Por Flavio Araneda Hidalgo / resumen.cl

La crisis ambiental que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, alcanzó las 301 personas intoxicadas por una nube contaminante que se propagó el martes 21 de agosto. Alrededor de 150 personas fueron hospitalizadas, y solo dos aún se encuentran bajo observación, pero sin riesgo vital.

El Comité de Operaciones de Emergencia de la región de Valparaíso, decretó alerta amarilla para la zona por lo que las clases en colegios municipales y particulares se encuentran suspendidas a raíz de las dos emergencias vividas la semana pasada que han sido las más graves en casi 54 años de contaminación.

Cerca de 90 mil habitantes en las comunas de Puchuncaví y Quintero conviven en una llamada zona saturada por contaminación que tiene una superficie de 524 kilómetros cuadrados. Allí son cerca de 20 industrias que contribuyen diariamente al proceso de intoxicación de las y los pobladores. Frente a esto las personas se han organizado en agrupaciones que buscan que el número de muertos, a raíz de vivir en dichas comunas rodeadas de industrias contaminantes, se detenga.

Uno de los casos más emblemáticos es el denominado "hombres verdes" y corresponde a la investigación de la muerte de 28 ex trabajadores de Enami- Codelco, división Ventanas de Puchuncaví, quienes murieron a causa de diversas enfermedades producidas por la exposición a metales pesados y tóxicos en sus faenas de trabajo.

Luis Pino Irarrázaval es dirigente de los ex trabajadores de Enami-Codelco división Ventanas. Ingresó en 1967 a la empresa y lo desvincularon en 1988 por intoxicación por metales pesados. "Me dieron de baja no confirmando la intoxicación, entonces tengo una pensión del dos tercio por invalidez, ya que nunca reconocieron que tenía metales pesados en el cuerpo. La peor consecuencia es que durante el tiempo que trabajé en Enami, perdí la mayoría de mis piezas dentales por la contaminación con plomo" indicó el ex trabajador.

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Para el dirigente de los ex funcionarios Enami-Codelco división Ventanas, es intolerable la incompetencia de las autoridades estatales frente a la catástrofe que afecta la zona. "Ahora todos se lavan las manos, pero una empresa del Estado de Chile tiene que hacerse responsable de estos actos criminales y del genocidio en la provincia de Valparaíso. Por años se han muerto compañeros intoxicados, no superan los 55 años de edad y al morir el peso de su cuerpo alcanza un promedio de 40 kilos, a consecuencia directa de la contaminación"

En relación a la investigación en curso, Luis Pino, fue enfático en declarar que no hay voluntad del Estado de Chile, por mejorar la calidad de vida que tienen los trabajadores en la mal denominada zona de sacrificio ambiental. "En ocho años el fiscal no ha tomado una sola decisión al respecto, los adultos se mueren y los niños son lo más contaminados, aquí se busca proteger constantemente los intereses de las industrias y con los años yo veo que sigue empeorando".

El mismo dirigente afirma que desde 1965 a 1990 han muerto más de 180 trabajadores producto de la contaminación a la que se expusieron en las faenas de trabajo de Enami-Codelco división Ventanas. "El Estado de Chile se burla de nosotros, nos sentimos marginados, porque a pesar de todos los antecedentes durante décadas las autoridades no se han manifestado siquiera por construir un hospital en Quintero o Puchincaví.» Y dispara «esto es un genocidio aprobado por el Estado. Muchas personas en estado grave mueren cuando van de camino a tratarse al hospital en Viña del Mar y lamentablemente se ha transformado en una constante".

Existen informes del Servicio Médico Legal, que acreditarían la presencia de metales pesados como arsénico y mercurio en los restos óseos de cuatro cuerpos que fueron exhumados en 2013 en el caso "hombres verdes". Luis Pino declaró que falta la investigación de más trabajadores intoxicados. "Desde 2015 está pendiente la exhumación de otros ocho cuerpos de trabajadores que determinaría la relación entre las causas de muerte de los trabajadores y la presencia de estos metales en sus cuerpos. Han pasado tres años y no tenemos respuesta por parte del Fiscal Regional. y siguen matando a nuestra población".