[resumen.cl] El siguiente artículo describe las consecuencias de décadas de aplicación de agrotóxicos sobre extensas áreas cultivadas en Argentina. Un estudio del INTA comprobó y acreditó por primera vez en un expediente judicial que los agroquímicos tóxicos aplicados en los campos están entrando a las napas subterráneas, y además, que el agua que consume el pueblo de Pergamino en la provincia de Buenos Aires presenta una cantidad significativa de agrotóxicos. Mientras se acumula amplia evidencia de presencia de pesticidas en la sangre de habitantes locales, autoridades nacionales y regionales señalan descaradamente que estas fumigaciones y la contaminación serían inocuas para la salud de la población. 

Los costos silenciados del agronegocio

Darío Aranda / Página 12

El agua que consume la población de Pergamino contiene 18 agrotóxicos. Los estudios se desprenden de una causa ante la justicia federal. El juez prohibió fumigar a menos de 600 metros de las casas.

El agua que consume parte de la población de Pergamino está contaminada con 18 agrotóxicos y dos niños, hijos de la denunciante, contienen el herbicida glifosato en sangre. Son estudios que se desprenden de la causa judicial de tribunales federales, que prohibió fumigar a menos de 600 metros de las viviendas e investiga la responsabilidad penal de los empresarios del agro y de funcionarios municipales. La decisión judicial se da en el marco de los dichos del presidente Macri, que acusó de «irresponsable» a un fallo judicial que protegió a los niños de escuelas rurales de Entre Ríos. Madres de Pueblos Fumigados y la Asamblea de Vecinos afirman que el problema no es un químico sino «un modelo que enferma y mata».

Pergamino está ubicada en plena Pampa Húmeda, de la zonas más codiciadas del agronegocio. Allí están presentes todas las empresas del modelo transgénico, incluida Monsanto-Bayer. Desde hace más de una década que los vecinos denuncian el efecto de las fumigaciones con agrotóxicos, pero ningún gobierno municipal atendió los reclamos.

Sabrina Ortiz es mamá de Ciro y Fiama. Ambos tienen glifosato en el cuerpo. Junto con su esposo Sergio construyeron su casa en el barrio Villa Alicia, en el margen urbano de Pergamino. Allí conocieron de fumigaciones aéreas y terrestres del campo vecino. Desde 2011 denuncian el impacto de los agrotóxicos. Primero desde la Asamblea para la Protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente y luego desde la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino.

Mientras los vecinos pedían alejar las fumigaciones a más de 1000 metros de las viviendas, el Municipio desoyó los reclamos y, en sintonía con los empresarios del agro, fijó sólo 100 metros de protección.

Sabrina también está afectada por los químicos. Tiene en su cuerpo glifosato y el insecticida lambdacialotrina (producido por la empresa Syngenta, entre otras). Se recibió de abogada en 2018, carrera que comenzó a partir de las injusticias que padecía del poder político y del mismo Poder Judicial. En octubre pasado, la médica de sus hijos le recomendó mudarse, alejarse de las fumigaciones. Sabrina y Sergio decidieron dejar su hogar e iniciaron una demanda judicial, junto con la ONG Naturaleza de Derechos.

La causa recayó en el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás, que el 3 de abril prohibió que se fumigue a menos de 600 metros de las viviendas. Entre las medidas de prueba que destacó un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce). Con la firma de la investigadora Virginia Aparicio, el INTA confirmó que el agua que se utiliza para consumo domiciliario contiene hasta 18 agrotóxicos: glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros. Los barrios afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.

«Se pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran estar», denunció Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, y recordó que empresas del agronegocio y medios de comunicación publicitan esos productos como «biodegradables». El estudio del INTA también determinó la presencia de 19 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.

Un extenso informe, titulado «el agua sin agrotóxicos es un derecho humano», de las Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y Naturaleza de Derechos alertó que el 44 por ciento de los químicos encontrados son considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento son disruptores endocrinos (alteran el equilibrio hormonal). También denunciaron un hecho insólito: la legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1000 mayor que la legislación de Europa. Mientras que en Alemania, Suiza o Italia el límite máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se «permite» hasta 100 microgramos. «Para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua», afirmaron las organizaciones en la causa judicial.

El intendente Javier Martínez (alianza Cambiemos) y su jefe de gabinete, Carlos Pérez, hablaron con los medios locales y dijeron que el agua de Pergamino es «apta para consumo humano» y que están «tranquilos» porque no hay glifosato en agua. Citaron supuestos estudios científicos, pero no los entregaron a la prensa ni a los vecinos. Incluso Martínez retrucó a la víctimas de las fumigaciones al afirmar que él toma agua de la canilla.

El Municipio intentó ser querellante en la causa (forma de introducirse en la causa y reclamar medidas), pero el juez Villafuerte Ruzo lo rechazó. Es que el tribunal aún debe resolver la cuestión de fondo de la denuncia: determinar la responsabilidad penal de los propietarios del campo y de los funcionarios municipales. Las Madres de Pueblos Fumigados explicaron que tanto el actual intendente, Javier Martínez, como los anteriores (Omar Pacini y Héctor «Cachi» Gutiérrez –UCR–) nunca tomaron medidas para proteger a las víctimas de los agrotóxicos.

«Las madres nunca fuimos recibidas por el intendente Martínez, ni siquiera cuando hicimos públicos los análisis de mis hijos, que tienen cien veces más agrotóxicos de lo que toleran sus cuerpos. El Intendente nos cerró la puerta en la cara. Tiene desprecio por la gente y sobre todo por los chicos, que sufren, que se les desprenden sus pieles por los químicos, que se les dificulta respirar», denunció Sabrina Ortiz. Detalló que la secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, tampoco las recibió ni atendió los reclamos de los vecinos.

En las ciudades de la Pampa Húmeda, donde el agronegocio impone funcionarios y políticas públicas, es muy difícil expresar críticas a los agrotóxicos. Y el hacerlo tiene sus costos. A Sabrina Ortiz y su familia la amenazaron, le mataron el perro, le arrojaron bidones de glifosato en el patio de su casa (en señal de intimidación) y la llamaron «loca».

La Asamblea para la protección de la Vida, la Salud y el Medio Ambiente fue uno de los espacios pioneros, dentro de la Pampa Húmeda bonaerense, en denunciar los efectos de las fumigaciones. Ante el reciente falló, la Asamblea emitió un comunicado titulado «El Estado es responsable, reclamamos medidas urgentes» . Exigieron que se declare la emergencia sanitaria en todo el partido de Pergamino en cuanto al consumo de agua de red y de pozo, y se garantice a toda la población el acceso al agua potable y de calidad.

Tanto desde la Asamblea, como desde Madres de Pueblos Fumigados y Naturaleza de Derechos, destacan que no se trata de un agrotóxico ni del «mal uso» (como argumentan los empresarios del agronegocio) sino de un modelo de producción en base a transgénicos y uso masivo de venenos. «La presencia de agrotóxicos no se limita al agua, al suelo, al aire y a los alimentos. Un alto porcentaje de personas que habitan el partido de Pergamino llevan agroquímicos en su sangre», afirmaron.