Organizaciones de migrantes y de derechos humanos acudieron este lunes al Palacio de Gobierno a entregar una carta al presidente Gabriel Boric Font para pedirle que se evite exponer a niños, niñas y sus familias a experiencias tan dramáticas como los desalojos, que la intervención del Estado no agudice la vulnerabilidad de niños, niñas y sus familias y que las instituciones que están involucradas en estas intervenciones, cuenten con protocolos de protección de niños, niñas y grupos vulnerables.

En la carta señalan su preocupación por el desarrollo de procesos de intervención en territorios con familias altamente vulnerables, especialmente campamentos y tomas en la Región Metropolitana. Según manifiestan, se criminaliza a las personas que viven en campamentos y/o tomas, se les ve como una amenaza y se les convierte "en sujetos merecedores de todo tipo de violencia estatal, multiplicándose los llamados a ejercer prontos desalojos de esos territorios", especialmente contra las personas migrantes en el contexto del incremento de la violencia y el crimen organizado en Chile.

"Frente a estos llamados, manifestamos nuestra preocupación por las familias que no tienen relación con los delitos que se persiguen y requerimos a las instituciones del Estado a que se evite exponer a niños, niñas y sus familias a experiencias tan dramáticas como los desalojos, y que, si se diera como medida de última ratio, estos procedimientos consideren las directrices sobre desalojos establecidas por organismos de derechos humanos, como las Naciones Unidas" expresa la carta.

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Las organizaciones firmantes solicitan al gobierno y especialmente al Presidente Gabriel Boric que "se considere la protección especial que corresponde a niños y niñas, más aún si son migrantes. Subrayamos que los derechos de la niñez en contextos de desalojos están respaldados por instrumentos internacionales de protección de derechos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Estos instrumentos establecen la necesidad de considerar el interés superior de los niños y niñas, su derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el acceso a la vivienda; a la protección contra la discriminación y la violencia, a ser protegidos contra la separación de sus familias; a ser escuchados, a participar en decisiones que les afecten, entre otros".

La carta también expresa una alerta "sobre el tratamiento de los medios de comunicación sobre situaciones que involucran a personas migrantes, donde están expuestos niños, niñas y adolescentes, como los desalojos. La pobreza y la vulnerabilidad no pueden ser tratados como un espectáculo o morbo. Las niñas, los niños y adolescentes merecen dignidad y respeto, al igual que cualquier persona".

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Corporación Colectivo Sin Fronteras, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Comunidad Haitiana en Chile, Organización Migrantas, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Colectiva Mujeres Afrodiaspóricas, Fundación Andrés Bello Migrantes Venezolanos, Fundación SITADEL, Movimiento de Acción Migrante, entre otras decenas de organizaciones de migrantes y de derechos humanos.

Foto principal: gobernación Antofagasta