Juan Contreras Jara / resumen.cl

Este lunes 29 de mayo, ocho de los once imputados en el caso Luchsinger-Mackay iniciaron una huelga de hambre indefinida, denunciando la vulneración de sus derechos desde su detención en marzo de 2016, por parte de la PDI, hasta la fecha. Los comuneros recluidos en la cárcel de Temuco alegan absoluta inocencia y exigen el fin de la Ley Antiterrorista, respeto al derecho de ser juzgados en un plazo razonable y el fin de su prisión preventiva.

Los presos políticos mapuche que iniciaron la extrema medida son; José Arturo Córdova Tránsito, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel y Eliseo Catrilaf Romero. Cabe consignar que la Machi Francisca Linconao y José Manuel Peralino, también imputados por este hecho, se encuentran con arresto domiciliario. Por otra parte, Sergio Catrilaf Marilef, acusado por el mismo hecho, se declaró en rebeldía y se mantiene prófugo desde febrero pasado.

Aquí puedes conocer la carta emitida por los presos políticos en Huelga de Hambre

En la actualidad, los comuneros cumplen más de un año recluidos bajo prisión preventiva en la cárcel de Temuco, tras el violento allanamiento realizado por el Equipo de Reacción Táctica de la PDI (ERTA) la madrugada del 30 de marzo de 2016 a las comunidades Lleupeco Vilcún, Tres Cerros y Rahuel del sector Lumahue, en la Región de la Araucanía. Los cargos que se les imputan a estas personas son de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista. Hasta el momento la única prueba que mantiene la Fiscalía es el testimonio que habría dado José Manuel Peralino a la PDI en octubre de 2015. Sin embargo, tiempo después, durante la audiencia del 30 de marzo de 2016, el comunero señaló que fue víctima de apremios ilegítimos por parte de funcionarios de la PDI, quienes lo coaccionaron para declarar contra los diez imputados restantes de la causa. "Encendieron una computadora y empezó a mostrarme imágenes de aquí, de los cabros presentes. Me empezaron a mostrar imágenes de los cabros y me dijo: ¿conocís a este?, ¿conocís a este otro?, ya po weón di que sí. Me decía el Vilches (funcionario de la PDI): si tú los conocís, si son éstos, por último yo te ayudo. Yo le dije sí weón, los conozco, por miedo. De ahí me dijo firma aquí, tenís que firmar, y estos son (mientras le mostraba fotografías de los imputados). Le dije ya sí son éstos. Después entró el fiscal Chiffelle y me dijo: Peralino firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo. Igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando", expresó.

Manuela Royo Letelier, abogada defensora de los imputados en el caso Luchsinger-MacKay, detalló a Resumen las exigencias que motivaron a los presos a iniciar esta huelga de hambre, las cuales aluden a distintas irregularidades presentes en su caso. «Por una parte, ellos exigen que no se les imponga la Ley Antiterrorista al momento de revisar sus medidas cautelares, ya que en este momento son inocentes y lo cierto es que desde 2010 ninguna persona ha sido condenado bajo esta figura penal, ni siquiera el Machi Celestino Córdoba». Además agregó que «los comuneros ven con mucho escepticismo como el querellante está dilatando el juicio, querellante que se muestra partidario a Sebastián Piñera y que está dentro de su proyecto político. Entonces vemos como hoy en día este juicio, mas allá de una búsqueda de justicia o de responsables, está funcionando como una plataforma política».

Otra de las exigencias tiene que ver con la figura penal de prisión preventiva, medida arbitraria que los tiene presos hace un año y tres meses, sin un juicio de por medio. Sobre esto, la defensora añadió: «El articulo N°140 del Código Penal determina que para imponer o mantener la prisión preventiva debe haberse acreditado la participación en los hechos, además de que estas personas sean un peligro para la sociedad, pero aquí tenemos comuneros sin antecedentes penales, que no se les ha acreditado su participación en los hechos, es por esto que el Tribunal de Garantía ha otorgado la libertad a estas personas, pero la Corte de Apelaciones, al revisar los antecedentes, por estar presente la Ley Antiterrorista, revoca la medida y vuelven a ser privados de libertad».

Por último y con respecto al evidente aplazamiento del juicio (un año y tres meses), Royo Letelier indica que «esta medida [la huelga de hambre] la iniciaron debido al tiempo que llevan privados de libertad y a la estrategia del querellante, Jorge Luschinger Mackay, de presentar un requerimiento en el Tribunal Constitucional, medida que podría suspender la causa y aplazarla por un año más, tiempo en que los imputados, privados de libertad, tendrán que pasar en las mismas condiciones».

Este caso configura otra arista más dentro del contexto de represión que vive el pueblo Mapuche, fuera y dentro de las comunidades, ejemplos como el de Lorenza Cayuhán y su hija Sayén, dan testimonio de aquello. Con respecto al impacto de este hecho en la sociedad, la abogada defensora expresó que «para los presos y sus familias, cualquier forma de apoyo es válido; son personas que están llevando a cuestas la prisión política durante mucho tiempo y cualquier forma de manifestación y expresión son muy valorados por los imputados y sus familias.»

Foto principal: Machi José Córdova.