la vía pública. Dicha versión, afirma la madre y polola de Latorre, no tendría nada que ver con la víctima, quien habría salido a comprar papas fritas la madrugada del domingo pasado desde la casa de su pareja, en el sector de Bajos de Mena.

Su madre, Lucy Acevedo, declaró a TVN que, "mi hijo salió a comprar unas papas fritas para comer con su polola y en eso vio que Carabineros lo venía siguiendo. Mi hijo reduce la velocidad, se hizo a la orilla para parar la moto y como vio que los carabineros se bajaron, él se asustó y salió corriendo". A esta versión, se suma la de la pareja de Latorre, quien indicó que, «personas que estuvieron en el consultorio dijeron que a él no lo entraron altiro, que él iba esposado».

Te puede interesar| «Pavimenta el camino a la impunidad»: Amnistía Internacional criticó absolución de carabineros a través de Ley Gatillo Fácil

Por su parte, fiscal Nadia Mondiglio comunicó que, «el fallecido conducía una motocicleta que mantenía encargo por robo desde el mes de marzo y al ver la patrulla de carabineros habría aumentado la velocidad para darse a la fuga, iniciándose una persecución por el sector de Bajos de Mena».

Debido a las contradicciones que rodean la muerte de Emiliano Latorre es que desde el INDH preparan una serie de acciones legales justamente para esclarecer lo sucedido el domingo pasado. 

Ley Gatillo Fácil

El asesinato del joven de 18 años de edad trae nuevamente a colación la ley Gatillo Fácil (Ley Nain Retamal) aprobada en una semana por el Congreso y respaldada por el Gobierno de Boric a pies juntos. Dicha normativa contempla un paquete de medidas, entre las que destaca, la presunción previa de legítima defensa para los funcionarios de Carabineros, PDI y Gendarmería que disparen su arma de servicio.

En este punto es preciso recordar el caso del joven David Toro, acribillado por Carabineros en Llolleo Alto dos días antes de la promulgación de la Ley Gatillo Fácil. Por otra parte, es oportuno agregar las distintas absoluciones que se produjeron invocando la misma ley y que terminaron por dejar sin cargos a funcionarios que contaban con formalizaciones por falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos, entre otros. 

Uno de los organismos internacionales que se pronunció al respecto de la promulgación de la Ley Nain Retamal o Ley Gatillo Fácil fue la ONU y apunta justamente a los criterios subjetivos para la legítima defensa privilegiada, componente esencial de esta normativa: «Es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso. Para ONU Derechos Humanos, también afectaría desproporcionadamente a individuos o grupos con menor acceso a recursos y asistencia legal, al entregar la carga de la prueba a las víctimas y familiares de casos donde se investigue un uso indebido de la fuerza».

De esta forma se mantiene la posibilidad de que los funcionarios y funcionarias de Carabineros, PDI y Gendarmería, puedan utilizar su arma de servicio y gozar de esta legítima defensa, toda vez que su utilización responda a una motivación racional, donde peligre gravemente su vida e integridad o la de un tercero. Uno de los tantos cuestionamientos a la bullada ley radicaría en que dicha presunción de legítima defensa, no debería basarse en la percepción subjetiva del agente de Estado, de «sentirse amenazado», sino que tendrían que existir condiciones que respalden la validez de estas amenazas, situación que en el caso del joven Emiliano Latorre no se evidenciarían, toda vez que fue abatido mientras corría y por la espalda.