[resumen.cl] El pasado jueves 9 de enero en el auditorio EmpreUdeC de la Universidad de Concepción se presentaron los principales resultados del informe a las Naciones «Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencias». Varios de los autores y autoras expusieron durante la mañana sus principales conclusiones. Este informe fue elaborado por el Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) asociado a la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, patrocinado por esta última y financiado por Conicyt.

Tras la presentación de los principales resultados del informe, Verónica Delgado Schneider, profesora de derecho ambiental de la UdeC e investigadora del CR2 nos comentó las principales características en la legislación chilena que hacen vulnerable nuestro territorio a la ocurrencia de incendios forestales.

En este momento: los/as investigadores/as (CR)2 @verodelgadosch, Mauro González, Alejandro Miranda y Rodolfo Sapiains, comentan de forma interdisciplinaria los aspectos abordados en el #InformealaNación «Incendios en Chile» | Modera Ana María Ugarte pic.twitter.com/qmP2RCaLlY

-- Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (@CR2_uchile) January 9, 2020

La académica explicó que la legislación ambiental chilena es débil tanto para prevenir como para evaluar los impactos ambientales y sociales derivados de los grandes incendios forestales. «Si los megaincendios forestales son fenómenos asociados a las olas de calor, a las mesgasquías, a los vientos cambiantes y la hemogeneidad del paisaje como dicen los expertos, entonces tenemos que mirar como es nuestra legislación, y nuestra legislación en estos temas es precaria, es deficiente. No está centrada en la prevención de los incendios, sino que está centrada en el combate del incendio o cuando el desastre ya ocurrió, y así y todo es una legislación precaria. Pero donde prácticamente no existe es en la prevención de los incendios».

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Verónica explicó que no hay casi regulación en el borde urbano y rural, donde la vegetación, muchas veces monocultivos, genera un alto riesgo para la población. «No tenemos buena normativa para los planes de manejo, no tenemos buen ordenamiento territorial, los planes reguladores no tienen regulada la interfaz urbano rural donde prohíban las construcciones o las plantaciones»

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Con respecto a los organismos del Estado que podrían hacer frente a esta problemática, Verónica indicó que «No existe tampoco una institucionalidad coordinada. Se esta modificando la CONAF para transformarla en el Sernafor, se está transformando la ONEMI para transformarla en una institución más moderna relacionada al riesgo de los desastres, pero estamos todavía realmente en una situación de precariedad»

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Verónica comentó que «Hemos tenido propuestas muy concretas también para la sequía, en relación al ordenamiento del territorio pensamos que los planes regionales de ordenamiento territorial aprobados hace algunos años para Chile y que no se han implementado todavía y que deberían implementarse ahora con la llegada de los gobernadores regionales, es una excelente oportunidad para que cada región defina en su plan regional de ordenamiento territorial ciertas áreas en que no convendría poner de manera homogénea tanto combustible o biomasa disponible para un megaincendios».

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La académica apuntó a la idea a de concentrar los subsidios estatales o bonificaciones a la restauración de bosques nativos que podrían mantener el aprovisionamiento hídrico y diversificar el paisaje, para mejorar la prevención ante incendios forestales catastróficos. Algo que va en sintonía con anteriores propuestas campesinas, mapuches y de organizaciones vecinales en los bordes urbanos. «Pensamos que se tienen que crear instrumentos que avancen más que a subsidiar o bonificar actividades de forestación, actividades que tengan por finalidad la mantención de los bosques nativos, las labores de conservación o restauración de los bosques nativos, y que sea la ley de bosque nativo que tenga estas bonificaciones que atiendan por ejemplo a la restauración del bosque después de un incendio porque eso también se traduce en prevención para el futuro» indicó la académica.

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En su exposición, Verónica Delgado se refirió a la escasa o nula evaluación ambiental del impacto de las plantaciones forestales en el tiempo, y particularmente con los megaincendios. La abogada explicó que «El Sistema de Evaluación ambiental considera como uno de los proyectos obligados a someterse evaluación ambiental proyectos forestales siempre y cuando superen ciertas dimensiones o hectáreas, y para esta región no supera las 400 hectáreas. Sin embargo nunca ha entrado a evaluación ambiental un proyecto de esta naturaleza, es una especie de letra muerta, entonces tenemos que repensar si el problema esta en que tenemos que bajar las hectáreas o siempre los proyectos van a ser menores a esas hectáreas, ¿Es justo o no? ¿Tenemos que evaluar esos proyectos ambientalmente, si o no? Si la conclusión es que si, que este es el instrumento, vamos a tener que cambiar el reglamento porque hoy no está funcionando» apuntó.