Si bien la clase política y los grandes grupos económicos a través de sus medios de comunicación realizan una agresiva campaña para intentar que el actual Congreso realice reformas a la nueva carta magna luego de aprobarse, la Comisión de Normas Transitorias ha llegado a algunos acuerdos que permitirían respetar el debate constitucional, limitando el potencial de atribuciones que instituciones de la Constitución de Pinochet en retirada puedan tener sobre ésta.

Por Alejandro Baeza

La batalla de la clase política tradicional chilena representante del statu quo está en este momento en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, instancia que está trabajando el articulado necesario para la implementación de la nueva Constitución en caso de ser aprobada el 4 de septiembre.

No obstante, en la instancia ya se han acordado normativas en las comisiones temáticas que deben ser luego ratificadas en el pleno y que permitirían en alguna medida asegurar que la deliberación democrática constituyente sea respetada y que instituciones de la Constitución de Pinochet como el actual Congreso, no tengan tantas atribuciones para modificar la nueva carta magna en aspectos sustanciales, así como tampoco demorar los plazos para implementarla.

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Una de éstas es establecer periodos de tiempo concretos en los que se deberán dictar determinadas leyes. Un ejemplo de esto tiene relación con el Estado regional, donde se fijó un plazo de dos años para tramitar las leyes que regulan la "autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales". Además, agregan que "si al 31 de marzo de 2024 no se hubieren expedido las normas legales, el gobierno procederá a hacer presente la urgencia para la tramitación y despacho del proyecto de ley". Junto con eso, dejan claro que "el Poder Legislativo no podrá diferir más allá de los plazos indicados en los incisos anteriores".

Asimismo, un acuerdo transversal de los grupos no representados en la ex Concertación y la derecha, habría establecido limitar la actual legislatura senatorial hasta 2026, es decir, dejar cuatro años siguientes, por lo que la parte del Senado que fue electa el año pasado no cumpliría ocho años en el cargo sino sólo la mitad de su periodo. Además, quienes formaban parte del organismo no pasarán automáticamente a integrar la nueva Cámara de las Regiones, como se proponía desde algunos sectores.

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Por su parte, durante la jornada de ayer jueves, la comisión aprobó que el quórum para que el actual Congreso pueda modificar la nueva Constitución sea de dos tercios.

"Las normas de Reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio".

Con ello, ya queda establecido que la nueva Constitución comenzará a aplicarse a partir de 2026, por lo que Boric será el último presidente del ciclo pinochetista y no tendrá en su mandato las nuevas atribuciones.