El Juzgado de Garantía de Concepción amplió la investigación que involucra a Camila Polizzi y otros imputados en un esquema de defraudación al Gobierno Regional a través de fundaciones, suplantaciones y operaciones ilícitas.

Este lunes, el Juzgado de Garantía de Concepción reformalizó a Camila Polizzi, Sebastián Polanco y otros involucrados por delitos de estafa, fraude al fisco, usurpación de identidad, omisión tributaria y lavado de activos, en el marco de un esquema que habría defraudado al Gobierno Regional de Biobío en más de 250 millones de pesos.

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El Juzgado de Garantía de Concepción encabezó la reformalización de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en contra de Camila Alondra Polizzi Fonceca, Sebastián Nicolás Polanco Torres y otros imputados, por una serie de delitos vinculados a la defraudación de fondos públicos.

El magistrado Marcelo Bustos Vergara, quien dirige la causa (rol 5.357-2023), accedió además a ampliar el plazo de la investigación en 60 días adicionales, dada la complejidad de los hechos y el número de involucrados.

La Fiscalía imputó a Polizzi y Polanco los delitos de estafa, usurpación reiterada de identidad, omisión fraudulenta en declaración de renta y lavado de activos. A su vez, Matías Godoy Alarcón enfrenta cargos por omisión tributaria y lavado de activos; Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina fueron formalizados por fraude al fisco; y Diego Polanco Torres, Luisa Fonceca Galaz y Eduardo Quezada Fuentes, por lavado de activos.

Durante la audiencia también se formalizó a Rodrigo Alarcón Quezada y Patrick Carrasco Candia, quienes quedaron bajo medidas cautelares de firma semanal, arraigo nacional y, en un caso, arresto domiciliario nocturno.

Esquema de defraudación

Según relató el Ministerio Público, los hechos se remontan a 2021, cuando Polizzi participó en la campaña electoral de Rodrigo Díaz Wörner, actual gobernador regional. Durante esta etapa, habría establecido vínculos con funcionarios del Gobierno Regional como Rodrigo Martínez y Rodrigo Alarcón.

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Ya en 2022, Polizzi gestionó un proyecto ante el Gobierno Regional para financiar su fundación "Conce Solidario". Debido a que su fundación no cumplía con los requisitos legales de antigüedad, los funcionarios involucrados le sugirieron utilizar otra fundación con mayor tiempo de existencia, así como un organismo técnico para la ejecución de capacitaciones.

Así, Polizzi y Sebastián Polanco pactaron con Gerardo Silva, presidente de la «Fundación en Ti», el uso de su organización a cambio de 10 millones de pesos. Con esta fachada, presentaron un proyecto por 250 millones de pesos para actividades que finalmente no se realizaron. Informes falsificados, firmas adulteradas y uso indebido de la firma electrónica de Silva permitieron dar apariencia de cumplimiento al proyecto.

Además, Polizzi obtuvo un poder amplio sobre la fundación, abriendo cuentas corrientes a su nombre desde donde giró los fondos hacia compras de bienes personales, como vehículos.

En paralelo, a través de la OTEC Frumisal, adquirida por otros imputados, se emitieron facturas falsas por servicios inexistentes por montos superiores a los 30 millones de pesos. También se utilizaron boletas ideológicamente falsas emitidas por la empresa Eqos.

Las ganancias ilícitas se blanquearon mediante retiros en efectivo, gastos en supermercados, restaurantes y tiendas de ropa, además de la compra de vehículos utilizando terceros, como su madre, Luisa Fonceca Galaz, para ocultar la titularidad de los bienes.

El perjuicio fiscal también alcanzó al Servicio de Impuestos Internos, ya que no se declararon rentas correspondientes al ejercicio 2023, pese a facturar más de 168 millones de pesos a través de la OTEC Frumisal.

Finalmente, pese a las alertas emitidas por el presidente de la «Fundación en Ti» sobre las irregularidades, los funcionarios del Gobierno Regional involucrados no realizaron las fiscalizaciones debidas.

La investigación sigue en curso y se espera que nuevos antecedentes sean incorporados en los próximos 60 días.