Un nuevo caso de violación a los Derechos Humanos tienen a militares desfilando por tribunales. Esta vez se trata de ocho funcionarios del Ejército, quienes, tras detener a dos manifestantes en Temuco, durante el Estallido Social, los trasladaron hasta el cementerio general para simular su fusilamiento.

Por Juan Contreras Jara

En prisión preventiva quedaron ocho militares imputados por el delito de torturas, perpetrado contra dos manifestantes en Temuco, en octubre de 2019, en el marco del Estallido.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la resolución de primera instancia, que mantenía a los militares bajo las cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y firma mensual, cambiándola por la prisión preventiva, por tratarse del delito de tortura.

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Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2019, dos días después de iniciado el Estallido Social en Chile. En el marco de las protestas desarrolladas en la capital regional de la Araucanía, personal del Ejército habría detenido, golpeado y amarrado a dos manifestantes, para luego trasladarlos hasta el cementerio general. En dicho lugar, les habrían obligado a arrodillarse, mirando hacia una pared para realizar en el lugar un simulacro de fusilamiento en su contra.

Cabe destacar que, pese a la gravedad del hecho, el Juzgado de Garantía de Temuco tipificó, en marzo pasado, como apremio ilegítimo el accionar de los funcionarios del Ejército, dejándolos bajo cautelares menores.

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Ante esto, el fiscal a cargo de la investigación, sostuvo que el tribunal se acogió a lo requerido por el Ministerio Público debido a que, «tuvieron la finalidad de castigar a las víctimas por su participación en manifestaciones sociales».

Cabe destacar que este no es el único registro de funcionarios del Ejército simulando fusilamientos en La Araucanía contra detenidos en los últimos años. El 13 de octubre de 2020, un grupo de nueve militares detuvo en la comuna de Collipulli a cinco jóvenes mapuche, a quienes trasladaron hasta el sector Los Pinos, para obligarlos a lanzarse al suelo, estando amarrados y simular su fusilamiento. Tras el hecho, en septiembre de 2021, los 9 uniformados quedaron en prisión preventiva, apoyados en la versión de Fiscalía, que informó, entre otros, que «los rociaron con un líquido, presumiblemente un acelerante, señalando uno de los soldados: Hay que quemarlos».