Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.

Por DECOIN y OLCA

Este lunes 31 de enero de 2022, y luego de haber sido reagendada, se llevará a cabo la Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

La acción se dirige contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales protagonizados por la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile – CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, considerando el peligro inminente en el que está el territorio de Intag ante el proyecto que pretende explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año.

La zona donde busca instalarse este proyecto es el hogar de diversas especies, entre las que se encuentran las ranas nodriza confusa (Ectopoglossus confusus) y arlequín hocicuda (Atelopus longirostris). La primera en peligro de extinción, y la segunda oficialmente extinguida y redescubierta en 2016, según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN). Ambas especies solo existen en esta zona del planeta, pero no son las únicas en riesgo. Con ellas, hay otras quince especies más en peligro de extinción en el lugar que busca ser explotado.

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El año pasado, en un caso que hizo noticia mundial, las ranas ganaron una acción constitucional que luego fue anulada por la Corte Provincial de Imbabura. El nuevo juez del caso lo desestimó sin motivos.
Esta nueva acción busca proteger tanto a las especies en peligro de extinción como a las comunidades humanas violentadas en su derecho a consulta. Todo, en aplicación de los artículos 73, 398, 61 (numeral 4) y 71 de la Constitución de Ecuador.

Pese a que el derecho a la consulta ambiental está reconocido desde 1998, el Estado ecuatoriano lo ha violado sistemáticamente a comunidades a las que afecta con actividades extractivas. Sin consulta previa, el Estado ha actuado como emisor de licencias con mediocres estudios de impactos ambientales que expresamente ignoran información relevante sobre biodiversidad única, procesos de la naturaleza y las vidas de comunidades.

Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.

En este sentido, también se ha emplazado a la empresa Codelco, estatal chilena, exigiendo el retiro del proyecto Llurimagua y dando término a las vulneraciones de derechos protagonizadas por ambas empresas estatales, tanto a las comunidades que habitan el territorio como también a los de la propia Naturaleza.