En junio de 2023 la empresa solicitó al Ministerio de Energía ampliar el plazo de la ejecución del proyecto Central Rucalhue a 65 meses, lo cual fue aprobado por la cartera encabezada por Diego Pardow. mientras aún el titular busca que la hidroeléctrica sea declarada como interés nacional y se mantiene la criminalización de una decena de jóvenes movilizados en defensa del río Biobío.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana se publicó en el Diario Oficial la modificación al decreto del Ministerio de Energía que entrega a la empresa Rucalhue Energía SpA la concesión eléctrica definitiva para la construcción del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue.

La publicación se da luego que en agosto de este año el Ministerio de Energía resolviera acceder a a solicitud de la empresa de capitales chinos para extender el plazo de la construcción de obras, modificando el cronograma de obras producto de acciones de movilización de la comunidad local y organizaciones sociales, como también por propias gestiones de la empresa que han sido rechazadas por organismos públicos.

En este contexto, desde las organizaciones Movimiento Autoconvocado Santa Bárbara, Comité Medioambiental Rucalhue, ONG We Kimun y Ríos Libres informaron mediante un comunicado que «este decreto presidencial no considera la serie de gestiones que han venido realizando tanto las organizaciones medioambientales del territorio donde se emplaza dicho proyecto como las instituciones locales, respondiendo a la presión ciudadana de amplio rechazo».

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Esto, luego que el Ministerio de Energía rechazara en mayo de este año la solicitud de caducidad de la concesión eléctrica por los retrasos del proyecto, planteando una ausencia de gestiones. En dicha ocasión, RESUMEN informó que el argumento de las organizaciones que apelaban a la caducidad se centraba en el incumplimiento de la empresa respecto a la construcción de la central, apuntando a que no se habría realizado el trámite respectivo para la extensión del plazo para darle inicio a la operación de la hidroeléctrica ante los notorios retrasos en sus obras.

Desde las organizaciones que se manifestaron en el reciente comunicado, declararon que «como movimientos socioambientales, emplazamos el urgente pronunciamiento de los alcaldes Pablo Urrutia de la Municipalidad de Quilaco, y Daniel Salamanca, de la Municipalidad de Santa Bárbara, junto con todas las autoridades que han manifestado este proyecto como de no interés nacional, a sumarse al llamado urgente a la redacción de un Recurso de Reposición que permita impugnar la extensión otorgada».

Marcha en Santa Bárbara | Fotografía: Resumen

Respecto a la autorización ministerial, desde Energía declaran que la empresa «solicitó nuevamente a este Ministerio la modificación del artículo 13° del DS N° 20/2018, en el sentido de ampliar de 35 a 65 meses el plazo total para la ejecución del Proyecto, contados desde la fecha de inicio de las obras», lo cual fue aprobado.

Mientras tanto, sigue en tramitación la solicitud de declaración de interés nacional por parte del proyecto. El interés nacional es fundamental para el proyecto hidroeléctrico, debido a que lo necesita para proceder con la tala de las especies guindo santo y naranjillo que se encuentran en el lugar, las cuales además verían afectadas su hábitat. Anteriormente la empresa ya anunciaba que «la corta es indispensable para el Proyecto y que sin ésta no puede continuar con su construcción«, y fue rechazado por diversos organismos su declaratoria, siendo ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Actualmente, un nuevo proceso está en trámite, donde la mayoría de las instituciones que se ha pronunciado lo ha hecho apuntando a rechazar el interés nacional del proyecto hidroeléctrico.

20 de septiembre

Sumado a este proceso, se encuentra vigente el proceso judicial contra jóvenes imputados en el contexto de conflicto que se vive contra la Central Rucalhue.

Son 12 las y los jóvenes que han sido criminalizados por acciones de protesta contra el proyecto relacionadas a la ocupación de terrenos para frenar el avance de obras. De estas, 11 se mantienen en el proceso judicial, cuya primera audiencia se realizó el 19 de julio, tras la cual Patricia Cuevas, abogada de 7 personas defensores/as, señaló que «no estaban en condiciones de tomar tan rápido una decisión tan importante respecto de esta causa, es una decisión jurídica que tiene que ser bien conversada», por lo que se solicitó una nueva fecha para discutir los antecedentes y ver con mayor detención una salida alternativa, estableciéndose una nueva audiencia para este 20 de septiembre.

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Fotografía principal: Presidencia | CNE