Por Javier Arroyo Olea

Las protestas que se han desarrollado en Chile durante los últimos meses han hecho explícita una cuestión que los movimientos sociales y diferentes sectores que se manifiestan cotidianamente contra el sistema imperante han vivido constantemente: la violencia por parte del Estado y sus agentes como parte de la respuesta ante las demandas y la disputa-construcción de poder.

Pese a que se ha intentado normalizar el ejercicio de la violencia de estos por diversos medios, en perspectiva de instalarlo como una "respuesta necesaria" ante las protestas que se han desarrollado en los diferentes territorios, existe una serie de evidencias que permiten establecer este quehacer de los agentes del Estado como una constante histórica y, muy por el contrario de lo que han planteado los gobiernos post dictatoriales, no como casos puntuales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, ONG Human Rights Watch y una diversidad de instituciones han corroborado lo que muchas y muchos han vivido en primera persona respecto a la violación a los derechos humanos a través de -entre otras formas- la violencia por parte de los agentes del Estado, materializándolos en informes públicos de acceso abierto a la población que entregan una visión general y particular de estos procesos.

En este sentido, el presente reportaje busca abordar el reciente "mapa de golpizas" publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en diálogo con otros insumos levantados por organismos e instituciones de la misma índole, en pos de explicitar la gran cantidad de evidencia de casos en los que el Estado, mediante sus instituciones como Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas han materializado la coerción contra la población.

1. Sobre el "mapa de golpizas": contexto y datos del documento

El pasado 06 de febrero del año en curso, el INDH difundió por sus cuentas uno de sus últimos insumos elaborados sobre la situación que se vive en el país respecto a las protestas que se han mantenido desde octubre de 2019. El documento consta de gráficas que establecen territorialmente la cantidad de casos de violencia (mediante "golpizas") en los que participaron agentes del Estado: funcionaros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y militares.

Si bien las primeras gráficas daban cuenta de los acontecimientos desarrollados en la Región Metropolitana, con el paso de las horas se amplió todo el país donde se corroboraron más de 800 casos en los que los agentes hicieron ejercicio de golpizas contra personas, siendo Carabineros de Chile la institución con mayor participación, con una cifra cercana al 93%.

En lo que respecta a la distribución territorial de las golpizas realizadas por agentes del Estado se observa una alta concentración de casos denunciados en Biobío (174), Región Metropolitana (142) y Región de Coquimbo (135), complementándose con los últimos reportes del mismo Instituto que presenta un total de 3.746 personas heridas al 31 de enero de 2020 mediante su observación en hospitales, dando cuenta que existe una amplia cantidad de casos en los cuales la coacción escapa a golpizas individuales o grupales, abarcando la utilización de otros medios de violencia.

2. La Región del Biobío: liderando los casos denunciados

Con 174 denuncias la Región del Biobío es aquella que lidera el listado, siendo la comuna de Concepción -con un total de 112 casos- aquella que concentra situaciones, lugar donde precisamente se realizan las manifestaciones más masivas de la conurbación.

Es importante tener en cuenta que este mapeo realizado por el INDH considera denuncias oficiales, por lo que es posible que algunos casos no estén incluidos.

La violencia ejercida por las fuerzas coercitivas del Estado ha quedado en evidencia en diferentes casos dentro del territorio. A modo de ejemplo, el 12 de noviembre durante manifestaciones en Concepción, funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros embistieron contra manifestantes y golpearon indiscriminadamente con su bastón de servicio , ante lo que la institución responde que el accionar del Cabo 2° Bastián González Constanzo -identificado como el responsable de la denuncia presentada mediante oficio por parte del INDH de la Región- se debió a que éste sufrió "pérdida temporal del razonamiento" sin recordar mayores antecedentes . Así, se presentan una serie de casos en los que efectivos policiales son amparados por la propia legalidad respecto a su actuar, justificándose y quedando en impunidad ante su negligente despliegue como agente del Estado, mientras que, como contra parte, continúa el procesamiento y encarcelamiento de personas que se han manifestado desde octubre (y más).

El caso del pescador artesanal golpeado brutalmente por militares en Coronel, el despojo de ropa contra una manifestante, el asesinato de "El Polera" por la Infantería de Marina en Talcahuano y la necesidad que Carabineros se abstuviera de usar sustancias químicas durante las manifestaciones forman parte de la amplia gama de casos en los que se evidencia el actuar negligente por parte de los agentes del Estado en el Biobío, un accionar que se arrastra y reproduce desde hace años por las mismas fuerzas mediante políticas estatales.

3. No son casos puntuales: golpizas, represión y tortura bajo la impunidad

Recientemente, el medio The Clinic en conjunto con el Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP) publicaron un reportaje en base al trabajo que este último ha estado realizando sobre un Mapa de Violencia Policial, dando a conocer situaciones en las que el mapa de golpizas presentado por el INDH se puede comprender como parte de una política constante y permanente dentro de la historia reciente del país.

En «¿Casos puntuales? Diez veces en que la justicia falló contra agentes del Estado en casos de muertes, torturas y lesiones oculares durante los últimos 20 años» queda evidenciado explícitamente que no se pueden comprender las situaciones que se viven en el país desde octubre de 2019 como algo "único" o "puntual". Por el contrario, son casos en los que -si bien irrumpen en la arena social en el sentido de tener un mayor alcance en cantidad de personas afectadas directamente- los agentes del Estado han continuado siendo protagonistas en base a su actuar negligente y amparados por la legalidad e instrumentos entregados por el Estado desde un periodo de tiempo mucho más extenso que algunos meses.

Es fundamental que la impunidad sobre Carabineros, Policía de Investigaciones y militares no triunfe en este contexto. Las lecciones que la justicia ha entregado respecto a los casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar nos invitan a cuestionar aún más el proceder de instituciones cuya defensa y bienestar de la población dejó, desde hace décadas, ser la prioridad de su existencia.

La violación de los Derechos Humanos en Chile es un hecho, por lo que se hace imperioso desnormalizarla e irrumpir de lleno contra el proceder excesivo de los agentes del Estado.