Reforma previsional: Cotizaciones seguirán financiando a los grupos económicos y el Estado continuará parchando el desastre de las pensiones

La noche de este miércoles, el presidente Gabriel Boric dio a conocer la tan anunciada reforma previsional, en la que se ha enfatizado el término del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciéndose como propuesta la instauración de un sistema mixto donde convivan gestores de inversión privados y público.

Por J. Arroyo Olea

La propuesta considera elementos del programa de Gobierno que planteó Boric durante su candidatura, donde se expresó que "las fuentes de financiamiento del sistema de pensiones sean mixtas, combinando las contribuciones a la seguridad social de trabajadores(as), empleadores(as) y el Estado".

En este sentido, las AFP como instituciones serían reemplazadas por gestores privados y una opción pública "con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales", lo que se explica mañosamente como una "libertad de elegir", cuando en realidad no existe la opción de escoger un sistema diferente -como un sistema de reparto- al de capitalización individual: "el sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones, opción que hoy día no existe, pues todos estamos obligados a estar en una AFP", señaló Boric.

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En este sentido, la propuesta del Gobierno no recoge los elementos que desde hace años ha impulsado la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores No + AFP, respecto a un sistema de reparto, solidario y tripartito; sino que facilita la convivencia de instituciones público-privadas y mantiene a las pensiones de miles de trabajadores y trabajadoras como fuente de financiamiento para el gran empresariado.

Respecto al financiamiento del nuevo sistema, Boric apuntó a la mantención de las tres fuentes de recursos: cotización individual -central para el modelo de AFP- financiada por trabajadoras/es, aportes estatales mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU) -aumento que dependerá de la aprobación de la Reforma Tributaria- y la aparición de un Seguro Social que será financiado por los empleadores con hasta un 6% de cargo.

Esta distribución del financiamiento vuelve a concentrar el resultado de las jubilaciones en la cotización que cada trabajador/a pueda realizar individualmente durante su vida laboral y se apoyará nuevamente en los aportes fiscales, asumiendo el Estado la responsabilidad económica por la continuación del desastre previsional sostenido por un modelo que utiliza las pensiones para financiar a los grandes grupos económicos.

Asimismo, en la cadena nacional del mandatario existieron elementos que, pese a estar en su programa político, no fueron abordados, lo que da luces de un reacomodo de la legitimidad de la privatización de la seguridad social en las coaliciones políticas gobernantes.

Tal es el caso de la explicación de gobernanza del órgano público -en su rol de gestor de inversión-, el que debería contemplar representación incidente de las y los trabajadores; como también el término de sistemas de pensiones diferenciados, como lo son Capredena y Dipreca, donde se han beneficiado militares y efectivos policiales, y la creación de un servicio público de administración que fuera sucesor de ambos sistemas de cajas.

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