Se trata del ex oficial de Carabineros, Alberto Fernández Michell, condenado a principios de este año.

Por Diego Chacano

Este ha sido un año ajetreado para los familiares de los 19 obreros asesinados en la llamada masacre de Laja-San Rosendo. Si bien a principios de año la Corte Suprema falló confirmando las condenas de los ejecutores materiales directos, a mediados del mes pasado se reabrió la herida de las agrupaciones luego de que la ex senadora, Jaqueline Van Rysselberghe, intentara imposibilitar mentalmente a uno de los asesinos de cumplir su condena.

José Otárola, no sería el único condenado que intentó librarse de cumplir su pena, pues en estos momentos, dos de los violadores de derechos humanos con sentencia ejecutoriada se encuentran prófugos de la justicia: Alberto Juan Fernández Michell (ex oficial que dio la orden de matar) y Mario Sebastián Montoya Burgos (ex carabinero).

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En conversación con RESUMEN, Emilio Araneda, Vocero de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo, detalló las penas que la Corte Suprema ratificó para ambos condenados; Alberto Fernández debe pagar con una cadena perpetua y Mario Montoya debiese cumplir 15 años y un día por "estar involucrado directamente en la matanza, como autor material de los hechos", sin embargo, ambos no han comenzado a cumplir sus sentencias.

Emilio Araneda explica: "En materia de llevar a dar el cumplimiento de las condenas, es una labor que el ministro de la causa ya instruyó a la Policía de Investigaciones en el área del Departamento de Derechos Humanos, quienes son los que tienen la obligación de ubicar, detener y trasladar al cumplimiento de la pena a la cárcel que el propio ministro haya designado para los condenados".

"Es una situación para los familiares de un poco de desesperanza, porque hay que decirlo, habiendo sabido con mucha antelación la condena efectiva que se iba a producir, a estas personas no se les produce un arraigo ni un control en sus hogares para que en su minuto, cuando saliera la condena definitiva, pudiesen dar cumplimiento a las penas", comentó el vocero de los familiares.

Respecto a la situación de Fernández Mitchell, el ministro Aldana ordenó hace meses la apertura de un cuaderno secreto con diligencias para su captura. Mientras que el abogado querellante, Adolfo Montiel, señaló que, la defensa de los condenados "ha pedido nulidad, otros están enfermos, algunos están prófugos" y eso ha perjudicado a los familiares.

La masacre

"Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC", así rompía el pacto de silencio -que duró 38 años- el cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme cuando el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó.

Los hechos ocurrieron a solo siete días del golpe de Estado, sin embargo, hay que considerar que desde el día 13 de septiembre ya se había puesto en marcha el plan, y con ello el arresto de dos profesores y obreros tanto de Ferrocarriles como de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

El fallo judicial señaló que los efectivos de Carabineros se llevaron a las 19 personas de Laja y San Rosendo al Fundo San Juan de la comuna de Yumbel. Se les bajó del vehículo portando carabinas y fusiles, se les amarró y disparó luego de ser ordenados por Alberto Fernández Michell.

47 años después, el ministro Carlos Aldana condenó a los nueve carabineros en retiro por homicidio calificado. Sus nombres: Alberto Juan Fernández Michell, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utreras, Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, José Jacinto Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Moya Burgos, Manuel Enrique Cerda Robledo y a Anselmo del Carmen San Martín Navarrete ( condenado a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, como encubridor).

Es importante destacar la participación que tuvo la empresa CMPC en la masacre, según las pericias efectuadas en su momento, La Papelera abasteció a Carabineros con alcohol, transporte e incluso cal para tapar los cuerpos. En 2021 la Corte de Apelaciones de Concepción estableció una condena al -en ese entonces- jefe de Seguridad de La Papelera, Pedro Jarpa Forester, por facilitar "la detención de estos trabajadores de la misma empresa, proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían de la planta frente a Carabineros".

Los familiares de las víctimas declararon en su momento: "Se refuerza nuestra convicción de que dicha empresa papelera y sus agentes, efectivamente permitieron, alentaron y facilitaron la consumación del designio criminal, como consta irrefutablemente en la investigación del Ministro Carlos Aldana, en las consideraciones tenidas en vista por la Corte de Concepción y en las reflexiones y consideraciones hechas suyas en el fallo de la Corte Suprema -suministro de vehículos, cal para cubrir los cuerpos de las víctimas, propiedad o tenencia del predio donde las víctimas fueron sacrificadas, proporción de choferes de la propia compañía, etc-".