Tras la presentación de parte de organizaciones latinoamericanas -incluyendo comunidades que viven en conflicto socioambiental-, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se refirió a la preocupación que existe ante la insuficiencia de obligaciones legales de empresas bajo jurisdicción del Estado chino.

Por J. Arroyo Olea

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), perteneciente a Naciones Unidas, dio a conocer sus observaciones finales generadas en el marco de la tercera evaluación de la República Popular China, realizado durante febrero de este año.

En la instancia, organizaciones latinoamericanas expusieron en Ginebra las irregularidades y vulneraciones que 14 proyectos, impulsados por actividades empresariales de China, han generado en 9 países de la región.

Así, comunidades afectadas por estos proyectos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos presentaron un informe en el que se reporta un abanico de vulneraciones a los derechos de pueblos indígenas, medio ambiente sano, al agua, derechos laborales, entre otras.

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En sus observaciones, el CDESC acogió parte de los planteamientos dado por las organizaciones sociales, dando cuenta de su preocupación «por la insuficiencia de las obligaciones legales de las empresas bajo la jurisdicción del Estado parte para ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos".

En este sentido, el organismo de Naciones Unidas fue enfático en recomendar a China que "rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, prestando especial atención a los derechos territoriales de indígenas y campesinos y el impacto ambiental (…) y que se establezcan mecanismos de seguimiento y control para investigar y sancionar sus actividades lesivas".

Así, las formulaciones generadas por el CDESC dan cuenta de la necesidad de que el Estado chino construya mecanismos para supervisar, sancionar e investigar los abusos vinculados a sus inversiones, como lo es el caso de la Central Rucalhue que pretende instalarse en el río Biobío (clic acá para mayor información de este conflicto).

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Fotografía principal: Madre y niño del pueblo Munduruku observando la destrucción causada por la Unidad Hidroeléctrica de São Manoel en su territorio |  Juliana Pesqueira, Coletivo Proteja, 2017