Por primera vez en la historia de México, más de 13 millones de personas eligieron de forma directa a jueces y magistrados, incluyendo a los integrantes de la Suprema Corte. Este inédito proceso de democratización del poder judicial, impulsado por López Obrador y ejecutado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un giro radical contra décadas de corrupción y compadrazgos. Todo indica que un abogado indígena mixteca, Hugo Aguilar Ortiz, será el próximo presidente de la Corte Suprema, consolidando un cambio profundo en el sistema de justicia mexicano.
Por Joaquín Pérez
En su arrogancia que lo caracteriza, en marzo pasado, Bukele el presidente de El Salvador, consultó en directo a la inteligencia artificial de X, Grok, cuál era el presidente más popular del mundo, la respuesta de la IA de Elon Musk fue Claudia Sheinbaum. Y es que el actual proceso de transformaciones políticas que vive México, goza de un altísimo apoyo entre la población, López Obrador terminó su mandato con más del 70% de apoyo y hoy su continuadora Claudia Shienbaum superó el 80% de aprobación en todas las encuestas. En la actualidad el proceso de transformaciones suma un nuevo logro: la democratización de la justicia.
A pesar de la violenta resistencia de la oligarquía y los medios de comunicación a su servicio, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), interpuso para la votación en el congreso de la nación una ley que democratiza la elección de los jueces en México, terminando así con décadas de corrupción y compadrazgos en los órganos judiciales, cuestión muy similar a la que se vive en Chile, donde la cárcel es solo para los pobres, ya que los ricos con suerte son enviados a hacer clases de ética.
Solo existían procesos de democratización parcial de parte de los órganos judiciales en Estados Unidos y Bolivia, pero la propuesta de AMLO era mucho más profunda e íntegra.
Los cargos en el poder judicial se sucedían de padres a hijos y los apellidos en diversas instancias de los órganos judiciales se repetían constantemente, siendo uno de los principales epicentros de la corrupción en los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien el proceso de democratización lo inició López Obrador, fue Claudia Sheinbaum quien debió implementarlo. De esta manera, el domingo 1 de junio se efectuaron las primeras elecciones libres y democráticas, para elegir a los integrantes de los órganos del poder judicial en México, más de 13 millones de personas participaron en estas elecciones voluntarias sin precedentes en Latinoamérica, donde los órganos judiciales han sido por tradición histórica una trinchera de los intereses más retrógrados y corruptos de la sociedad.
881 personas juzgadoras en todo el país debían ser elegidas, incluida la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano a nivel nacional. En la medianoche del domingo, cuando ya se iniciaba el recuento de votos, Claudia Sheinbaum se dirigía al país: «México es el país más democrático del mundo (…) Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia», dijo la presidenta. Destacó que el proceso fue transparente, las campañas austeras y la votación libre, y aseguró que con esta elección «se hará realidad el anhelo juarista de al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es decir, un verdadero estado de derecho donde nadie, ni siquiera los más poderosos, estén por encima de la ley».
Era una elección compleja, en algunos estados los electores tenían que emitir hasta 13 votos, ya que además de los cargos del nivel central del estado también se elegían jueces de las cortes en 19 estados de la nación: 9 puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 espacios en sus salas regionales, 5 magistrados para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Previamente, los tres poderes del Estado --Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- colaboraron en la revisión previa de candidaturas, seleccionando entre más de 7.700 aspirantes a los casi 881 cargos judiciales, de acuerdo a su nivel académico y experiencia laboral.
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han hecho alusión a Benito Juárez (Oaxaca 21 de marzo de 1806- Ciudad de México, 18 de julio de 1872) durante el debate de la democratización de la justicia en México, ya que este jurista y ex presidente de México en varias ocasiones, era un indígena zapoteca que abogó siempre por el derecho a la igualdad ante la ley.
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Hoy cuando el conteo de votos supera el 87%, hay una clara tendencia a que un abogado indígena, esta vez mixteca, presida la corte suprema en México: se trata de Hugo Aguilar Ortiz, que cuenta con una maestría en derecho constitucional y especializaciones en derechos humanos y derecho indígena. Será probablemente a él a quien corresponda presidir a partir del 1 de septiembre de 2025, el pleno de la Corte Suprema en México, el cual se reducirá de once a nueve integrantes y que también reducirá el periodo de gestión de los ministros de quince a doce años. Además, se eliminarán las dos salas que hasta ahora se dividen los asuntos, lo que implicará que todas las deliberaciones se realizarán en pleno y en sesiones públicas.
Hugo Aguilar presidirá solo los 2 primeros años, ya que la democratización del poder judicial en México establece una presidencia rotatoria, cada dos años del cargo, siendo primero el más votado, luego el segundo y así sucesivamente. Hasta ahora, eran los propios ministros de la Corte quienes decidían quien la presidía.