La demanda de un proceso constituyente democrático, participativo y soberano sigue siendo coartada por la clase política institucionalizada que desde sus posiciones en el Congreso y el Gobierno se niegan a reconocer las legítimas exigencias que el pueblo manifestó en masivas movilizaciones sociales desde octubre de 2019 en adelante y ratificó con el categórico resultado del plebiscito del 25 de octubre recién pasado. Los poderosos, entronizados en la institucionalidad o desde sus poderes fácticos, siguen sin querer ver la realidad del país y prefieren hacer como si nada hubiese pasado.

La necesidad de participación democrática de los actores y sectores sociales en el proceso constituyente en condiciones de real democracia y legítima igualdad de oportunidades sigue siendo coartada por esta displicente y arrogante clase política, que se aferra a sus posiciones de poder aunque carezcan de toda legitimidad social y de una efectiva representatividad política. Entre otras tantas trabas y trampas, el impedir la posibilidad de que los independientes puedan postular libremente a ser delegados constituyentes ha sido convertido en un gollete que estrangula el sentido democrático y soberano de este proceso.

Utilizar la prepotencia política institucional para bloquear el verdadero ejercicio de participación ciudadana no puede admitirse en ningún caso, menos en éste en que estamos en presencia de un hecho de enorme significación histórica, pues es por primera vez en Chile que el pueblo puede tener un papel activo en la creación de una Carta Fundamental. Puede, a condición de que no le coarten las libertades ni le limiten las posibilidades, ni le condicionen las formas y ni le predeterminen los métodos; puede, a condición de que esta clase política deje de velar por los intereses de los grandes empresarios y de aferrarse a sus cuotas de poder con el fin de seguir usufructuando de beneficios y ventajas impropias.

En una muestra de la bajeza en la que han arrastrado a la actividad política, los partidos políticos no sólo pretenden adueñarse del proceso constituyente sino que intentan someter la participación de los independientes a los caprichos y manipulaciones de sus colectividades, presionando y coaccionando a los sectores sociales para subordinarlos a sus entes partidistas en lo que constituye una desvergonzada forma de cohecho; algo tal vez habitual para esta descompuesta clase política pero inaceptable para los actores sociales que, precisamente, han levantado entre las demandas de sus luchas la exigencia de terminar con este tipo de prácticas perniciosas. Por lo demás, no sólo las organizaciones sociales no están dispuestas a mendigar cupos sometiéndose a los caprichos de la política institucionalizada, sino que diversos actores del mundo académico, científico, de las artes, de las letras, del derecho, así como activos partícipes del mundo popular tampoco están en disposición de pedir cupos a nadie, en circunstancias que les asiste un derecho ciudadano que está siendo usurpado por desacreditadas colectividades políticas.

Por si eso no fuese suficiente, pareciera ser que el esfuerzo principal de los poderes institucionales y de los partidos políticos, apunta a banalizar la elección de delegados al proceso constituyente tratando de convertirlo en un espectáculo más de su habitual farándula electorera. En buen chileno buscan "chacrear" la Convención Constituyente haciéndola aparecer como parte de un cóctel de elecciones y candidaturas por doquier y para todos los gustos. Junto al constante bombardeo de encuestas con posibles presidenciables, inician mediáticas campañas en torno a los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, senadores y un cuantuay, cual si nada hubiese ocurrido en el país. La maniobra de fondo consiste en trivializar la elección de delegados a la constituyente convirtiéndola en una jornada más de esta abundante oferta electorera. Parecen empeñados en una afiebrada campaña por hacer creer que nada cambia, que nada cambiará, que todo ha sido una ilusión pasajera.

Esto no es un intento pueril sino un deliberado fomento al abstencionismo. La siempre ladina clase política, conscientes del vómito que provocan en la ciudadanía, incrementan sus intromisiones y apariciones circenses como una forma eficiente de causar más repudio y provocar el abstencionismo de los ciudadanos hastiados de tanta parafernalia. En la actual coyuntura, sabedores de que la población ya no se presta a sus estafas, exageran la puesta en escena para lograr un espectáculo detestable y, de ese modo, desincentivar el interés y la participación de la ciudadanía. El mismo método ya lo emplearon previo al plebiscito, pero les salió el tiro por la culata.

Conscientes de esto, y por esas causales, es que tratan de inyectarle al proceso constituyente las mismas características de juego circense de sus habituales campañas electorales, llegando incluso a promover personajes de la farándula (del llamado espectáculo y de la televisión) como candidatos constitucionales por el solo hecho de utilizar un mecanismo que les ha dado resultado para banalizar la política y conducirla al tacho de basura en que la han convertido.

Tal vez, en esta situación de crisis, sólo tengan un mayor recaudo acerca de los métodos para recolectar los fondos que les aportan sus mandantes del mundo empresarial, pero en lo demás, sigue siendo el mismo circo y procuran que tenga las mismas características de siempre. Un circo vomitivo, que forma parte del hartazgo de la población. A falta del indecoroso show de la Teletón, de las fanfarrias comerciales del Viejo Pascuero, y del decadente Festival de Viña, la clase política se esmera en ocupar todos los rincones de la farándula banalizando cuanto esté a su alcance tras el objetivo de ocultar el hecho esencial: la existencia de un proceso constituyente.

La abstención, esto es la no participación política en procesos electorales, siempre ha sido un instrumento de marginación utilizado por los poderosos, en especial cuando dichos procesos están llamados a dirimir alguna cuestión de importancia; cuando no han implantado la abstención por medio de fórmulas legales, recurren a artilugios de manipulación social para limitar la participación ciudadana.

Esta vez no les dará resultado, damas y caballeros de la casta política-empresarial, aunque no lo quieran ver, aunque sigan apostando a la capacidad represiva de sus instituciones policiales y militares para aplastar al pueblo, entiendan que esta vez la población chilena no está disponible para sus maniobras coercitivas ni para sus amenazas represivas.  Están forzando en demasía la voluntad popular de buscar soluciones pacíficas a la crisis provocada por este sistema expoliador, pero el límite está demasiado cerca y no lo ven. El país les demanda que terminen con sus manipulaciones y den paso, de una buena vez, al ejercicio de la democracia.

Liberar la inscripción de las candidaturas independientes a la Convención Constituyente es una exigencia mínima para que este proceso cuente con la legitimidad necesaria. la que está dada por la participación ciudadana, por la transparencia y por la igualdad de condiciones. Lo hemos dicho pero no está de más reiterarlo: todos los postulantes a un cupo de delegado constituyente debiesen postular como independientes, representando a sectores sociales, a comunidades humanas, a zonas geográficas, o a sí mismos producto de sus capacidades y pretensiones individuales, pero no bajo la tutela de partidos o de alianzas políticas, menos aún de éstas que son colectividades deslegitimadas, desprestigiadas y desacreditadas para pensar el futuro. La trampa de la Ley 21.200 no les sirvió, fracasó, asuman esa realidad y corrijan ese desatino.

La función de la política es velar por el bien común, servir a los intereses de la comunidad, prestar un servicio; en nuestro país, la han convertido en una ventana de pago de favores empresariales y en un espacio de cobro de beneficios personales. La necesidad de que este proceso constituyente tenga reales características democráticas es de vital importancia para el destino tanto de la constitución venidera como del desarrollo del país. Una cuestión determinante para ello es el carácter soberano de la Convención y la elaboración de una nueva Carta Fundamental a partir del principio de la hoja en blanco.

La hoja en blanco no es un eufemismo sino la exigencia perentoria de otorgar atribuciones absolutas y soberanas a los delegados para delinear y trazar libremente los contenidos del texto a elaborar. Esto es, un papel sin marcos, sin ribetes, sin flecos, sin rayas previas, sin cortapisas ni delimitaciones impuestas por quienes quieren conservar el desechado texto dictatorial cual lacra sellada sobre la vida del país. Felizmente, el pueblo chileno ya abrió los ojos, despertó, e hizo cambiar a este país, aunque a los componentes de la burbuja del poder les resulte imposible verlo, o no lo quieren ver.

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