Los representantes del Centro Ecocéanos, el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche, entregaron al presidente de la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín, una carta denuncia sobre el evidente conflicto de interés que afectaba al diputado UDI por la región del Bío-Bío, Jorge Ulloa Aguillón, durante el trámite y aprobación de la nueva ley de pesca.
La denuncia de las organizaciones señala que la empresa Cargo Service S.A. de propiedad de la cónyuge del diputado Ulloa, presta servicios de transporte de harina de pescado a la empresa Blumar S.A., compañía directamente beneficiada por 20 años renovables sucesivamente con el 12% de las cuotas de pesca industrial por parte de esta nueva ley de pesca.
Blumar S.A. es propiedad de Rodrigo Sarquis, quien es a su vez presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), entidad gremial que participó activamente en las actividades de lobby parlamentario durante la tramitación express de la ley conocida como ley Longueira de privatización pesquera.
La primera denuncia efectuada a la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados, ocurrió el 20 de diciembre del 2011, cuando Daniel Carrillo, presidente de la Juventud Socialista de la región del Bío-Bío, envío una carta con antecedentes al entonces presidente Patricio Melero (UDI). Nunca hubo respuesta ni acuso de recibo.
La segunda denuncia a la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara baja sucedió el 25 de enero del 2012, al entonces presidente Marco Antonio Núñez (PPD) , la cual tampoco fue respondida ni investigada.
La ahora tercera denuncia señala que según consta en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la empresa de Servicios Integrales Ltda. fue creada en 1997 bajo el nombre de fantasía de Cargo Service Ltda., siendo socios en partes iguales Jorge Ulloa y Eduardo Aravena Espinoza. Esta empresa operó hasta el 2004 realizando transporte para diversas empresas regionales.
En ese año, Siomara Concha Castagnon, esposa del diputado Ulloa, y María Luisa Urcelay Tapia, cónyuge de Aravena, constituyeron una Sociedad Anónima cerrada, denominada Cargo Service S.A., con el mismo giro que la precedente, que siguió prestando a conocidas empresas pesqueras industriales de la región.
Como es de público conocimiento, el diputado Ulloa a sido miembro permanente por mas de una década de la Comisión de pesca y acuicultura de la Cámara de diputados. Sin embargo no comunicó esta situación ni se inhabilitó para participar en los procesos de consulta, informes, discusión y decisión de esta controvertida ley, a pesar que la situación denunciada pudiera «comprometer su criterio, o dar ocasión a dudas de su imparcialidad, a una persona razonablemente objetiva», o favorecer directa o indirectamente, «sus intereses, o los de su cónyuge».
De los hechos expuestos, las organizaciones ciudadanas, de pescadores artesanales y pueblos originarios indican que «se puede colegir que se infringen gravemente una serie de normas del ordenamiento jurídico nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y Reglamentario. Para ello citan el artículo 8, inciso 1º de la Constitución Política, el artículo 5A de la ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso nacional y los artículos 6 y 7 del Código de Conductas parlamentarias».
Dada la gravedad de los hechos, los que se suman a la actual investigación que efectúa la Fiscalía de Tarapacá sobre posible cohecho o soborno existente en el caso de la diputada Marta Isasi por parte de Corpesca S.A., las organizaciones solicitaron se inicie una investigación exhaustiva de los hechos denunciados.
Comisión de Ética será informada del caso Ulloa
En la conversación de los representantes ciudadanos, de pescadores artesanales y de Pueblos Originarios, el diputado Patricio Vallespín se comprometió a informar oficialmente a los demás integrantes de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados respecto de los antecedentes del diputado Ulloa, incluir en uno de las sesiones de la Comisión un punto para tratar en profundidad la situación del diputado miembro de la Comisión de Pesca; y consultar oficialmente a los diputados Melero y Núñez de las acciones que realizaron luego de recibir oficialmente las dos carta de denuncia sobre estos hechos.
Luego de la reunión con Vallespín, Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos indicó que «esperamos que la Cámara de diputados inicie una investigación exhautiva de los hechos denunciados, los cuales se suman al caso Isasi. Estas situaciones afectan a lo que señala claramente el código de ética y transparencia de la Cámara de diputados. Cualquier respuesta basada en que la inhabilitación del diputado Ulloa, es un tema de carácter personal, agudizaría la percepción ciudadana de que el parlamento no resguarda un comportamiento de probidad y transparencia de sus miembros durante los procesos de elaboración de leyes».
Por su parte el pescador artesanal Cosme Caracciolo, miembro del Condepp señaló que «queremos que la Comisión de Ética de la Cámara, tal como investiga los actos de la diputada Marta Isasi, también investigue la situación de conflicto de interes del diputado Ulloa. Sabemos que este parlamentario por años ha sido el representante de los intereses de la gran industria pesquera en el Parlamento y debe ser investigado por el favoritismo que siempre le a dado a los empresarios».
Probidad y Transparencia parlamentaria bajo escrutinio
Las organizaciones están impulsando acciones para que se levante el anonimato de las transferencias de dinero desde las empresas pesqueras a los parlamentarios en el período 2009-2012, derogar la ley Longueira de privatización pesquera debido a los graves vicios de forma y fondo ocurridos en su tramitación y aprobación, incluída la no consulta obligatoria e informada a los pueblos originarios por parte del gobierno y parlamento chileno, en base al Convenio 169 de la OIT.
Mala Pesca: La depredación pesquera en Chile (documental en línea HD)
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