El Senado de Chile la noche de este miércoles el proyecto de royalty minero, devolviéndolo a la cámara baja para una votación final en un tercer trámite legislativo que podría tener lugar la próxima semana y así convertirse en ley. El royalty representa una medida de mitigación al Estado por la explotación de recursos no renovables y que es aplicada en la mayoría de los países desarrollados del mundo que no tienen un control estatal sobre estos.

Por Alejandro Baeza

A principios de semana, el Gobierno señaló que había llegado a un acuerdo con los senadores para reducir la tasa impositiva máxima del 47% al 46,5% para las empresas que producen más de 80.000 toneladas de cobre fino al año, y al 45,5% para la producción en el rango de 50.000 a 80.000 toneladas.

El proyecto de ley había propuesto inicialmente un tope del 50%, pero este fue derribado repetidamente en medio del debate legislativo y las críticas de la industria minera.

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La iniciativa tuvo 38 votos a favor, dos en contra, Carmen Gloria Aravena y Rojo Edwards; y una abstención, de Luz Ebensperger.

El proyecto de ley es parte del plan más amplio del gobierno para reformar el sistema tributario del país, una parte clave del cual fue archivada por el Congreso en marzo.

También establece un impuesto ad valorem del 1% sobre las ventas de cobre de empresas que superen las 50.000 toneladas de cobre fino, así como un impuesto que oscila entre el 8% y el 26%, dependiendo del margen operativo de la minera.

Asimismo, incluye la creación de tres fondos para distribuir fondos entre los Gobiernos Regionales y las comunas mineras, por un total de 450 millones de dólares, un tercio de la recaudación anual del proyecto estimada por Hacienda, que supuestamente equivaldría al 0,45% del PIB.

Desde la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), gremio que agrupa a las empresas privadas que explotan el cobre nacional, emitieron un comunicado su desacuerdo con la iniciativa. Esto, pese a que la figura del royalty representa solamente una medida de mitigación al Estado por la explotación de recursos no renovables y que es aplicada en la mayoría de los países desarrollados del mundo que no tienen un control estatal sobre la minería.