La terquedad del Gobierno para frenar la tramitación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales pone de manifiesto la indolencia social de los gobernantes y la significación estructural que para los dueños del poder tiene el apropiarse de los ahorros de los cotizantes. Aunque desde el comienzo de la pandemia esta verdad emergió cual lava volcánica producto de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo afectando a la clase trabajadora, una y otra vez, Piñera y los suyos se encargan de mostrar los dientes y recordarnos que los poderosos no están dispuestos a soltar la presa bajo ninguna circunstancia, por apremiante que sea la situación que atraviese la población chilena.

Otra vez el gobierno en funciones intenta bloquear el acceso al mencionado tercer retiro recurriendo al inexorable Tribunal Constitucional, la salvaguarda que la derecha económica y política tiene para proteger sus intereses y posiciones. La dura derrota sufrida en ambas cámaras del Congreso por Piñera y sus acólitos dejó al engreído mandatario en una incómoda posición de carencia de autoridad. En cualquier democracia verdadera esta realidad formal sería suficiente para exigir la remoción del presidente. Por otra parte, un mandatario con un poco de sentido político, ante semejante situación tendría la decencia de dimitir del cargo. Eso no ocurrirá con Piñera pues él gerencia no sólo los intereses propios y del gran empresariado sino que representa la esencia patronal y autoritaria de este sistema de dominación. Además, la soberbia y vanidad del personaje lo dotan de una absoluta ceguera política y social que se traduce en actitud totalitaria, como lo ha demostrado en reiteradas situaciones de su mandato, particularmente desde octubre de 2019 en adelante.

Sin embargo, este rotundo fracaso, pone sobre la mesa la existencia de realidades de fondo y de demandas precisas, traídas a escena por el Estallido Social pero convertidas en urgencias por la difícil situación económico-social provocada a partir de la pandemia del coronavirus. La ausencia de una política de protección social del Estado hacia su población y la profunda desigualdad social que aplasta a nuestro país son las aristas visibles que exigen la adopción de medidas prontas y efectivas para avanzar en soluciones radicales.

La más urgente de estas demandas es la de establecer una Renta Básica Universal, destinada a la población más necesitada. Desde que el Gobierno dictó las primeras medidas económicas de pandemia quedó sentado que la política gubernamental haría recaer sobre la clase trabajadora el peso de la crisis que acarreaba la situación sanitaria, y quedó establecido que la preocupación gubernamental apuntaba a privilegiar los intereses del gran empresariado nacional y extranjero. Las primeras cuarentenas sanitarias que mandaron para la casa a la masa laboral sin goce de sueldo y sin ayudas sociales efectivas fueron sólo el preludio; la inmediata Ley de protección del Empleo, vino a complementar esta ignominia y a brindar al empresariado un manto protector legal y un salvoconducto explotador.

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Desde hace ya un año que surgió la demanda que el Estado asumiera la asignación de una Renta Básica Universal destinada a los sectores más afectados. Durante todo este período de limitaciones y restricciones, la población no ha tenido de parte del Estado el apoyo que éste debe otorgar a sus habitantes, y la demanda social fue vilmente ignorada por los gobernantes en complicidad con el conjunto de la clase política. Los primeros, porque sólo les motiva proteger los intereses de los poderosos y defender sus sobreideologizadas visiones que niegan al Estado un rol activo en la protección de la población, de la economía, de los intereses nacionales; los segundos, porque en su rol de servidores del poder solo se han limitado a guardar un silencio decidor, o solo a sumarse a iniciativas surgidas desde los sectores populares.

Sin embargo, la solución de recurrir a los propios ahorros de jubilación, desnuda el abandono estatal y la incapacidad del Gobierno de brindar apoyos efectivos a la población. Los paliativos que han dispuesto los gobernantes no son un aporte masivo ni estable que garantice sobrevivencia. En ese contexto, la asignación de la Renta Básica Universal sigue siendo una demanda sin satisfacer por el Estado. Los argumentos utilizados por las facciones interesadas en negar este derecho social apuntan al discurso del financiamiento de este subsidio. La respuesta es simple. El financiamiento para ésta y otras demandas de la sociedad y de la población chilena siempre ha estado al alcance de la mano, al alcance de las posibilidades de las arcas del Estado, incluso - de ser necesario- hasta de las posibilidades de endeudamiento del Estado para cubrirlas. Lo que no existe ni ha existido de parte de los detentores del poder en Chile es la voluntad política para resolver legalmente la cuestión del financiamiento estructural y proceder, en consecuencia, a otorgar la Renta Básica Universal a los habitantes que lo reclamen.
En busca de eventuales soluciones de parche han surgido tímidas propuestas de aplicar un "Impuesto a los Super Ricos" y otras más tímidas consideraciones de una eventual reforma tributaria. Éste impuesto es una medida justa pero no suficiente para generar los recursos económicos fiscales en la medida necesaria; por lo que se requiere de la aplicación de otras disposiciones impositivas. Los llamados "Super ricos" en este país son una casta ínfima de poderosas familias que, en rigor, el impuesto formal extra aportaría pocos recursos económicos al erario nacional. Es decir, el gráfico de la desigualdad adquiere dimensiones grotescas cuando se trata de cuantificar su alcance en personas, en familias, en grupos, que no alcanzan a constituir más que un segmento marginal de la sociedad.

Algo parecido ocurre con las insinuaciones de reforma tributaria que surgen desde sectores de la clase política. Ya sabemos hacia dónde apuntan estos famosos "ajustes", "modernizaciones", "reformas" que ofrecen los administradores políticos. Finalmente, terminan siendo acciones de lavado de imagen de los super poderosos dueños del país, y juegos de maniobras económicas en donde lo que sale por un lado lo recuperan por otro, utilizando para ello resquicios o subterfugios que las propias "reformas" incluyen de antemano. En definitiva, estas propuestas no son más que voladeros de luces tendientes a proteger el sacrosanto privilegio de la desigualdad.

La cuestión del financiamiento de las obligaciones del Estado para con su población choca, en primer lugar, con el ya consabido sobreideologizado modelo dominante que parte del principio de limitar la influencia del Estado en la economía y destruir la capacidad resolutiva del Estado. Ese es el primer y principal escollo. El segundo escollo, es que se requiere de una profunda transformación del sistema tributario e impositivo del país. Una reforma real resuelve el problema del financiamiento pero afecta -inevitablemente- los intereses de los más poderosos, de los más ricos, de los "super ricos", del gran empresariado, de los financistas de la actual y descompuesta clase política. Es decir, la actual composición del congreso chileno está limitada por "conflictos de intereses" o condicionada por la necesidad de "pagar favores recibidos", como para atreverse a cargar a sus mecenas y patronos políticos con impuestos y gravámenes.

Una política tributaria y transformación real del sistema debiese partir por poner término legal a las groseras, inexplicables y abusivas exenciones tributarias de que gozan y se benefician los grandes potentados y de las franquicias que se le otorgan a otros diversos sectores para estrujar al Estado, aprovecharse de los recursos naturales y exprimir sin remilgos a la clase trabajadora. Terminemos con las exenciones y franquicias tributarias (exención a la ganancia de capital, exención especial para la construcción, deducciones y créditos fiscales por donaciones, exención de IVA a los servicios, entre otras tantas) y las arcas fiscales aumentarán considerablemente.

Junto con poner término a las exenciones y franquicias tributarias, debiesen aplicarse las medidas necesarias y las transformaciones adecuadas para poner término a la evasión y a la elusión de impuestos, prácticas utilizadas de modo común por el empresariado nacional. Además, se torna imperioso terminar con las asignaciones presupuestarias de privilegio para las instituciones de la Defensa Nacional (Fuerzas Armadas y policiales) que terminan siendo objeto de defraudaciones y robos a destajo de las arcas fiscales sin que se ponga fin a estos atropellos y sin que se puedan recuperar los montos defraudados. Del mismo modo, es necesario poner atajo al despilfarro de recursos del fisco en ciertas reparticiones, incluidos los aparatos de gobierno, del parlamento y cuerpo diplomático. Pongamos las cosas en su lugar y los recursos económicos comenzarán a estar disponibles en las arcas del Estado para financiar las necesidades y demandas de los habitantes del país.

La Renta Básica Universal, la igualdad de condiciones laborales, entre otras medidas estructurales, son las que permitirán ir corrigiendo la feroz desigualdad que existe en nuestro país y que ha quedado más que desnuda en el curso de la pandemia sanitaria. Ello permitiría avanzar de un modo específico y concreto hacia la redistribución de la riqueza (en realidad hacia la distribución de la riqueza que, hoy por hoy, permanece concentrada en un reducido segmento de la sociedad).

En cualquier caso, no es dable esperar a que Piñera y los suyos, se dignen a recapacitar y den pie atrás en sus manidas posiciones; por el contrario, se aferran a viejas artimañas para imponer sus propósitos, aunque sea disfrazándolos de otra cosa. Así fue, precisamente, como en la noche de ayer anunció su propio proyecto de tercer retiro, uno que le asegura los fondos a las AFP pues asegura el reingreso del dinero, incluso a costa del Estado, es decir, todo el pueblo chileno financiando un negocio privado fracasado y que entrega pésimas pensiones.

Este episodio del tercer retiro está siendo utilizado como pretexto para meter en una sola bolsa una "solución" mágica que englobe la cuestión del retiro, de los impuestos extras y de las reformas tributarias; un nuevo gran negociado con la clase política para seguir protegiendo el poder y a los poderosos.

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