[resumen.cl] Pese a haberse pensado para este martes, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, comunicó que el proyecto de ley de Indulto General de las y los presos políticos del Estallido aún no será votado debido a que realizarán más jornadas de discusión. El hecho ha sido ampliamente rechazado por la lentitud de dar una solución política.
Para este martes se encontraba fijada la votación del proyecto del Indulto General (Bol.N° 13941-17) a las y los presos políticos del Estallido Social en la Comisión de Constitución del Senado, donde se encuentra entrampado su trámite.
Sin embargo, la jornada del pasado lunes el presidente de la Comisión, Pedro Araya (quien posee vínculos en el PPD), informó que la votación no podría realizarse porque continuarán recibiendo personas para exponer en el espacio amparándose en la falta de sesiones de discusión.
El hecho fue ampliamente criticado por las redes de apoyo y familiares de las y los presos políticos considerando la dilatación que ha tenido el proyecto pese a su urgencia, donde la Asamblea Nacional de Familiares de Presas y Presos Políticos de la Revuelta ha planteado que «esta es una salida política a un conflicto tan latente en nuestro país y que abarca a muchas familias chilenas».
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La necesidad de concretar el indulto general en la Comisión de Constitución del Senado
El proyecto de indulto general está siendo discutido desde diciembre de 2020 y durante siete meses ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y ahora de Constitución del Senado.
La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.
Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que decidieron salir a manifestarse durante el Estallido Social.