Desde su propuesta y durante su legislación en el Congreso, distintos organismos de Derechos Humanos advirtieron el retroceso que podría significar, en esta materia, la promulgación de la Ley Naín Retamal (Gatillo Fácil) para Chile. En esta línea, desde Amnistía Internacional hacen hincapié en que la retroactividad de esta ley y su posible aplicación sobre condenas, en este caso, contra carabineros, contravendría la obligatoriedad del Estado en perseguir y sancionar, «las graves violaciones a los DDHH cometidos durante el Estallido Social».

Por Juan Contreras Jara

Diversas reacciones ha causado la absolución de 5 carabineros, que, invocando la Ley Gatillo Fácil (Naín-Retamal), se libraron de penas que apuntaban a sancionar delitos como el de apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, entre otros.

Fue en el Tribunal Oral en lo Penal de Talagante, que, por primera vez, desde su promulgación el 10 de abril pasado, agentes del Estado fueron absueltos de las imputaciones en su contra, que daban cuenta de un procedimiento policial que, el 21 de octubre de 2019, en pleno Estallido Social, terminó con una persona herida a bala. Al igual que los argumentos utilizados en la actualidad por Carabineros, los funcionarios alegaron un supuesto intento de atropello por parte de la persona baleada.

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Desde Amnistía Internacional catalogaron la absolución de los 5 funcionarios que participaron de dicho procedimiento, como una contradicción, considerando que, «el Estado de Chile tiene la obligación de investigar y sancionar las graves y generalizadas violaciones a los DDHH cometidas por agentes del Estado durante el Estallido Social».

Considerando el estado de inacción en el que se mantienen cientos de casos derivados del Estallido Social, la aplicación de la Ley Naín Retamal podría profundizar la impunidad de los agentes del Estado y sus delitos, considerando que ahora tienen la posibilidad de ser absueltos si tribunales confirma que los disparos se enmarcan dentro de la figura de la «legítima defensa privilegiada».

Sobre la situación ocurrida en Talagante y los casos de violación a los Derechos Humanos durante el Estallido aún inconclusos, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, enfatizó en que, «a más de tres años y medio, solo ha habido 22 condenas de un total de 10.716 denuncias».

De esta forma, la posibilidad de que los pocos casos que se han podido cerrar con una condena contra agentes del Estado, vuelvan a abrirse y queden en la impunidad es latente, considerando el precedente sentado por el TOP de Talagante. Por ello, Bustos hace hincapié en que, «la Ley Naín-Retamal (Gatillo Fácil) viene a agregarse a un conjunto de dificultades para avanzar en el acceso a la justicia y pavimenta el camino a la impunidad».

Foto principal: The Clinic