El proyecto de Indulto General está siendo discutido en el Senado desde diciembre de 2020. Pasó ya por las comisiones de DD.HH. y Seguridad Pública, pero hace meses permanece entrampado en la de Constitución, obstáculo para que sea discutido y votado finalmente. Desde las familias responsabilizan directamente al presidente de la comisión, Pedro Araya (PPD), de la extensa dilatación del proceso por parte de la cámara alta.

Por Juan Contreras Jara

Hasta el Congreso Nacional en Valparaíso llegaron familiares de prisioneros y prisioneras políticas del Estallido Social, luego de conocerse la decisión del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), de aplazar nuevamente su votación, excusando la necesidad de realizar aún más jornadas de discusión del proyecto.

Para las familias, la decisión no hace otra cosa que extender el castigo y la persecución política contra todas las personas presas por manifestarse durante el Estallido Social, quienes en algunos casos llevan un año y medio en prisión preventiva.

Pedro Araya | Fotografía: BCN

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Desde las afueras del Congreso Nacional, familiares y redes de apoyo de las y los presos políticos interpelaron con megáfono en mano a Araya, recalcándole que «no es necesario llevar más abogados, más testimonios, usted sabe de que se trata este proyecto. No maquinee más ni ensucie más la vida de nuestros jóvenes».

Agregaron que «el llamado de las familias es desde la desesperación. Ya todas las iniciativas se agotaron, no queda otra salida que es la ley de Indulto General. A los cabros se les está yendo la vida en esos muros de miseria«.

Aún no hay claridad en los plazos que manejará el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, por lo que las familias y redes de apoyo que se manifestaron en el Congreso Nacional hicieron un llamado a acompañar dicho proceso legislativo y a presionar desde las calles la ley de Indulto General.

La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.

Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que decidieron salir a manifestarse durante el Estallido Social.

Fotografía principal: Piensa Prensa