Mujeres protestaron a las afueras de la sede de la UDI ante la liberación del violador y padre de su presidente, Javier Macaya

Desde el inicio de proceso judicial contra Eduardo Macaya Zentilli, quedaron al descubierto distintas situaciones de privilegio con la situación del condenado por abusar sexualmente de dos niñas, cuestión que tiene directa relación con su condición de clase. Durante la segunda mitad de 2023 zafó de la prisión preventiva pagando $150 millones y hoy, pese a su sentencia, goza de arresto domiciliario, tal cual como sucedió durante más de un año de investigación, pese a los múltiples intentos de que volviera a prisión como cualquier mortal que incurrió en un delito de tal magnitud.

Por JC Contreras Jara

Hasta la sede de la UDI llegaron decenas de mujeres a protestar contra lo que acusan, es la total descomposición del sistema judicial chileno, que condena, pero deja libre a un violador de menores de edad. Por lo irregular de todo el proceso y el apoyo que el presidente de la colectividad pinochetista, Javier Macaya, le entregó a su padre, es que las manifestantes exigieron su renuncia.

A eso de las 20:00 horas de este lunes se convocó una protesta a las afueras de la sede de la UDI, donde se colgaron lienzos y pancartas que daban cuenta del tipo de delitos por el que fue condenado Macaya y la posibilidad de zafar de estos dependiendo de la clase social del imputado. Por lo anterior el grito, «la UDI no quiere educación sexual para poder violar en total impunidad».

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En esta línea, es preciso recordar que fue pagando una fianza de 150 millones de pesos, que Eduardo Macaya Zentilli, procesado durante su investigación por cuatro delitos sexuales, permaneció apenas un mes en supuesta prisión preventiva, sin estar tras las rejas y en una sección aparentemente hospitalaria, cuestión que motivó un sumario al interior de Gendarmería.

Actualmente, las convocatorias feministas se expanden por distintas regiones, exigiendo no solo la salida de Macaya de la UDI, partido que forma parte del entramado legislativo nacional y que decide, por ejemplo, en materia de sexualidad, infancia y seguridad, sino que la revisión de los criterios de clase con los que el Poder Judicial juzga.

 

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