Medidas económicas que favorecen al gran capital, más que a la clase trabajadora, parece ser la lógica neoliberal de la que no ha salido el gobierno pese al catastrófico escenario internacional y nacional profundizado por la pandemia Coronavirus. Resumen conversó con Marcos Kremerman, economista de la Fundación SOL sobre la actual coyuntura y las posibles salidas a una crisis social y económica que se hará más compleja los próximos meses.

Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Durante la mañana de este miércoles, el presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó la segunda etapa del plan económico de emergencia, de cara a enfrentar la pandemia de Covid-19. La iniciativa beneficiaría a las y los trabajadores informales y a las familias más precarizadas del país, con la creación de un fondo de US$2.000 millones.

Por otra parte se anunció el aumento de la línea de crédito con garantía del Estado, hacia las Pymes y el sector empresarial que lo requiera, con una cobertura de hasta 24 mil millones de dólares. Otorgando facilidades de pago de préstamos de hasta 48 meses, con un periodo de gracias de tres meses, todo para facilitar los préstamos de capital de trabajo, desde los bancos hacia las empresas.

Pese a que la postura de la ciudadanía aboga por la detención de los procesos productivos a lo largo del país, como medida preventiva a un posible contagio, las políticas del gobierno solo apuntan a una conservación y modificación del trabajo precarizado en tiempos de pandemia. Esto quedó demostrado con los US$2 mil millones que anunció el primer mandatario destinados a la creación de más puestos de trabajo, sin especificar como es de costumbre, la calidad y el tipo de trabajo que se pretende generar.

La segunda arista del nuevo anuncio del Plan de Emergencia, contempla potenciar, mediante la obtención de líneas de créditos con garantías del Estado, el normal funcionamiento de las Pymes y el empresariado, con un límite de US$24 mil millones.

Esto quiere decir que el Estado de Chile se pondrá como aval de las grandes empresas, al momento de que estas soliciten créditos bancarios. Se hace la distinción del gran empresariado, porque los rangos de garantías del Estado cubrirían, según detalló el mismo ministro de Hacienda, Ignacio Briones a La Tercera en un 85% para las empresas que generen 25 mil UF o menos al año o sea, más de 700 millones de pesos anuales.

En la misma línea, se cubrirá con el 70% a las empresas que tengan ventas de entre 25 mil y 100 mil UF anuales y con el 60% a las que reporten actividad superior a las 100 mil UF al año; cifras que escapan absolutamente del horizonte de las Pymes y las y los pequeños emprendedores. Es por esto que hablamos de la gran empresa.

Hoy, a más de un mes del primer contagio de Covid-19, las medidas económicas impulsadas por Piñera, aun no le otorgan seguridad laboral y solvencia económica a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en Chile. Por el contrario, se sigue profundizando en lógicas laborales que no detengan la labor productiva en pos de una cuarentena efectiva. En paralelo se le entrega mayor liquidez a los bancos y poniendo recursos estatales al servicio del gran empresariado chileno.

La primera estrategia paliativa, anunciada el pasado 19 de marzo, involucró recursos por 11 mil 750 millones de dólares, los que según Briones, apuntarían a la protección de los empleos, la inyección de recursos para las Pymes y como receta memorizada, a la entrega de bonos para las familias más pobres del país.

La medida antes mencionada solo igualaría lo entregado por el gobierno, a través del bono de Subsidio Único Familiar (bono Covid-19) es decir; un pago único e irrepetible de $50.000, cifra extremadamente baja considerando los costos de vida del Chile actual y las contradicciones del modelo neoliberal, denunciadas con mayor fuerza desde el 18 de octubre de 2019.

Sobre esta segunda etapa del Plan de Emergencia impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera y las implicancias que tendrían las y los trabajadores las decisiones tomadas en por el actual gobierno en tiempos de pandemia, conversó con Resumen Marco Kremerman, economista e investigador de Fundación Sol.

En declaraciones a Radio Futuro comentaste que de no asegurarse los ingresos en el actual contexto de pandemia, la situación puede generar un estallido social más violento que el de octubre. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía chilena la pandemia? ¿Cómo repercutirá esto en la mayor parte del pueblo chileno?

Desde el 18 de octubre, se generó un proceso de movilización social en escalada, a partir de la precarización recurrente de los hogares chilenos y la experimentación de vulnerabilidad. Bajos salarios y pensiones, privatización de servicios básicos, mercantilización de la vida, que coexistían con la mantención de los hogares a duras penas, recurriendo al endeudamiento.

Pero, lo que tenemos hoy en día, es que adicionalmente a aquello -que es algo que no ha cambiado un ápice, salvo unos pequeños cambios en las pensiones básicas solidarias y unos pequeños avances en la agenda social del gobierno-, se junta o se amplifica a partir de una semiparalización de la economía nacional y mundial. Esto se está traduciendo en que gran parte de los hogares chilenos están generando menos ingresos de los que ya generaban y que ya eran muy precarios o algunos, definitivamente, no están generando ingresos.

Nos estamos enfrentando, a pesar de las medidas del gobierno, ante una crisis social de magnitudes siderales, porque finalmente, ni siquiera va a permitir reproducir aspectos básicos de la supervivencia de los hogares chilenos. Desde allí que podría producirse, si es que no hay medidas fuertes y muy distintas ideológicamente de las que se han aplicado en las últimas décadas, un reventón social mayor al que vimos.

Producto de la actual pandemia mundial, se ha hablado del fin del neoliberalismo ¿Crees que la clase política chilena y en particular, el gobierno actual, están en consonancia con lo que sucede a nivel internacional?

En absoluto. Si uno revisa las declaraciones, por ejemplo, hoy hubo declaraciones impresionantes del director de inversiones de Larraín Vial (José Manuel Silva) que decía que no puede seguirse paralizando la economía, debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente, poniendo como siempre la acumulación del capital por sobre la vida.

Cuando uno revisa las políticas que se están implementando como planes de salvataje, son políticas neoliberales: bonos, subsidios y focalización. No se intervienen los mercados, son condiciones de menores abusos o de postergación de pagos, pero jamás de un cambio de lógica en las políticas públicas.

Es una discusión interesante a nivel mundial que el neoliberalismo podría estar llegando a su fin, pero hay que definir bien ¿Qué es el neoliberalismo? Nosotros lo entendemos tal como lo propone David Harvey; que fue un proyecto restaurador de la clase dominante a partir de los años 70s, para recuperar la tasa de ganancia que se había perdido después de la posguerra y acelerar procesos de acumulación: financiarizando la vida, lucrando y acumulando con derechos sociales como las pensiones y la salud.

En el caso chileno, no vemos ninguna señal para detener este proceso o para generar algunos cambios. Por ejemplo, no vemos ninguna señal en desprivatizar las pensiones, salud, educación. Lo que vemos son cambios de políticas que están ocurriendo en otros países, no en Chile.

En Perú los trabajadores pueden retirar su seguro de cesantía y un porcentaje de sus fondos de AFP ¿Es posible realizar eso en Chile? ¿Qué consecuencias tendría para el modelo chileno una acción de estas características?

Por lo que he visto, en los únicos países donde se está debatiendo si la gente puede retirar sus ahorros de los fondos de pensiones, es en Perú y Chile. En Perú se está haciendo efectivo por una señal que ha dado el propio gobierno y en Chile son ideas o proyectos de ley. ¿Por qué se da este debate? Porque Chile no tiene un sistema de seguridad social y en Perú coexisten las cuentas individuales administradas por AFP con el reparto, en Chile no tenemos ni reparto.

Esta discusión se está dando en los países donde no hay seguridad social, no hay reparto. En los otros países puede haber muchos problemas, pero las pensiones se calculan en años cotizados de las personas y hay garantías. La persona que cotizó 30 años, tiene el 70% de su sueldo como pensión y eso se sigue pagando, independiente de la crisis.

En cambio acá, como no hay beneficios definidos, la pensión de cada persona depende de cuánto dinero tiene en su cuenta individual y si hay fluctuaciones severas en los mercados financieros, generando que las personas posterguen su jubilación.

Para que eso ocurra tiene que haber un cambio legal. De hecho, en casos extremos, como personas que han acudido a los tribunales en caso de situaciones catastróficas para que se les restituyan los fondos, no han tenido éxito. Esto podría colisionar con la Constitución y puede ser detenido por el Tribunal Constitucional. Solo si el gobierno presentara algo así, podría tener viabilidad. Lo importante es que constituyamos un sistema distinto de pensiones.

¿Sobrevivirá el sistema de pensiones a esta crisis? ¿En qué condiciones podrían quedar los fondos de los trabajadores y trabajadoras?

Yo creo que tiene poca viabilidad. Permanentemente hemos reflexionado de que una de las maneras en que podía cambiar el sistema chileno no es por factores internos. Es muy importante a movilización, pero considerábamos que dado lo cerrado que es el sistema chileno y la poca correlación de fuerzas políticas que hay, el factor externo iba a ser el más importante para generar cambios.

Después de la crisis subprime entre 2007 y 2009, -la anterior crisis económica- países que habían privatizado total o parcialmente su sistema de pensiones -como Croacia, Hungría, Polonia, entre otros- se devolvieron al sistema público de pensiones. Fue la crisis económica y las movilizaciones sociales que detonaron que los sistemas de pensiones que se privatizaron se desprivatizaran.

Lo quieran o no lo quieran algunas personas, va a ser muy difícil mantener el sistema de cuentas individuales, porque va a generar una hecatombe mayor a la crisis previsional que ya tenemos, por las miserables pensiones que paga el sistema.

Hoy no se va a tolerar a que se sigan exponiendo los fondos de pensiones a una incertidumbre permanente. Una cosa es que tengamos un mes malo y vengan cuatro buenos y cerremos el año con números positivos, pero otra distinta es cuando estamos en una crisis sanitaria que acelera una crisis económica de carácter estructural y que podría mantenernos en incertidumbre por muchos meses.

Hoy el gobierno lanzó un segundo paquete de medidas económicas ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta medida? Y ¿Cómo evalúas las estrategias que está concretando el gobierno de Sebastián Piñera?

Están en una lógica neoliberal. Son políticas públicas para repactar, para postergar pagos, generar caja, aplicar bonos para los hogares, pero no para crear políticas de sustitución de ingresos de las familias. En ese sentido, todavía sigue sin aparecer una renta básica mensual, que parece fundamental en esta pasada.

Este tipo de políticas, que son más contrahegemónicas, son las que el gobierno al parecer no va a aplicar. En sus paquetes ha diferenciado los grupos de ayuda, en el primero aparecen las personas de sectores vulnerables que reciben el Subsidio Único Familiar, reciben $50.000 por carga. Cuando uno filtra, esto llega al 15% de los trabajadores sin contrato, o sea es marginal al mundo del trabajo sin contrato. Los con contrato se tienen que ayudar en base al seguro de cesantía.

Hoy aparece un monto de US$2.000 millones para los trabajadores sin contrato, pero sin especificaciones. No se dice para cuantos meses es ese fondo, o sea si van a haber pagos mensuales. Se establece que podría llegar a 2,6 millones de trabajadores, vale decir a aquellos trabajadores sin contrato clásicos, pero no se considera al millón de trabajadores dependientes, pero no tienen un contrato de trabajo escrito. Esos quedan fuera, no están contemplados.

50 mil, 100 mil o 150 mil solo considerando que en un hogar promedio, para superar la línea de la pobreza, debería tener ingresos mensuales de 450 mil pesos y sus fines es costear alimentación y otras necesidades y no pagar deudas.

Ayer el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Marshall, señaló que el Banco Central debía financiar al Fisco, pero que la actual Constitución no lo permite ¿Qué implicancias tienen estas afirmaciones para nuestra economía y que medidas debieran tomarse para paliar la actual situación económica en Chile?

Lo que sucede en Chile, es que nuestras restricciones presupuestarias se deben a que la carga tributaria es baja. Llevamos 10 años recaudando aproximadamente el 20% del PIB: es una estructura tributaria pro ricos, vale decir, que es son los hogares de sectores medios y vulnerables los que pagan más impuestos que los más ricos.

En estos meses, una reforma tributaria profunda parece tener poca viabilidad política, dado el ciclo económico que estamos viviendo, pero eso debería ser urgente una vez que pase la etapa más brusca de la pandemia.

En el corto plazo hay dos herramientas que tenemos: hacer uso de nuestros fondos soberanos, de nuestros activos del tesoro público. Chile tiene más de US$30 mil millones en distintos fondos soberanos, fondos de estabilización económica social, la Ley reservada del cobre que pasó a otros activos del tesoro público y que ahora tienen más de US$10.000 millones.

Como se consideró después del 18 de octubre, sin duda en esta pasada donde tenemos una crisis inédita deberíamos ocupar esos ahorros.

Otra herramienta que tenemos es el endeudamiento.

Chile el año pasado cerró con una deuda bruta del gobierno central de 27,9% del PIB, en cambio países con el PIB muy similares a Chile -como Polonia, Uruguay, Croacia, entre otros – tienen el doble de endeudamiento. Es decir, tenemos una capacidad para endeudarnos bastante amplia y eso no significa que el país este sobre endeudado.

Una de esas posibilidades es que en una parte de la deuda bruta, en la deuda interna, liberemos al Banco Central para que pueda comprar bonos emitidos directamente por el gobierno. Deberían hacerse los cambios constitucionales para permitir que el Fisco pudiera financiarse a través de la compra de bonos emitidos por el BC.

¿Existe algún país que debiéramos imitar y por qué razones?

Si uno revisa en este momento la experiencia comparada, en múltiples países se están haciendo cosas interesantes. Desde lo que se está haciendo en Argentina, Italia, España, Alemania y hasta el propio EEUU donde en primer lugar se están enfocando en tres políticas: contener pago de gastos, es decir, no permitir que suban precios, congelar pago de deudas y servicios básicos y apostar a generar una renta básica para las y los trabajadores.

Asegurar que las personas puedan quedarse en su casa con cierta tranquilidad, o sea que las medidas de distanciamiento social, que en general promueven los gobiernos, si se va a condicionar a la gente que se les proteja. Que puedan quedarse en sus casas y efectuar los mínimos movimientos, para eso hay que generar políticas que sustituyan los ingresos en porcentajes parecidos a los que percibían antes de la crisis.

No puede ser que la política de un bono de 50 mil pesos por carga, les permitan a las personas cubrir un 15 o un 10% de sus ingresos anteriores. Ese tipo de políticas no ayudan en nada. Hay que mirar aquellos países donde están reconociendo la importancia de financiar servicios públicos como la salud.

Tenemos que hacer un mea culpa, la crisis desnudó que la privatización de los sistemas genera un caos profundo. Estableciendo políticas de protección a los trabajadores y hogares chilenos, debe ser el objetivo principal.

Si lo pusiéramos en orden: primer punto, proteger los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, contener los gastos, las deudas y los servicios básicos.

Segundo punto: ayudar a las unidades productivas más pequeñas porque efectivamente muchas veces funcionan como trabajadores y trabajadoras, son precarias, necesitan liquidez, necesitan que les aplacen las deudas que tienen con los bancos.

Y en tercer lugar poder ayudar a las grandes empresas, pero con condiciones. Y esas condiciones son que el Estado tenga injerencia plena en esas empresas una vez que les entregue dinero, en las decisiones que esa empresa toma.

Y por último, intervenir fuertemente para que los bancos comerciales transmitan la baja tasa de interés que han tenido desde el Banco Central que les está prestando a 0.5% al año, a los hogares chilenos. Salió una noticia donde se veía que en marzo la tasa de interés de los créditos de consumo y los créditos hipotecarios subieron, lo que nos parece realmente una burla y permite concluir que la crisis la están pagando los trabajadores y jamás la va a pagar el capital.