Dentro de los horrores de la dictadura cívico militar chilena, que van desde la desaparición forzada de personas, hasta asesinatos masivos y torturas contra las y los opositores al régimen de Pinochet, se cuenta también el robo de niños y niñas pobres para ser enviados a familias en el extranjero. Engaños, violencia obstétrica y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de estas familias, configuraron otro delito cometido durante dicho periodo. Este fue el caso de María Bravo y sus hijos, oriundos de la toma del sector El Cortijo 1, en Conchalí, en la región Metropolitana.

Por Juan Contreras Jara

Corría el año 89, se comenzaba a desarmar, aunque en el papel, la dictadura cívico militar de Pinochet. Lo que no terminaba de suceder o de funcionar, fue la red de sustracción de menores que operó durante años y acumuló miles de casos en el país. De esta operación fueron colaboradores distintos integrantes de las FFAA y de Orden, además de médicos y profesionales de diversas áreas. Esta fue la red que urdió el robo de la hija recién nacida de María Bravo y que la hizo entrar en la lista de los 20 mil casos que investiga actualmente el juez Jaime Eyzaguirre.

Orlando Martínez Bravo tiene 35 años de edad y cuando tenía dos, en 1989, sufrió un grave accidente con agua caliente que lo dejó hospitalizado por un año. Durante ese mismo tiempo, su madre, embarazada y único sostén del hogar y de sus tres hermanos, entró en un profundo cuadro depresivo, debido a su extrema pobreza y falta de acceso a la salud para tratarlo. Meses después, fue trasladada hasta el hospital San José para dar a luz, establecimiento desde donde dicha red terminó por robarle a su hija recién nacida.

Te puede interesar: Ordenan a la PDI investigar adopciones irregulares en el extranjero durante la dictadura

«Mi mamá le dio por nombre Romina Paz», explica Orlando Martínez Bravo sobre su hermana, quien actualmente tiene 32 años de edad y reside en Estados Unidos. Ella, como miles de niños, fue separada de su madre desde un hospital y como en muchos casos, terminaron siendo funcionarios de las FFAA y de Orden, quienes formaron parte de los nexos que posibilitaron la sustracción de los menores.

Según relata Martínez, en el caso de su familia, oriunda de la toma El Cortijo 1 de Conchalí, las redes que urdieron el robo de su hermana, implicaron la participación de Claudio Ferrada, médico de la FACH, Telma Uribe, asistente social, jefa de la Casa Nacional del Niño y la pareja conformada por Anna María Elmgreen, representante del Centro de Adopción Sueco y el teniente de Carabineros, Carlos Carmona, ambos implicados en una red de tráfico de niños que operó desde 1977, según una investigación de Ciper. 

Del hospital San José hasta los Estados Unidos: Las redes que posibilitaron el robo de Romina Paz

El 2 de febrero de 1990, en el hospital San José, María Bravo daba a luz a Romina Paz. Pasaron solo dos días y le comunicaron que su hija tenía pocas expectativas de vida y que debía realizarse un trasplante de médula ósea. En medio de ese contexto, le ofrecieron enviarla al extranjero, para ser intervenida.

«A mi mamá le dicen esto y entró en desesperación, en una crisis. Apurándola, le dicen que su hija tiene que ser llevada al extranjero, que la tienen que operar o si no se va a morir, que ella la iba a ver igual. Mi mamá entró en desesperación, porque le hicieron una simulación. A mi hermana la conectaron a máquinas», relata Orlando Martínez Bravo, hermano de la niña robada desde el hospital San José.

Aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de la que era víctima María y su familia y un cuadro depresivo derivado de la misma situación, Telma Uribe, la asistente social y jefa de la Casa Nacional del Niño en la región Metropolitana, consiguió el consentimiento de María Bravo, la madre. Fue tras esto que la recién nacida fue trasladada hasta Providencia, específicamente a calle Monseñor Miller, relata Orlando.

A las afueras del hospital San José, esperaba el médico de la FACH, Claudio Ferrada, en compañía de Telma Uribe, quienes llevaron a la recién nacida hasta Providencia. Esta profesional fue una de las piezas claves del engranaje de la red de venta de niños pobres dirigida por Anna María Elmgreen, representante del Centro de Adopción Sueco y el teniente de Carabineros, Carlos Carmona.

Luego de dejarla y estar con ella un par de días en dicho edificio, Uribe siempre le negó a María Bravo volver a ver a su hija. Fue tras encararla a las afueras de su casa, que la asistente social le comunicó que, «tu hija no aguantó la operación, tu hija murió», cuenta Orlando Martínez Bravo.

Pasaron más de diez años y tras insistir en el hospital San José, desde la familia de María Bravo se percataron que sus actas de nacimiento no estaban, pese a que Orlando Martínez y todas sus hermanas nacieron allí. De igual forma, y gracias a su insistencia, la apertura de una investigación y denuncias por parte del INDH, pudieron, en 2018, encontrar a Romina Paz.

Te puede interesar: Niñas pobres y el Opus Dei en Buenos Aires: Los relatos que dan cuenta de la explotación infantil al interior de la secta de ultraderecha

El legado de la dictadura y una hija viva en EEUU

Según relatan desde la familia de María Bravo, fue una compañera de trabajo de Telma Uribe la que la contactó y le contó que la muerte de su hija había sido un engaño. Considerando la precariedad en el Chile en materia de DDHH, encontrar a su hija se tornaba imposible.

Fue solo gracias a una investigación realizada años después por Orlando y otra de sus hermanas, que en 2018 fue encontrada Romina Paz, hoy en día llamada Sara Marie Aragon. 

Actualmente, su madre, María Bravo, lleva adelante una querella y forma parte de los casos judicializados, en primera instancia por el juez Carroza y actualmente por el juez Jaime Eyzaguirre. Además, el INDH interpuso denuncias contra Telma Uribe, Carlos Carmona y Anna María Elmgreen.

Según la investigación abierta por el magistrado Mario Carroza en 2019, existen alrededor de 20 mil casos de niños y niñas adoptados irregularmente durante la dictadura cívico militar chilena. De estos casos, 141 niños, ahora adultos, se han reencontrado con su verdadera madre y familia. 

Parte del modus operandi fue, como en el caso de María Bravo, atacar la vulnerabilidad de las madres y familias pobres. A través de este accionar, funcionarios de las FFAA y de Orden, además de médicos y profesionales ligados al régimen, negociaron la vida de miles de niños, quienes terminaron repartidos por Europa y los Estados Unidos.

A 50 años del Golpe Militar, siguen apareciendo casos de familias, que llegan principalmente a la organización Hijos y Madres del Silencio, para reportar el robo de alguno de sus hijos o hijas durante la dictadura o después de esta, pero bajo la misma red de explotación.