[resumen.cl] Con una política de continuación sobre bonos y préstamos, el gobierno en funciones promulgó el pasado lunes la entrega del «Bono Clase Media», un «Préstamo Solidario» y la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia como respuesta a la crisis actual, decisión lejana a considerar la propuesta y exigencia de una Renta Básica Universal.

El pasado lunes el presidente en funciones, Sebastián Piñera, promulgó la ley que establece la entrega del «Bono Clase Media» y de un «Préstamo Solidario» como continuación de las políticas instaladas para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria en Chile y las negligencias del gobierno de turno.

En base a la Red de Protección Social -política sostenida y defendida por el gobierno-, se dio a conocer que el bono en cuestión podrá ser de hasta $500.000 dependiendo de los requisitos que cumpla la persona en cuestión. De esta forma, la continuación de una política de «bonificación» aún no da respuesta a la exigencia de una Renta Básica Universal, la cual ha sido una propuesta a nivel estructural para que la población pueda enfrentar la crisis latente.

En la misma línea, Piñera dio a conocer el «Préstamo Social Clase Media», el cual podrá ser de hasta $650.000 por cada cuota, pudiendo solicitarse tres veces. Asimismo, la ley promulgada contempla la amplificación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a lo que el gobierno considera como el «80% de los hogares más vulnerables».

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La continuación de una agenda que contempla préstamos y bonos no ha contemplado, siquiera, la necesidad de instalar una política estructural para enfrentar el confinamiento y los efectos socioeconómico en miles de familias en Chile. Así, la propuesta de establecer una Renta Básica Universal, vale decir para todo el mundo, sin postular, y suficiente, cuyo monto no inferior a $450 mil pesos -cifra que el mismo Estado de Chile define como la línea de la pobreza (para una familia de cuatro personas)- no ha tenido asidero en la clase político-institucional.

Mientras tanto, el gobierno anunció que llevará al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones y la creación de un impuesto a los súper ricos, siendo este último aquel que «plantea un gravamen de una tasa de 2,5% al patrimonio de las personas naturales con domicilio en Chile cuyos bienes sean equivalentes a un valor igual o superior a US$22 millones de dólares».

Fotografía principal: Prensa Presidencia