La organización acusa que una empresa constructora realizó intervenciones al interior del ecosistema sin medidas de protección ambiental, mientras continúan procesos administrativos y judiciales relacionados con el futuro del humedal.

Por Movimiento Defensa del Humedal Paicaví

El Movimiento de Defensa del Humedal Paicaví denunció una nueva intervención en el humedal, uno de los ecosistemas urbanos más amenazados del área metropolitana de Concepción.

Según informó la organización, el pasado 22 de junio maquinaria pesada perteneciente a la empresa constructora Vain Limitada ingresó al sector para ejecutar movimientos de tierra, generando daños en áreas de alto valor ecológico sin medidas de mitigación ni resguardo para la flora y fauna presentes en el lugar.

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Desde el movimiento señalaron que estos hechos ocurren mientras continúan procesos administrativos y judiciales vinculados al destino del humedal.

Exigen acción inmediata

Durante las últimas horas, el movimiento socioambiental y la Junta de Vecinos Mencía de los Nidos presentaron denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio Público. Asimismo, solicitaron formalmente al alcalde de Concepción la adopción de medidas urgentes para detener las intervenciones y resguardar el ecosistema.

Entre las acciones requeridas se encuentran:

• Que la SMA investigue los hechos y determine eventuales responsabilidades por la ejecución de obras sin los protocolos medioambientales.
• Que la Municipalidad de Concepción paralice las faenas mientras se verifica el cumplimiento de las autorizaciones municipales.
• Que la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) investigue posibles delitos asociados al daño ambiental ocasionado al humedal.

Fundamentos jurídicos

El abogado y asesor jurídico del movimiento, Fernando Cortés, señaló que estas acciones buscan no solo visibilizar la situación, sino también exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades competentes.

Según explicó, las municipalidades poseen deberes específicos en materia de fiscalización ambiental. Conforme al artículo 65 de la Ley N.º 19.300, deben canalizar las denuncias ambientales ante la SMA, requerir información sobre su tramitación y remitir antecedentes a la SEREMI de Medio Ambiente. Asimismo, recordó que, de acuerdo con el artículo 175 del Código Procesal Penal, los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante el Ministerio Público hechos que puedan constituir delitos.

“En consecuencia, no basta con constatar el daño. Corresponde actuar, denunciar y remitir todos los antecedentes disponibles”, indicó.

El equipo jurídico también informó que se encuentra a la espera de la resolución de admisibilidad de diversos recursos interpuestos por observantes del proceso, vecinos del sector, juntas de vecinos y posibles afectados, así como de las reclamaciones presentadas por la Municipalidad de Concepción para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto inmobiliario Fuentes de Aníbal Pinto I y II.

Solicitudes a la Municipalidad

Las organizaciones sostienen que las medidas necesarias no deben limitarse a acciones reactivas. En ese contexto, solicitaron al municipio:

1. Impulsar avances concretos en la declaratoria de Humedal Urbano, luego de que parte de esta fuera dejada sin efecto tras reclamaciones de propietarios.
2. Modificar el uso de suelo del sector considerando antecedentes técnicos como la Carta de Inundaciones y Licuefacción elaborada por SERNAGEOMIN.
3. Remitir a la autoridad ambiental todos los permisos de edificación ingresados en sectores vinculados al humedal, conforme a las disposiciones de la Ley N.º 19.300 respecto de proyectos que deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Un ecosistema bajo presión

Aunque el Humedal Paicaví cuenta actualmente con reconocimiento bajo la Ley de Humedales Urbanos, las organizaciones advierten que aún carece de un Plan de Manejo efectivo y que la delimitación oficial protege solo una parte del ecosistema, dejando amplias zonas expuestas a la presión inmobiliaria.

La situación se ve agravada por la existencia de proyectos habitacionales impulsados tanto por privados como por organismos públicos en sectores vinculados al humedal o ecológicamente conectados con él.

Entre ellos se encuentra el proyecto privado “Condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II”, promovido por Inmobiliaria Fuentes de Aníbal Pinto SpA, que contempla la construcción de 19 edificios. Paralelamente, continúa en tramitación el proyecto “Parque Solidario Sandra Oliva I y II”, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y gestionado por Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Ltda., que considera la construcción de 13 torres de viviendas sociales.

“Estamos hablando de la llegada de cientos de personas, con dinámicas que implican mayores niveles de ruido, contaminación lumínica y presencia de mascotas. Todo esto tiene un impacto significativo en un ecosistema frágil”.

Desde la agrupación sostienen que la ejecución de los proyectos inmobiliarios podría reducir aún más la superficie del humedal, fragmentar hábitats y afectar elementos esenciales del ecosistema, como pajonales, praderas y llanuras de inundación. “Repudiamos cualquier acción que vulnere el patrimonio natural de la comuna y desconozca los esfuerzos que durante años han realizado vecinos y organizaciones para proteger este importante humedal urbano”, señalan.