Este martes 18 de abril la Cámara votará el Proyecto de Resolución N° 643 que solicita al Presidente de la República enviar un Proyecto De Ley para una Política Nacional de Educación Sexoafectiva Integral, tal como comprometió en la cuenta pública de 2022. Frente a este escenario, múltiples organizaciones feministas, educativas y profesionales de distintas áreas han suscrito una misiva titulada: "Chile necesita Educación Sexual Integral" solicitando al Congreso aprobar este proyecto y abrir este debate con el cual el país tiene una deuda.

Por Red Docente Feminista

La declaración contiene datos que dan cuenta de la urgencia de abordar esta materia en las escuelas: la duplicación de crímenes de odio, el aumento de denuncias vinculadas a vulneración de estudiantes que creció en un 333% en 2022, las cifras alarmantes de feminicidio, los suicidos de estudiantes por bullying transfóbico y la necesidad de las familias de recibir apoyo en estas materias: Un estudio de Corporación Miles realizado el 2022 mostró que el 90% de madres, padres y cuidadores está «de acuerdo» o «muy de acuerdo» sobre la necesidad de educar en sexualidad desde el inicio del ciclo vital y que además, consideran que la Educación Sexual Integral no está en contra de sus creencias personales, religiosas y/o culturales. Por otra parte, se señalan los compromisos que Chile a adquirido en esta materia (a nivel internacional y en su legislación interna) los cuales han sido incumplidos, poniendo de relieve la ESI como deuda de la institucionalidad.

Las organizaciones denuncian además "el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil" delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niños y niñas de menos de 14 años, el 85% niñas. Señalan que "la institucionalidad chilena ha sido cómplice de esta situación, al no entregar herramientas ni el acceso a la información apropiados: a sabiendas que la mayoría de casos de abuso sexual infantil ocurren en contexto intrafamiliar" y que por tanto, las escuelas cumplen un rol clave en la detección y denuncia de estas situaciones.

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Actualmente, los colegios tienen la obligación de impartir Educación Sexual Integral en la Enseñanza media según consigna la Ley 20.418, sin embargo, desde la Red Docente Feminista (REDOFEM) Rocío Henríquez señala que "es absolutamente insuficiente. La información no sólo llega tarde, sino que tiene un foco absolutamente biologicista: Se refiere sólo a aspectos anatómicos y reproductivos, sin tocar temas como el consentimiento, el autocuidado, el respeto a la diversidad sexual, la prevención del abuso o la violencia de género, centrales para que las y los jóvenes generen relaciones sanas y para que los espacios educativos dejen de normalizar y reproducir la violencia y los discursos de odio".

El Proyecto de Resolución fue presentado el 08 de marzo por la Diputada Emilia Schneider y establece un marco mínimo para el debate: La incorporación de la Educación Sexual Integral desde la Educación Parvularia, de manera pertinente con la edad y basada en evidencia científica; jornadas semestrales de formación y reflexión para las comunidades educativas; presupuesto para la elaboración y distribución de material educativo, inclusivo y gratuito; capacitación a las y los trabajadores de la educación en ejercicio y en formación; y la incorporación de temas como la prevención de la violencia de género y sexual, así como de la discriminación, como ejes fundamentales en esta materia.

Aunque el proyecto actual fue ingresado por el oficialismo, las deficiencias en el alcance de esta materia han sido advertidas también por la actual oposición: En 2019, la entonces Ministra de Educación Cubillos y el Ministro de Salud Jaime Mañalich presentaron un proyecto para ampliar la Enseñanza de la Educación Sexual desde 5to año básico y el mismo año, Marcela Hernando Pérez ingresó una modificación a la Ley 20.418 proponiendo ampliar su enseñanza a la Educación Básica, proyecto que recibió apoyo transversal de diputados como Jaime Bellolio (UDI) y Ricardo Celis (PPD).

La Declaración fue impulsada por la Red Docente Feminista (REDOFEM) y adhieren organizaciones como: La Coordinadora Feminista 8M, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Agrupación Rompiendo el Silencio, La Rebelión del Cuerpo, La Red de Actrices de Chile, La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Corporación Miles, Corporación Humanas, el Observatorio de Género y Equidad, Fundación Selenna, OTD Chile, MovilH, Fundación Daniel Zamudio, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Amaranta ONG, Confederación de Estudiantes De Chile (CONFECH), Fundación Red Abortando Mitos de la Sexualidad (RAMS), Federación de Estudiantes Universidad de La Serena, Chile necesita ESI, Red de Filósofas Feministas en Chile, Red de profesoras y profesores de Filosofía (REPROFICH), Red de Educación No Sexista, EDUCAFEM, el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores, CAAOS, COEDEM, Círculo de profesoras feministas Amanda Labarca, Red Docente EPJA Chile, Asociación Ginecólogas chile, Asociación Yo Cuido, Corporación Mujeres Siglo XXI, Diversa Patagonia, Colectiva Las Clito, entre muchas otras, así como también académicas, investigadoras y profesionales de distintas áreas, tales como Teresa Valdés, Cecilia Sánchez y Rosario Olivares.

La declaración completa y sus adherentes está disponible aquí.