En su declaración a Fiscalía, Luis Martínez-Conde, detenido como sospechoso de participar en el asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, señaló que el crimen se produjo mientras se realizaba una quitada de droga o «mexicana» a conocido narcotraficante de la zona, dato que volvería a poner en debate el poder de fuego de las bandas de narco y desde dónde las obtienen.

Por Alejandro Baeza

Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, en apenas unas horas de discusión en el pleno, la cámara baja aprobó la «Ley Gatillo Fácil» o también llamada «Ley Naín-Retamal» para despacharla al Senado. Un proyecto que pretende que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento, una iniciativa criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y que fue impulsada en medio de la convulsión social producto de ciertos acontecimientos, utilizando perfectamente la «doctrina del shock».

Éste es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

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Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o «Ley Naín-Retamal», bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

La reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Por este crimen contra Olivera se encuentran detenidos Matías Peralta Parra, Edward Fuenzalida Leiva y Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva fueron reingresados a la cárcel de Valparaíso para completar la pena vigente que pesa sobre ellos.

En su declaración a Fiscalía, Luis Martínez-Conde señaló que el responsable del disparo fatal es Maximiliano Leiva y que su intención era robar droga de un conocido narcotraficante de la zona, es decir, una "mexicana".

"A Maximiliano, hace como una semana, le habían dado el dato de unos kilos de marihuana, específicamente de 100 kilos de cogollo, que se encontraban en una casa", declaró, para luego agregar que ésta pertenecería a "un narco que desconozco su nombre, pero sé que es de apellido Prezmita, que tiene camiones y además es pescador".

Tras la audiencia, la persecutora a cargo, Mónica Arancibia, precisó que "El Ministerio Público, lo que puede decir, es que lo que se sustrajo no fue droga, sino dinero, joyas y otras especies, incluyendo la llave de una camioneta (...) no alcanzaron a sustraer más, puesto que llegó Carabineros raudamente al lugar con las fatales consecuencias que ya conocemos".

Según relató la persecutora, el grupo de sujetos se concertó para entrar a robar en un domicilio, donde golpearon a los residentes y sustrajeron $1.300.000 en efectivo. Junto con las otras especies robadas, el atraco fue avaluado en $7.800.000.

De ser comprobado, este dato volvería a poner en debate el poder de fuego de las bandas de narcotraficantes y cómo pueden obtenerlas.

Una investigación de Ciper, analizó 38 casos de este tipo de robo de armas de Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando a 54 funcionarios implicados en el tráfico de los artefactos en la última década. Según los testimonios de los propios condenados ante la Corte Marcial de Santiago, las armas se vendían en el mercado negro normalmente a traficantes de drogas.

Tampoco la PDI ha estado exenta de esto, pues hace un año reportaban la «desaparición» de 56 armas de sus dependencias en sólo un año.

Por ende es urgente aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas y las policías no solamente para evitar se sigan cometiendo desfalcos y fraudes al fisco, así como protección a violadores de derechos humanos, sino también para frenar esta infiltración del crimen organizado que está aumentando el tráfico de armas y la alarmante cifra de de asesinatos.