Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, en apenas unas horas de discusión en el pleno, la cámara baja aprobó la «Ley Gatillo Fácil» o también llamada "Ley Naín-Retamal" para despacharla al Senado. Un proyecto que pretende que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento, una iniciativa criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y que fue impulsada en medio de la convulsión social producto de ciertos acontecimientos, utilizando perfectamente la «doctrina del shock».

Por Alejandro Baeza

«Doctrina del shock» es un concepto acuñado por la periodista canadiense Naomi Klein que propone que las políticas económicas neoliberales han sido impuestas a través de impactos en la psicología social en contextos desastres o conmoción pública, provocando que se puedan hacer reformas impopulares o contra la población.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento con la «Ley gatillo fácil» o «Ley Naín-Retamal», bautizada así por los apellidos de dos funcionarios policiales víctimas fatales de la delincuencia, producto de la fusión de dos iniciativas legislativas en la Comisión de Seguridad en la cámara baja.

La reforma agrava las penas para delitos establecidos en el Código de Justicia Militar, aplicado a personas civiles y sin estar en guerra, estableciendo diferencias y desigualdades ante la ley. Para el homicidio a un carabinero, establece la pena de presidio perpetuo calificado y aumenta las penas para cuando un funcionario asegure que fue agredido de alguna forma.

No obstante, lo más grave es que establece automáticamente la presunción de legítima defensa de los funcionarios de las policías cuando utilicen sus armas.

Ahora, será el Senado quien la despache para la firma presidencial, donde se espera que su trámite sea aún más sencillo.

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Por su parte, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, comentó durante la presentación del informe 2022 a nivel mundial que «Es impresentable la baja priorización que se ha dado a la reforma de Carabineros (…) Desde Amnistía Internacional incluso hemos estado dispuestos a colaborar en esta materia y hemos concurrido a la unidad consultiva de reforma a las policías que fue anunciada en agosto del año pasado, pero la verdad es que en este ámbito, en este primer año, no ha habido avances. Por eso preguntamos hoy día al Gobierno si realmente tiene la voluntad de hacer una reforma a las policías, o si definitivamente esta reforma quedará de lado».

Además, fue enfático en indicar que «es desconcertante que el Gobierno aún mantenga como general director de Carabineros a Ricardo Yáñez».

«No es un asunto personal en contra de él, sino que tiene que ver con que en primer lugar está siendo investigado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, y en segundo, con que prácticamente no ha colaborado con estas investigaciones, no compareciendo en cinco oportunidades», señaló.

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Asimismo, desde la ONG internacional abordaron el actual debate de proyectos que se discuten en el Congreso como la «Ley Nain-Retamal» o también llamada «Ley Gatillo Fácil», indicando que este tipo de iniciativas carecen de sentido.

«En los últimos 20 años no ha habido una sola medida que debilite a las policías. Todas las leyes le han otorgado mayores atribuciones, y ya han habido leyes que aumentan las penas respecto a los delitos que se cometen contra las policías. Por lo tanto, lo que se requiere hoy día, más que legislar a la rápida, para la galería, es tener una legislación seria, profunda, que aborde los problemas de seguridad que existen en el país», comentó Bustos.

En este sentido, además señaló que tampoco es necesario establecer una legitima defensa privilegiada, porque «eso ya se legisló y está en el Código de Justicia Militar desde el año 2005. Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es básicamente que la policía queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que use la fuerza, y eso claramente no existe en ninguna democracia ni en ningún estado de derecho».

«Lo que necesitan las policías para hacer mejor su trabajo son mejores normas que regulen el uso de la fuerza, contar con mejor equipamiento, una mejor formación (…) El fondo del problema tiene que abordarse con políticas integrales que probablemente no van a tener un impacto de una semana a otra, pero que sí a la larga van a implicar que todas las personas tengamos mayor seguridad, y que las policías puedan realizar sus funciones con respeto a los derechos humanos y con mayor eficiencia», concluyó.

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Es necesario que se establezca la racionalidad en el debate para hacerle frente al grave problema de la delincuencia, que está golpeando, principalmente, a la gente más afectada por el sistema político, social y económico en el país.

Este oportunismo político sólo demuestra que se está utilizando la conmoción pública para imponer agendas ideológicas y que la preocupación por el bienestar de la población no son más que discursos mediáticos que no buscan erradicar los graves problemas que sufre el país.