[Paola Henríquez- mapuexpress.org – resumen.cl] El recurso fue presentado por la  Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD) Pewma Lafkenche, a favor de 6 niños y niñas, de entre 6 meses a 10 años de edad, que vieron vulnerados sus derechos tras los hechos acontecidos el 30 de marzo recién pasado, cuando una caravana de Carabineros percutó continuos disparos en contra de casas y al aire, por todo el sector de Cuarapaillaco en Tirúa.

La acción legal fue presentada el jueves ante la Corte de Apelaciones de Concepción a manos de la abogado de la institución, Belén Zarate, en contra de Carabineros de la Prefectura de Arauco, quienes perpetraron estos hechos después que dos Carabineros resultaran heridos en la comuna de Tirúa, en el sector de Curapaillaco.

El operativo estuvo a cargo del teniente de la Sipolcar de Arauco, David Gaete, cuya unidad ha participado en múltiples acciones violentas contra comunidades mapuche, destacando la tortura a 8 comuneros de Lov Choque en febrero de 2016 y diversos procedimientos con que comuneros han sido cargados con armas y municiones.

Al respecto, el recurso de amparo señala:  "Es del caso que los efectivos policiales que se encontraban al interior de los móviles apuntaban con armas de fuego, disparando perdigones y/o balines a todo quien se encontrara en la mencionada ruta, inclusive al interior de casas que colindan con aquel camino, en donde estaban alojados de manera tranquila y pacífica niños y niñas ya individualizados junto a sus familias, quienes fueron testigos directos y presenciales de los graves hechos de violencia acaecidos aquella tarde, entre los que destacan el impacto de perdigón sufrido por don Miguel Huenchuñir Liviqueo, y múltiples detenciones ilegales".

Miguel Huenchuñir en ese momento viajaba por la ruta de Curapaillaco-Ralum, en su vehículo junto a su esposa Marisol Maril y su hijo de 2 años y 10 meses, quienes interpusieron una querella criminal contra quienes resulten responsables.

Los menores resultaron afectados por encontrarse inmersos en las balaceras que percutó la caravana de Carabineros estando a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde resultaron dos carabineros lesionados durante ese día.

En el siguiente video pueden ver las declaraciones de los afectados:

Vulneración sistemática de la infancia

Los niños y niñas de la comunidad fueron los principales testigos de este escenario de violencia, manifestando características de afectación emocional, tales como síntomas ansiosos, conductas agresivas, trastornos del sueño, ansiedad de separación y miedo focalizado a la presencia de vehículos en los espacios públicos, señala el estudio psicológico realizado por el equipo técnico de la OPD.

En este contexto, los niños y niñas de la comunidad afectada, han sido víctimas y testigos de episodios con alto contenido de violencia constantemente, lo cual afecta de forma directa su bienestar emocional, alterando su vida cotidiana y vulnerando los derechos que el estado debiese garantizar y resguardar. "Es importante destacar que Carabineros de Chile tiene un importante despliegue militar dentro del territorio", menciona el escrito.

 "Los hechos ocurridos la tarde del 30 de marzo no son los únicos ocurridos en el sector de Curapaillaco, precisamente en el mes de marzo del año 2016 la misma comunidad fue protagonista y víctima de hechos de violencia por parte de la fuerza pública del Estado, convirtiéndose la vulneración, restricción y privación de derechos, en un hecho sistemático y progresivo en el tiempo", declara el recurso de amparo en favor de 6 niños y niñas de Tirúa.

Un precedente favorable

Casi al mismo tiempo, el 26 de abril, se acogió otro recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que alegaba uso de fuerza desmedido por parte de la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros en un allanamiento que realizó a una familia en el Lof Muküpulli de la comunidad Juan Catrilaf II, en Padre Las Casas.

"Los antecedentes existentes, y de lo expuesto por los intervinientes en la audiencia, en especial cuando el representante de la parte recurrida reconoce que el que hayan sido privados de libertad o apuntados con armas los moradores del domicilio, mientras se desarrollaba la diligencia, era parte de lo que podía suceder, estos sentenciadores estiman que ha quedado en evidencia que en su ejecución, se han excedido los términos de la autorización concedida por el tribunal de garantía para la entrada y registro, la cual siempre y en todo caso, aun cuando expresamente no se diga, ha de realizarse con estricta sujeción a la legalidad vigente", reza la resolución judicial. Lo cual podría ser un precedente a la hora de que sea sentenciado el fallo.